El municipio murciano de Las Torres de Cotillas ha frenado en seco la instalación de una macroplanta de biometano y biofertilizantes a las afueras de su núcleo urbano. Lo ha hecho por la vía directa: una consulta popular de carácter vinculante en la que la inmensa mayoría de los votantes se ha posicionado contra el proyecto.
En una jornada marcada por la lluvia, las colas en los colegios electorales y un ambiente de movilización poco habitual en unas votaciones municipales, el vecindario ha dejado claro que no quiere este proyecto industrial en su término municipal. La decisión, pionera en la Región de Murcia y poco frecuente en España, abre un debate más amplio sobre cómo se deciden las infraestructuras energéticas que afectan al entorno inmediato de la ciudadanía.
Un rechazo casi unánime a la planta de biometano
Según los datos oficiales remitidos por el Ayuntamiento, acudieron a las urnas 7.255 personas, lo que supone una participación del 37,38% del censo, ligeramente por encima del umbral del 35% fijado como condición para que la consulta fuera vinculante. La cifra, aunque lejos de una participación masiva, ha sido suficiente para dotar de efectos prácticos a lo que las papeletas reflejaron con rotundidad.
En total, 6.996 votos se decantaron por el «no» a la planta de biogás, frente a solo 238 papeletas favorables al proyecto. Además, se registraron 10 votos en blanco y 11 sufragios nulos, lo que deja un resultado político y social muy claro: alrededor del 96-97% de los votantes rechazó la instalación, mientras que apenas un pequeño porcentaje apostó por el «sí».
Los datos fueron confirmados por el Consistorio torreño y validados por una comisión de seguimiento de la Universidad de Murcia (UMU), encargada de supervisar las garantías del proceso. En la calle, la lectura fue inmediata: a última hora de la tarde, decenas de vecinos se concentraron espontáneamente para celebrar lo que definieron como «una victoria del pueblo» entre aplausos, cánticos y consignas contra la macroplanta.
El portavoz socialista en el municipio, Francisco Jesús López Manzanera, resumió la magnitud del resultado subrayando que «en torno al 97% de los votos son noes». Desde su punto de vista y el de su formación, el mensaje enviado al Ayuntamiento y a la empresa promotora es «bastante claro y directo», y obliga a cerrar la puerta a este tipo de instalaciones en el término municipal, al menos en los términos en que se había planteado el proyecto actual.
El alcalde, Pedro José Noguera (PP), también dio por zanjada la cuestión, insistiendo en que el resultado será respetado porque la consulta se planteó precisamente para que el pueblo decidiera. Recordó que el proyecto se heredó de la anterior legislatura y recalcó que su compromiso «firme y leal» pasaba por asumir el resultado, fuera cual fuese, siempre que se alcanzara el mínimo de participación previsto.
Una consulta municipal inédita y cargada de simbolismo
La votación celebrada en Las Torres de Cotillas no ha sido un mero sondeo consultivo. Es la primera consulta popular de ámbito municipal autorizada por el Gobierno de España en la Región de Murcia y una de las pocas realizadas en todo el país sobre un proyecto industrial concreto, con efectos vinculantes.
El procedimiento arrancó formalmente el 30 de enero de 2025, cuando el pleno municipal aprobó pedir al Gobierno central autorización para someter el proyecto a votación ciudadana. Esa autorización llegó el 3 de junio de 2025, tras el visto bueno del Consejo de Ministros y la comprobación de que el planteamiento cumplía con el marco constitucional y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reserva al Estado la competencia para este tipo de consultas.
A partir de ahí, el Ayuntamiento fijó un diseño de consulta con una única pregunta, de respuesta «sí» o «no», sobre la instalación de la planta de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en el municipio. La UMU colaboró en la definición del umbral mínimo de participación, que se estableció en el 35% del censo, además de participar como observadora en la jornada electoral y en el escrutinio.
Durante las semanas previas, el alcalde insistió en que el proceso era «más transparente que unas elecciones municipales o nacionales», defendiendo la presencia de funcionarios en todas las mesas, la posibilidad de voto anticipado y la presencia de observadores externos para reforzar la confianza en el resultado. Aseguró incluso haber solicitado la grabación de los recuentos para evitar sospechas.
