El sector industrial espaƱol ha recibido por fin una noticia que se ha hecho de rogar durante mĆ”s de un lustro. El Consejo de Ministros ha dado el paso definitivo para aprobar el marco regulatorio que permitirĆ” poner en marcha las subastas de cogeneraciĆ³n, una tecnologĆa vital para la competitividad de fĆ”bricas que producen tanto calor como electricidad. Esta medida llega en un momento crĆtico, ya que la ausencia de un marco claro habĆa provocado que muchas plantas echaran el cierre tras agotar su vida Ćŗtil, dejando a la industria en una situaciĆ³n de vulnerabilidad energĆ©tica bastante preocupante.
La propuesta, elevada por el Ministerio para la TransiciĆ³n EcolĆ³gica y el Reto DemogrĆ”fico, contempla la adjudicaciĆ³n total de 1.200 megavatios de potencia. No se harĆ” todo de golpe, sino que el plan consiste en repartir esta capacidad en dos procesos competitivos de 600 MW cada uno, programados para 2026 y 2027. Con este movimiento, se busca no solo frenar el desmantelamiento de infraestructuras que ya funcionan, sino tambiĆ©n incentivar la construcciĆ³n de nuevas unidades que sean mucho mĆ”s eficientes y respetuosas con el medio ambiente, alineĆ”ndose con los objetivos europeos.
Un balĆ³n de oxĆgeno para la competitividad industrial
El desplome de la cogeneraciĆ³n en EspaƱa ha sido de Ć³rdago en los Ćŗltimos cinco aƱos. SegĆŗn los datos que manejan las principales asociaciones del sector, la capacidad instalada ha caĆdo a la mitad, pasando de aportar el 12% de la electricidad nacional a apenas un 6%. Este vacĆo legal ha obligado a detener la actividad en unas 320 plantas, lo que supone una pĆ©rdida de unos 2.000 MW de potencia. Por eso, estas nuevas subastas se ven como una tabla de salvaciĆ³n para sectores tan potentes como el azulejero en CastellĆ³n o la industria quĆmica, que necesitan este respaldo para no perder el tren de la competitividad frente a otros paĆses europeos.
Las inversiones que se esperan movilizar con estas convocatorias rondan los 2.000 millones de euros. Los beneficiarios podrĆ”n disfrutar de una rentabilidad razonable que se ha fijado en el 7,09% para el periodo regulatorio que abarca hasta 2031. No es moco de pavo, ya que este esquema ofrece la seguridad jurĆdica necesaria para que las empresas se atrevan a desembolsar el capital necesario para renovar sus calderas y equipos de generaciĆ³n, garantizando que el coste de la energĆa no las deje fuera de juego en los mercados internacionales.
En cuanto a los plazos de explotaciĆ³n que se han establecido, hay diferencias importantes segĆŗn el combustible que se utilice. Las instalaciones que opten por el gas natural contarĆ”n con una vida Ćŗtil regulada de 12 aƱos, mientras que aquellas que se decanten por la biomasa en EspaƱa podrĆ”n estirar ese periodo hasta los 20 aƱos. Esta distinciĆ³n busca favorecer la transiciĆ³n hacia fuentes renovables, premiando la estabilidad de las tecnologĆas que emiten menos carbono a la atmĆ³sfera y que ayudan a limpiar la gestiĆ³n de residuos industriales.
Exigencias verdes y requisitos tecnolĆ³gicos
No todo va a ser recibir ayudas; el Gobierno ha puesto sobre la mesa condiciones bastante estrictas en materia de sostenibilidad. Por primera vez, las plantas de gas que participen en las subastas deberĆ”n estar preparadas para mezclar al menos un 10% de hidrĆ³geno renovable en su consumo habitual, apoyĆ”ndose en el desarrollo de una planta de hidrĆ³geno verde. AdemĆ”s, se han fijado unos lĆmites de emisiones muy claros, concretamente de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora, para asegurar que la modernizaciĆ³n del parque industrial no suponga un paso atrĆ”s en la lucha contra el cambio climĆ”tico.
El diseƱo de las subastas se basarĆ” en un sistema de sobre cerrado con mecanismo marginal descendente. Esto significa que las empresas tendrĆ”n que pelear por los megavatios ofreciendo descuentos sobre el valor estĆ”ndar de la inversiĆ³n. Para que no haya concentraciones extraƱas ni monopolios, se ha establecido que ninguna compaƱĆa podrĆ” adjudicarse mĆ”s de la mitad de la potencia subastada en cada tanda. De la organizaciĆ³n de todo este tinglado se encargarĆ” el Operador del Mercado IbĆ©rico de la Electricidad (OMIE), siempre bajo la atenta mirada de la CNMC.
Otro punto interesante es la apertura del catĆ”logo de inversiones. Ahora se podrĆ”n incluir sistemas de almacenamiento tĆ©rmico y elĆ©ctrico, bombas de calor e incluso soluciones de digitalizaciĆ³n para que las plantas sean mĆ”s inteligentes. Se estima que la puesta en marcha de estos 1.200 MW conseguirĆ” evitar la emisiĆ³n de 8,4 millones de toneladas de diĆ³xido de carbono a lo largo de su vida operativa, impulsando los avances en la captura de CO2, lo que supone un respiro tremendo para las cuentas ambientales del paĆs mientras se mantiene a flote el motor econĆ³mico de las fĆ”bricas.
La puesta en marcha de este nuevo marco regulatorio supone el fin de una etapa de incertidumbre que ha castigado duramente al tejido fabril nacional. Al facilitar la renovaciĆ³n de equipos clave y fomentar el uso de gases renovables y biomasa, el sistema elĆ©ctrico ganarĆ” en flexibilidad y la industria podrĆ” mirar al futuro con algo mĆ”s de optimismo. Aunque el sobrecoste para el sistema se estima entre 414 y 582 millones de euros anuales, el beneficio en tĆ©rminos de eficiencia energĆ©tica y ahorro de emisiones compensarĆ” con creces el esfuerzo econĆ³mico realizado por la administraciĆ³n pĆŗblica.
