La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos la Ley de Energía Geotérmica, un marco compuesto por 83 artículos que ordena la prospección, exploración y explotación del calor del subsuelo. La normativa habilita concesiones por hasta 30 años, otorga beneficios fiscales por una década y prevé la expropiación de terrenos cuando no sea posible adquirirlos por la vía directa.
El texto asigna a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) la supervisión integral y la gestión de permisos y las políticas e inversiones. Desde la oposición se cuestionó la contratación directa sin licitación en supuestos concretos y la falta de debate amplio con comunidades y académicos, mientras el oficialismo defiende que la ley busca diversificar la matriz y asegurar precios más estables.
Qué establece la norma
La ley exceptúa de estos requisitos a la CEL y a sociedades donde el Estado tenga mayoría, de forma directa o indirecta. Según la empresa pública, el objetivo es complementar la capacidad estatal, dado que el país necesita acelerar proyectos y el Estado «no da abasto» para cubrir toda la demanda futura, sin alterar los planes vigentes de LaGeo.
Permisos, etapas y plazos
Los interesados en analizar áreas deberán pedir un permiso de prospección ante la DGEHM, para entender cómo funciona la energía geotérmica, adjuntando información legal y un plan de actividades; la autoridad resolverá en 10 días hábiles. Para la exploración, se exigirá documentación técnica, financiera y ambiental, y un programa de perforaciones; el plazo máximo de respuesta será de 45 días hábiles.
La DGEHM podrá autorizar exploraciones de hasta 50 km² por un periodo de 36 meses. En El Salvador, los reservorios suelen encontrarse a entre 800 y 3.000 metros de profundidad, de manera que los proyectos demandan equipos, seguros operativos y protocolos de seguridad específicos.
La concesión de explotación otorgará un derecho real exclusivo sobre el recurso en el subsuelo por un plazo de hasta 30 años y regulará los usos de la energía geotérmica. Las empresas extranjeras estarán obligadas a constituirse legalmente en El Salvador y a cumplir cronogramas de inversión, así como a obtener permisos ambientales e hídricos, entre otras obligaciones.
Durante toda la vida del proyecto, los titulares deberán colaborar con inspecciones, presentar informes técnicos y financieros y, al finalizar la concesión, retirar las instalaciones empleadas, evitando pasivos ambientales y dejando el terreno en condiciones adecuadas.
Incentivos fiscales y condiciones
La norma incorpora deducciones por reinyección geotérmica y por preinversión en infraestructura eléctrica. Estos beneficios serán exclusivos para proyectos nuevos que incrementen la capacidad instalada y no se podrán acumular con otros regímenes fiscales similares.
Sanciones y supervisión
El régimen sancionatorio clasifica infracciones graves y muy graves, con multas que van de 5.000 a 10.000 salarios mínimos del sector industria. Operar sin concesión, modificar instalaciones sin autorización o negar información técnica se considera de la máxima gravedad.
La DGEHM fiscalizará desde la construcción hasta el cierre de los proyectos y remitirá un informe anual a la Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento de las concesiones. Además, los titulares deberán contar con un Protocolo de Sostenibilidad que asegure el equilibrio del reservorio durante un horizonte de 50 años.
Expropiaciones y tenencia de la tierra
Los bienes necesarios para la explotación podrán ser declarados de utilidad pública, habilitando la expropiación conforme a la ley cuando no exista acuerdo de compra directa. La concesión confiere un derecho real sobre el subsuelo, independiente de la propiedad superficial, por lo que el concesionario necesitará autorización del dueño si no es el titular de la superficie.
La oposición ha expresado reservas sobre la contratación directa y los alcances de la declaratoria de interés nacional por la DGEHM, al considerar que podría mermar la competencia y transparencia. El oficialismo sostiene que la combinación de licitaciones y adjudicación directa en supuestos tasados evitará retrasos y favorecerá la seguridad energética.
Contexto energético y proyectos en curso
El país estima un potencial geotérmico cercano a 600 MW de capacidad, de los cuales alrededor de 500 MW podrían atraer inversión privada según las autoridades. LaGeo, subsidiaria de CEL, cuenta con 204,4 MW instalados entre Ahuachapán y Berlín, y la geotermia ya aporta una fracción relevante de la electricidad nacional. Conozca algunas ventajas e inconvenientes asociadas a su desarrollo.
En los últimos años se han adjudicado iniciativas como las plantas de Chinameca (20 MW) y San Vicente (10 MW) bajo la modalidad construye, opera y transfiere, con retorno al Estado tras 20 años. El Gobierno defiende que la nueva ley permitirá precios más estables, más empleo y una expansión más rápida del sistema, sin sustituir los proyectos públicos en curso.
Entrada en vigor
La Ley de Energía Geotérmica entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial. En ese lapso, la DGEHM deberá ajustar normativa y procedimientos, mientras las empresas interesadas prepararán permisos y estudios para cumplir los nuevos estándares.
Con un esquema que combina inversión privada y gestión pública, reglas claras para permisos y concesiones, incentivos focalizados y controles reforzados, el país sienta las bases para acelerar la geotermia, procurando seguridad de suministro y sostenibilidad ambiental en un sector considerado estratégico.