En paralelo, la UMU organizó actos informativos con expertos en medio ambiente, planificación territorial y energía, donde participaron tanto representantes de la empresa promotora como miembros de la plataforma vecinal contraria a la planta y otros agentes independientes. El objetivo declarado era ofrecer una panorámica técnica antes de que la ciudadanía acudiera a votar, intentando reducir la polarización política que rodeaba el asunto.
Un proyecto millonario de Enagás Renovable
La instalación rechazada por la población tenía como promotora a Enagás Renovable, filial de la multinacional española Enagás especializada en gases renovables. El plan consistía en construir una planta capaz de tratar en torno a 150.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, fundamentalmente estiércoles y subproductos ganaderos procedentes de explotaciones ubicadas en el entorno del municipio.
La inversión prevista superaba los 36 millones de euros, con la intención de producir biometano para inyectar en la red gasista y biofertilizantes resultantes del proceso de digestión anaerobia. Se trataba, en esencia, de un proyecto alineado con las estrategias europeas de descarbonización y economía circular, que promueven el aprovechamiento energético de residuos agroganaderos y urbanos como alternativa a los combustibles fósiles.
Sin embargo, la ubicación elegida —a unos cinco kilómetros del casco urbano— y la escala del proyecto despertaron inquietud desde el primer momento. Colectivos ciudadanos y parte de la oposición municipal alertaron del impacto potencial sobre la calidad del aire, el tráfico pesado asociado al continuo movimiento de camiones y las posibles repercusiones en la salud de la población cercana.
La promotora defendió que la planta contaba con tecnologías de tratamiento y control de emisiones equiparables a las de otras instalaciones europeas y que contribuiría a reducir gases de efecto invernadero, al aprovechar residuos que de otro modo generarían metano de forma descontrolada. Pese a esos argumentos, el clima social evolucionó hacia un rechazo casi monolítico, como finalmente han corroborado las urnas.
Más allá de Las Torres de Cotillas, la derrota del proyecto se interpreta ya en clave regional y europea: las macroplantas de biogás y biometano se presentan como pieza de la transición energética, pero se enfrentan a crecientes resistencias locales cuando se perciben riesgos para la calidad de vida o una carga desproporcionada sobre determinados territorios; ejemplos recientes incluyen el archivo del proyecto en Cantabria.
Stop Biogás y la movilización vecinal: un año de pulso con el Ayuntamiento
El resultado de la consulta no puede entenderse sin el papel de la plataforma ciudadana Stop Biogás Las Torres de Cotillas, que ha sido el motor de la oposición social al proyecto desde que se conocieron los primeros detalles de la planta. Sus integrantes han protagonizado concentraciones, charlas informativas, recogidas de firmas y una intensa campaña de boca a boca en barrios y pedanías; procesos similares se han visto en otros municipios, como la movilización en Lorca.
Su presidente, José Hernández Pedrero, se ha convertido en una de las voces más reconocibles del movimiento. Desde hace meses venía alertando de que, en su opinión, la capacidad real de la planta sería muy superior a las cifras finales ofrecidas, apuntando a diferentes versiones sobre las toneladas de residuos a tratar que, según asegura, llegaron a estar muy por encima de las 150.000 toneladas actualmente reconocidas.
Hernández comparaba la situación con «construir un hotel de diez plantas y prometer que solo se utilizará la primera«, un símil con el que pretendía ilustrar la desconfianza del vecindario sobre una posible ampliación futura del volumen de residuos gestionados. La plataforma puso también el foco en el aumento del tráfico pesado, calculando hasta 80 camiones diarios de entrada y otros tantos de salida, muchos de ellos cargados con residuos animales; esa preocupación enlaza con debates sobre la gestión integral de residuos.
Otro de los argumentos clave ha sido el sanitario. Según la plataforma, expertos en salud y medio ambiente que participaron en charlas públicas advirtieron de posibles efectos de determinadas emisiones en personas con patologías respiratorias previas, así como de riesgos vinculados a fugas en procesos anaerobios, aunque estos escenarios más graves se consideran poco probables con un diseño y gestión adecuados; cuestiones semejantes fueron planteadas en otros procesos regionales.
