La creciente expansión de la fauna silvestre en diversas regiones de España está generando una preocupación sin precedentes en el sector agrario y ganadero, que advierte sobre los impactos económicos, ambientales y sanitarios provocados por esta situación. En los últimos meses, organizaciones de agricultores y ganaderos, especialmente en comunidades como Aragón y la Comunitat Valenciana, han dado la voz de alarma ante la proliferación de especies como jabalíes, corzos, ciervos y conejos, que ocasionan cuantiosas pérdidas en cultivos y representan un riesgo real para la salud animal y humana.
La problemática se ha agravado a raíz de la reciente aparición de un brote de peste porcina africana (PPA) en una zona de Alemania que hasta ahora se mantenía libre de esta enfermedad. Este hecho ha puesto en alerta a los productores de porcino en Aragón, donde el sector constituye un pilar fundamental de la economía rural y exportadora. La posible transmisión de enfermedades desde la fauna silvestre a la cabaña ganadera pone en jaque la sostenibilidad y la viabilidad del sector, que representa en la comunidad aragonesa cerca del 3,5% del PIB y supone el 60% de la producción ganadera.
Daños económicos y riesgos sanitarios en el campo
En la Comunitat Valenciana, los agricultores han cifrado en 40 millones de euros las pérdidas que atribuyen a los daños causados por la fauna silvestre solo este año, según datos de AVA-Asaja. Se trata principalmente de perjuicios provocados por la sobrepoblación de jabalíes, conejos y otros ungulados que invaden los cultivos, dañan infraestructuras y suponen, además, un peligro añadido en las carreteras rurales. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que se producen hasta cuatro accidentes diarios relacionados con fauna salvaje en esta región, algunos incluso con consecuencias mortales.
La expansión descontrolada de estas especies tiene también una vertiente sanitaria. Las organizaciones agrarias recuerdan que la fauna silvestre actúa como reservorio y vector de patologías animales, entre las que destaca la peste porcina, la sarna, la tuberculosis o la lengua azul. El aumento de enfermedades zoonóticas no solo amenaza la ganadería, sino que también representa un riesgo directo para la salud pública.
Respuestas administrativas y control cinegético
Para hacer frente a esta situación, distintos ayuntamientos y gobiernos autonómicos han aprobado subvenciones y ayudas dirigidas al control poblacional de las especies más conflictivas. En la Comunitat Valenciana, las ayudas incluyen la adquisición de materiales como jaulas trampa y la contratación de servicios de recogida de animales, así como la implicación de las sociedades de cazadores en la gestión cinegética. Las recientes modificaciones en la normativa han ampliado el período hábil para la caza y endurecido los requisitos para concentrar esfuerzos en municipios declarados en estado de sobrepoblación.
En Aragón, la presión de los ganaderos ha llevado a organizaciones como Asaja Aragón a exigir políticas nacionales y acuerdos entre comunidades para luchar contra la amenaza que representa la fauna silvestre. Destacan la necesidad de aplicar fórmulas que ya han demostrado ser eficaces en otros territorios, tanto en el control cinegético como en políticas de prevención de brotes sanitarios y de apoyo a la economía rural.
Por su parte, los representantes de los agricultores recuerdan que si no se toman medidas urgentes, los daños no solo recaerán sobre los profesionales del sector, sino que terminarán afectando al conjunto de la sociedad. Esto puede derivar en el encarecimiento de productos, mayores riesgos en la seguridad vial y la pérdida de biodiversidad y salud pública.
La colaboración entre administraciones, agricultores, cazadores y ganaderos es vista como fundamental para avanzar hacia una gestión más equilibrada de la fauna. Con atención a los recientes episodios de peste porcina y los crecientes accidentes de tráfico, las autoridades y el sector rural buscan acelerar la implementación de soluciones estructurales y consensuadas.
La sobreabundancia de fauna silvestre en España ha pasado de ser una cuestión sectorial a convertirse en un asunto público de primer orden, donde confluyen intereses económicos, sanitarios y medioambientales. El reto actual consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad y la reducción de riesgos y daños, asegurando el desarrollo del medio rural y la salud de animales y personas.
