La ciudad de Cuenca se ha convertido en el escenario de una reivindicación vecinal masiva que ha coincidido con la celebración oficial del Día de la Región. Más de mil personas, convocadas por 46 colectivos bajo el paraguas de plataformas como Pueblos Vivos y Stop Ganadería Industrial, han recorrido las calles del casco antiguo para expresar su rechazo frontal a lo que denominan un despliegue industrial desmedido. Los manifestantes, llegados de diversos puntos de la geografía castellanomanchega, denuncian que su territorio se está transformando en una zona de sacrificio para beneficio de grandes corporaciones energéticas y cárnicas.
La marcha, que transcurrió entre cánticos y pancartas desde el aparcamiento del Castillo hasta la Plaza Mayor, tuvo que sortear las limitaciones impuestas por las autoridades locales, que impidieron el acceso de la protesta a las inmediaciones del Auditorio José Luis Perales. A pesar de estas restricciones, el mensaje de los colectivos fue claro: el modelo de macrogranjas y macroplantas de biometano no fija población ni genera riqueza real en los pueblos, sino que más bien pone en jaque la supervivencia de la ganadería tradicional y la salud de los ecosistemas locales.
Una marea ciudadana frente al modelo industrial
El malestar de los vecinos radica principalmente en la escala de los proyectos que se están tramitando actualmente. Según los datos aportados por los portavoces de la protesta, existen proyectos de plantas de biogás en Castilla-La Mancha en marcha, instalaciones que gestionarían una media de 160.000 toneladas de residuos cada una. Los colectivos sostienen que este volumen de desechos, compuesto mayoritariamente por purines, provocará un efecto llamada para la creación de nuevas macrogranjas, retroalimentando un sistema que consideran insostenible para el medio rural a largo plazo.
Durante la lectura de los manifiestos frente a la catedral, se hizo especial hincapié en que este tipo de industria pesada introduce un impacto paisajístico y ambiental que neutraliza cualquier intento de potenciar el turismo de calidad o la hostelería. Los habitantes de comarcas como la Alcarria o la Mancha Alta conquense defienden que el verdadero desarrollo rural debe basarse en el aprovechamiento de recursos endógenos y no en convertir a los pequeños municipios en polos de tratamiento de residuos a gran escala.
El impacto en el agua y la amenaza de los nitratos
Uno de los puntos que más preocupa a los expertos y vecinos es la situación de los recursos hídricos en la región. Se recordó el polémico proyecto de San Clemente, donde se planea una explotación de casi un millón de gallinas que obtendría el agua de un acuífero ya declarado sobreexplotado. Esta situación se agrava con el problema de la contaminación por nitratos, que ya afecta a la potabilidad del agua en 28 municipios de Castilla-La Mancha, según los últimos informes técnicos del Ministerio de Sanidad.
El proceso de biometanización, aunque se venda como una solución ecológica, genera un residuo llamado digestato que contiene nitrógeno amoniacal, una sustancia más soluble y fácil de filtrar hacia las aguas subterráneas si no se controla rigurosamente. Los colectivos denuncian que la saturación de residuos en zonas ya vulnerables supone un riesgo de contaminación irreversible para las reservas de agua que abastecen a la población local, lo que ha encendido todas las alarmas sanitarias en la comarca.
Planes estratégicos y leyes bajo sospecha
La crítica de las plataformas se dirige también hacia el marco legislativo actual. Denuncian que el Plan Regional de Biometanización ha sido diseñado para satisfacer las demandas del sector gasista, sin imponer límites adecuados a las distancias de procedencia de los residuos o al tamaño de las plantas. Además, la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas es vista como una maniobra para facilitar la declaración de estos proyectos como prioritarios, permitiendo que se agilice su construcción a pesar del rechazo social generalizado.
En zonas como el entorno de Tarancón y Campos del Paraíso contra las plantas de biogás, la concentración industrial es ya tan elevada que se proyectan hasta siete instalaciones en un radio inferior a los 30 kilómetros. Para los vecinos, esto supone un desprecio a la ciudadanía y una apuesta por un modelo que solo entiende de rentabilidad económica inmediata, ignorando las más de 15.000 alegaciones y firmas que se han presentado para intentar frenar esta deriva industrial en el corazón de España.
La respuesta política ante el conflicto social
Ante el clamor de la calle, representantes del Gobierno regional han asegurado que antes de que termine el verano se aprobará una normativa que será la más restrictiva de todo el país. Según fuentes del ejecutivo, esta ley garantizará distancias mínimas para evitar olores y asegurará que las plantas cumplan con los más altos estándares de calidad de aire. Sin embargo, para los colectivos vecinales estas promesas son solo un parche que no soluciona el problema de fondo: la proliferación descontrolada de un modelo que no encaja con la realidad de los pueblos.
La movilización en Cuenca ha dejado claro que la coordinación entre plataformas es cada vez más fuerte y profesional. Los portavoces advirtieron que la red de resistencia podría alcanzar los cien pueblos movilizados antes de final de año, lanzando un aviso directo a los responsables políticos de cara a los próximos comicios. La sensación de que se está utilizando la etiqueta de transición ecológica para lavar la imagen de una industria pesada es un sentimiento compartido por gran parte de los asistentes a la marcha.
Este encuentro masivo en la capital conquense subraya la profunda fractura social que existe actualmente en el medio rural respecto a la gestión de residuos y la ganadería industrial. Los habitantes de estos municipios reclaman un cambio de rumbo que priorice la salud pública y el arraigo residencial estable por encima de megaproyectos que amenazan con transformar irremediablemente su entorno natural. La lucha por un agua limpia y un aire sin olores se mantiene como el eje central de un movimiento vecinal que no parece dispuesto a dar un paso atrás en sus exigencias.