Este lunes, 31 de agosto, se pone fin al periodo de ejecución de los fondos europeos Next Generation EU, el programa de recuperación más ambicioso de la historia de la Unión Europea. España, que ha sido uno de los principales beneficiarios, cierra esta etapa con un balance desigual: ha recibido 78.000 millones de euros, pero aún tiene pendiente el último desembolso y un buen número de hitos por acreditar. El Gobierno confía en que todo se resuelva antes de que termine septiembre, pero las críticas de la oposición y de algunos analistas no han dejado de crecer.
Según los datos oficiales, España ha cumplido 338 hitos y objetivos de los 486 comprometidos, lo que le ha permitido percibir el 76,5% de los 102.000 millones asignados. Sin embargo, quedan 148 hitos por evaluar, que son clave para desbloquear el séptimo y último pago: 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos. El Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para solicitarlo formalmente, y ya ha anunciado que presentará una adenda técnica para reformular tres hitos del sexto desembolso.
Un balance agridulce
El impacto de los fondos en la economía española ha sido notable, pero no exento de matices. Según Funcas, el plan ha aportado entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB entre 2021 y 2025, y ha acelerado la transición energética mediante fondos europeos. Sin embargo, la inversión empresarial no ha reaccionado como se esperaba: mientras la inversión pública creció un 51,1% desde 2019, la privada sigue un 3,3% por debajo de los niveles prepandemia. La CEOE ha señalado que esto cuestiona la eficacia tractora del plan y ha advertido de una brecha de 27.000 millones entre los fondos convocados y los adjudicados al tejido productivo.
El Gobierno, por su parte, defiende que dos de cada tres euros se han destinado a transición verde y digital, y que 1,5 millones de beneficiarios, en su mayoría pymes, han recibido ayudas. Entre los logros destacan el Kit Digital, con más de 921.000 pymes beneficiadas, y la creación de 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional. No obstante, los expertos coinciden en que la mejora de la productividad, uno de los grandes objetivos, ha sido limitada y que los efectos reales se verán a largo plazo.
Críticas y modificaciones
La oposición no ha tardado en cargar contra la gestión del Ejecutivo. El PP, a través de su portavoz Borja Sémper, ha asegurado que los fondos eran una “palanca de transformación” que el Gobierno “no ha sido capaz de aprovechar”. En el Congreso, el diputado Francisco Conde ha denunciado que España ha renunciado a más de 61.000 millones de euros, el 38% de los fondos, y que el plan ha sido reescrito nueve veces. También ha criticado que se hayan modificado 320 medidas solo en 2026, lo que a su juicio evidencia una improvisación constante.
Estas críticas se basan en hechos contrastados: la Comisión Europea ha tenido que flexibilizar los compromisos en varias ocasiones, y España ha sufrido retenciones temporales de casi 1.500 millones en los últimos pagos. Además, el Gobierno ha tenido que recortar la ambición de proyectos como la rehabilitación energética y obras de viviendas eficientes o la modernización de aviones Canadair, sustituyéndolos por otros menos ambiciosos. A pesar de todo, el Ministerio de Economía insiste en que se ejecutarán todos los recursos y que el plan ha sido un éxito.
El relevo: España Crece
Con el fin de los fondos europeos, el Gobierno ha puesto en marcha el fondo soberano España Crece, que tomará el relevo con el objetivo de movilizar hasta 120.000 millones de euros en sectores como vivienda, energía, digitalización o reindustrialización. Este fondo, gestionado por el ICO, contará con una base de 10.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y buscará atraer inversión privada. La intención es dar continuidad al esfuerzo inversor, aunque los analistas dudan de que pueda replicar el impacto de los Next Generation.
Mientras tanto, los funcionarios interinos que fueron contratados para gestionar los fondos han comenzado a recibir avisos de cese, ya que su contrato expira con el fin del plazo de ejecución. Los sindicatos calculan que alrededor de un millar de trabajadores se verán afectados, aunque la Administración rebaja la cifra a 300. Esta situación ha generado malestar y ha puesto de manifiesto las dificultades de una gestión que, en muchos casos, se ha hecho contrarreloj.
En definitiva, el cierre de los fondos europeos deja un panorama mixto: por un lado, España ha logrado recibir una inyección millonaria que ha sostenido la recuperación; por otro, las dudas sobre la transformación real de la economía y las críticas por la gestión siguen presentes. El tiempo dirá si el plan ha sido un éxito o una oportunidad perdida, pero lo que es seguro es que el país ya no podrá contar con ese colchón financiero.