Además, Stop Biogás alertó sobre el impacto en el desarrollo del polígono industrial. A su juicio, la ubicación propuesta podría dificultar la implantación futura de empresas de alimentación en un radio cercano y convertirse en un freno para otras actividades productivas, en un término municipal de apenas 39 km² donde el margen para compatibilizar usos industriales y residenciales es limitado.
Incidencias en el censo, acusaciones de trabas y réplicas políticas
Pese a la satisfacción general por haber superado el 35% de participación, tanto la plataforma como parte de la oposición han denunciado distintas irregularidades organizativas y problemas con el censo que, a su juicio, dificultaron la movilización del «no» y restaron varios cientos de votos potenciales.
Entre las quejas más repetidas se encuentran la reducción del número de mesas electorales respecto a otros procesos, cambios en la asignación de colegios para determinadas calles y la aparición de núcleos familiares repartidos entre centros de votación diferentes. Hubo vecinos que descubrieron el día de la consulta que debían desplazarse a otro colegio distinto del habitual, lo que generó colas, confusión y malestar.
Stop Biogás y representantes del PSOE local también afirman que se dio poca difusión institucional a la convocatoria y al voto anticipado, cargando sobre la plataforma y los partidos de la oposición la tarea de informar puerta a puerta y a través de redes sociales. Según relatan, algunos empadronados que habían cumplido los 18 años después de la publicación del decreto inicial de la consulta solo pudieron votar tras acudir al Ayuntamiento a por un certificado específico, en un proceso descrito como «lento» y «engorroso».
El propio Hernández Pedrero asegura que «todo han sido palos en las ruedas para no alcanzar el 35%«, aunque finalmente se superó el umbral. De no haberse producido estas incidencias y con una meteorología más favorable, la plataforma sostiene que podría haberse sumado «cerca de un millar de votos más» al recuento.
Desde el gobierno local, el alcalde Noguera ha reconocido problemas concretos en el censo, como la desaparición de algunas calles o familias que no aparecían registradas, atribuyéndolos a dificultades técnicas y a la ampliación del padrón con población extranjera con derecho a voto. Sin embargo, mantiene que, pese a las complicaciones, se han garantizado los mínimos democráticos y que la UMU ha velado por la limpieza del proceso.
PSOE y Podemos: lectura política y demandas de más garantías
En el plano político, la consulta ha profundizado las diferencias entre el equipo de gobierno y la oposición. El PSOE local sostiene que todo el procedimiento se vio forzado por la presión social y que el Ayuntamiento actuó tarde y de forma poco transparente, alineándose inicialmente con la empresa promotora.
López Manzanera ha señalado en varias ocasiones la cesión de espacios municipales para actos informativos de la compañía, la colocación de carteles promocionales y la difusión tardía de detalles relevantes sobre el voto anticipado como ejemplos de un diseño «poco equilibrado». Aun así, el PSOE ha dado por bueno el resultado, siempre que —subraya— no se detecten irregularidades graves en el recuento total, incluida la modalidad anticipada.
La formación morada Podemos también ha celebrado abiertamente el triunfo del «no». Su portavoz y secretario de comunicación, Víctor Egío, calificó de «histórico» el momento en que se conocieron los resultados y reclamó al presidente autonómico, Fernando López Miras, la convocatoria de un referéndum a escala regional sobre la instalación de macroplantas de biogás en la Comunidad.
Egío argumenta que «la población de todos los municipios afectados debería poder decidir sobre proyectos que inciden directamente en su calidad de vida«, y considera que lo sucedido en Las Torres de Cotillas ejemplifica qué ocurre «cuando se deja participar y se da voz a la gente». Su lectura enlaza con un debate más amplio en Europa sobre el uso de consultas locales y regionales para validar grandes proyectos energéticos y de infraestructuras.
En este contexto, voces socialistas han advertido además de que la vida útil de una instalación de este tipo excede ampliamente un mandato municipal, por lo que consideraban imprescindible reforzar la información, la transparencia y las garantías democráticas por encima de lo habitual en unas elecciones locales.
