La futura Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha empieza a tomar forma tras años de trabajo técnico, consultas previas y coordinación interna dentro de la Administración regional, al igual que la Ley del clima de Galicia. El Ejecutivo autonómico ha activado ya una nueva etapa participativa con la que aspira a cerrar un texto sólido, coherente y con respaldo social amplio.
Con este impulso, el Gobierno castellano-manchego quiere dotarse por primera vez de un marco legal propio en materia climática, capaz de responder a los riesgos específicos de la región -como la desertificación y los fenómenos extremos- y, al mismo tiempo, encajar en la estrategia climática de España y de la Unión Europea.
Una ley climática estratégica para Castilla-La Mancha
La Consejería de Desarrollo Sostenible ha reunido en Toledo al grupo de trabajo que pilotará el impulso definitivo de la norma, en una sesión presidida por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro. Este encuentro se inscribe en la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para levantar el primer gran marco regulador regional sobre cambio climático.
Haro ha subrayado que no se parte de cero: durante los últimos años la Junta ha ido construyendo los cimientos técnicos y políticos de la ley, considerada un proyecto estratégico tanto para el Gobierno regional como para el futuro del territorio. La voluntad es que el texto nazca con vocación de permanencia y capacidad real de transformación.
Desde el Gobierno se insiste en que esta norma no será un simple listado de buenas intenciones, sino una herramienta jurídica clave para planificar el futuro climático de Castilla-La Mancha con seguridad, ambición y criterios de justicia social y territorial.
Años de trabajo previo y un borrador ya sobre la mesa
Antes de esta nueva fase participativa se ha desarrollado un recorrido intenso. La Administración regional completó la consulta pública previa en 2024, en la que ciudadanía, entidades y sectores organizados pudieron enviar opiniones, propuestas y observaciones sobre el alcance de la futura ley.
En paralelo, a lo largo de 2025 se celebraron dos talleres técnicos internos con diferentes servicios de la Junta de Comunidades, con el objetivo de identificar prioridades, necesidades y metas en ámbitos como la energía, el agua, los usos del suelo o la protección de sectores vulnerables.
Fruto de ese trabajo se ha elaborado un primer borrador de estructura de la ley, acompañado por un análisis del marco normativo estatal y autonómico y por un informe de propuestas que sirve de guía para el contenido definitivo. El documento de partida se encuentra alineado con los compromisos climáticos nacionales e internacionales asumidos por España, así como con los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea.
Según ha explicado la directora general, este borrador es ya un texto razonado, consistente y técnicamente robusto, que servirá como base para incorporar ahora las aportaciones de quienes deberán aplicarlo y de quienes se ven más afectados por el cambio climático en el día a día.
Nueva fase participativa: escuchar a quienes aplicarán la ley
La reunión en Toledo marca el arranque de una fase en la que el Gobierno regional se propone recoger aportaciones de agentes internos y externos, desde otras administraciones hasta organizaciones sectoriales, colectivos sociales, empresas y expertos.
El propósito de esta etapa es garantizar que la futura norma sea útil, viable y realmente aplicable sobre el terreno. Para ello se quiere escuchar especialmente a quienes van a gestionar las medidas contempladas en la ley y a los sectores que ya conviven con los impactos del cambio climático, como la agricultura, la gestión del agua o la protección civil frente a fenómenos extremos.
Tras los distintos talleres y espacios de trabajo, las propuestas recogidas serán analizadas una a una, de manera que solo se integren en el documento aquellas que mejoren la calidad técnica y la coherencia de la ley o aporten una visión específica no contemplada hasta ahora.
El Ejecutivo autonómico insiste en que el enfoque será participativo, transparente y ordenado, con metodologías que permitan llegar a consensos amplios, pero manteniendo el nivel de ambición exigido por la emergencia climática y los compromisos europeos.
Del borrador al anteproyecto: los próximos pasos legales
Una vez revisadas las contribuciones y actualizada la estructura de la futura norma, la Junta redactará el anteproyecto definitivo de Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, que deberá superar varias fases formales antes de su aprobación.
En primer lugar, el texto se someterá a una batería de informes técnicos, jurídicos y sectoriales, que evaluarán la coherencia interna de la ley, su encaje con otras normativas vigentes y sus efectos sobre distintos ámbitos económicos y sociales de la región.
Posteriormente, la norma pasará a exposición pública, permitiendo que cualquier persona u organización pueda presentar alegaciones por escrito. Este paso persigue reforzar la legitimidad social del texto y detectar posibles mejoras antes de elevarlo a instancias superiores.
El recorrido administrativo concluirá con el dictamen del Consejo Consultivo, órgano que valorará la adecuación jurídica de la ley. Superadas estas etapas, el texto podrá seguir su tramitación parlamentaria hasta convertirse, finalmente, en la primera ley autonómica de cambio climático de Castilla-La Mancha.
Objetivos clave: descarbonización y adaptación climática
Entre los ejes centrales de la futura ley figura la descarbonización progresiva de la economía regional, es decir, la reducción paulatina de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta avanzar hacia un modelo de bajas emisiones compatible con los objetivos climáticos europeos.
El texto pretende impulsar el despliegue de energías renovables, eficiencia energética en edificios, industria y transporte, así como la innovación en tecnologías limpias. Todo ello se concibe no solo como una obligación ambiental, sino como una oportunidad para modernizar el tejido productivo.
Otro bloque fundamental es la adaptación al cambio climático, con medidas diseñadas para proteger la salud pública, el territorio, los ecosistemas y los principales sectores productivos. En una región con importantes zonas rurales y agrícolas, reforzar la resiliencia frente a sequías, olas de calor o lluvias torrenciales resulta especialmente crítico.
La norma también prevé integrar de manera transversal la perspectiva climática en todas las políticas sectoriales, de forma que la planificación en transporte, ordenación del territorio, vivienda, industria o agricultura tenga en cuenta tanto la reducción de emisiones como la adaptación a los nuevos escenarios climáticos.
Castilla-La Mancha, una de las regiones más expuestas
Los responsables regionales recuerdan que, según diversos estudios, Castilla-La Mancha se encuentra entre las zonas de España con mayor riesgo de desertificación y de aumento de fenómenos extremos como olas de calor prolongadas, sequías severas o episodios de lluvias intensas concentradas en poco tiempo.
La combinación de aumento de temperaturas, cambios en los patrones de precipitación y presión sobre los recursos hídricos configura un escenario de vulnerabilidad climática que condiciona tanto a los ecosistemas naturales como a la economía y al bienestar social.
Sectores como la agricultura, la ganadería, la gestión del agua o los bosques están particularmente expuestos. En este contexto, disponer de una ley específica se interpreta como una pieza imprescindible para anticiparse a los impactos, planificar respuestas y minimizar daños futuros.
Para el Ejecutivo autonómico, seguir sin una norma con rango legal supondría renunciar a un instrumento esencial de planificación y coordinación de la acción climática, y dejaría a la región en peor posición para afrontar los escenarios previstos para las próximas décadas.
Protección de sectores y colectivos más vulnerables
La futura Ley de Cambio Climático quiere prestar una atención particular a los sectores económicos y colectivos sociales más vulnerables a los efectos del calentamiento global, desde el mundo rural hasta las personas con menos recursos, pasando por quienes viven en zonas especialmente expuestas.
La idea es que la transición hacia una economía baja en carbono se lleve a cabo sin dejar a nadie atrás, combinando medidas de mitigación y adaptación con instrumentos de apoyo, acompañamiento y formación para los sectores que necesitan cambios más profundos.
En este marco se plantea reforzar el papel de las superficies forestales como sumideros de carbono, promoviendo la conservación, restauración y gestión sostenible de montes y masas arboladas, que no solo capturan CO₂, sino que contribuyen a frenar la erosión, proteger el suelo y conservar la biodiversidad.
La norma aspira también a fomentar la gestión sostenible del agua y del territorio, clave para hacer frente a la desertificación y a los episodios de escasez hídrica, asegurando que las decisiones de planificación incorporen criterios climáticos desde el inicio.
Una oportunidad económica: empleo verde y competitividad
Más allá de su dimensión ambiental, el Gobierno regional plantea la ley como una oportunidad para transformar el modelo productivo de Castilla-La Mancha, impulsando actividades ligadas a la transición ecológica y a la innovación tecnológica.
La apuesta por la transición energética y las energías renovables, la eficiencia en el uso del agua, la rehabilitación energética de edificios o el fomento de una agricultura más sostenible se ve como un motor potencial de creación de empleo, atracción de inversión y mejora de la competitividad regional.
Según ha remarcado la directora general, estas actuaciones no deben interpretarse solo como obligaciones derivadas de la normativa europea, sino como palancas de bienestar y desarrollo a medio y largo plazo, capaces de generar nuevas oportunidades económicas en todo el territorio.
La futura ley tratará de equilibrar de forma explícita sostenibilidad y actividad productiva, con el objetivo de que la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático vayan de la mano del mantenimiento y refuerzo del tejido económico regional.
El proceso actualmente en marcha para la Ley de Cambio Climático en Castilla-La Mancha refleja la voluntad de la región de dotarse por fin de un marco legal propio, ambicioso y participado frente a uno de los mayores retos ambientales de España y de Europa. Con un borrador técnico avanzado, una nueva fase de participación abierta y un itinerario jurídico definido, el Ejecutivo autonómico busca combinar acción climática, transformación económica y protección de los más vulnerables en una norma que marcará la política ambiental castellano-manchega en los próximos años.