Un día de colas, paraguas y mensajes cruzados por WhatsApp
Más allá de los datos fríos, la jornada de consulta dejó imágenes poco habituales en un domingo cualquiera. Desde la apertura de los colegios a las 10.00 horas, centenares de vecinos se acercaron a los seis centros habilitados para votar, muchos de ellos con paraguas o chubasqueros por las lluvias intermitentes.
En lugares como el CEIP Cervantes, situado a escasa distancia del Ayuntamiento, se pudo percibir desde primera hora el sentido mayoritario del voto. Personas de distintas edades coincidían en manifestar que su intención era marcar la casilla del «no» en la papeleta, repitiendo frases del tipo «no quiero esto para mí ni para mis hijos» o «es importante venir, aunque el tiempo no acompañe».
La movilización se apoyó en gran medida en redes sociales y cadenas de mensajes por WhatsApp, donde familias y grupos de amigos se recordaban mutuamente la hora de cierre de los colegios o compartían fotografías saliendo de la urna. Hubo casos de vecinos que hicieron encaje de bolillos para llegar a votar, como una pareja que acudió a su mesa electoral poco antes de coger un vuelo programado apenas dos horas y media después.
También se vieron escenas emotivas de personas mayores con movilidad reducida que insistieron en acudir presencialmente, acompañadas por familiares, como gesto de apoyo a una posición que, en muchos casos, llevaban defendiendo desde hacía meses en charlas de barrio y asambleas vecinales.
Al cierre de las mesas y con el recuento ya avanzado, las caras de cansancio se mezclaban con la sensación de alivio y victoria entre los integrantes de la plataforma y vecinos implicados en la movilización. El anuncio oficial del resultado, con un «no» tan holgado, terminó de desatar los aplausos en la plaza y cristalizó un clima de unión que, según quienes participaron, no se veía en el municipio desde hacía años.
Participación directa y macroplantas de biogás: un debate que va más allá de un municipio
La experiencia de Las Torres de Cotillas se inserta en un contexto más amplio, tanto en España como en la Unión Europea, donde la expansión del biogás y del biometano se considera estratégica para la transición energética, pero al mismo tiempo provoca controversia cuando los proyectos se perciben como macroinstalaciones excesivas o mal integradas en su entorno.
En la Región de Murcia, como en otros territorios con fuerte presencia agroganadera, han proliferado en los últimos años iniciativas para aprovechar purines, estiércoles y otros residuos orgánicos con fines energéticos. Este enfoque pretende reducir emisiones de metano incontroladas, evitar vertidos y generar un producto energético renovable que pueda inyectarse en las redes gasistas; también ha provocado protestas en otros municipios.
Sin embargo, la implantación de estas instalaciones plantea retos en términos de aceptación social y distribución de cargas ambientales. Comunidades locales, como la de Las Torres de Cotillas, reclaman ser consultadas cuando consideran que la acumulación de grandes proyectos sobre su territorio puede aumentar el tráfico pesado, los olores, el riesgo de emisiones contaminantes o la presión para ampliar macrogranjas que alimenten de residuos a las plantas.
A nivel europeo, distintas regiones han empezado a utilizar consultas locales, plebiscitos municipales o procesos participativos formales para decidir sobre infraestructuras energéticas, desde parques eólicos y fotovoltaicos hasta incineradoras o plantas de biogás. Los defensores de este enfoque sostienen que la participación directa mejora la legitimidad de las decisiones y obliga a las empresas a diseñar proyectos más cuidadosos con el entorno.
En el caso torreño, la contundencia del «no» no cuestiona el papel del biometano dentro de las políticas climáticas europeas, pero sí lanza un aviso sobre cómo, dónde y con qué condiciones se pretenden implantar estas instalaciones. Para muchos vecinos, el rechazo no se basa en una oposición genérica a las energías renovables, sino en la percepción de que el equilibrio entre beneficios y riesgos locales no estaba bien calibrado.
Con la consulta ya resuelta, el Ayuntamiento deberá ahora formalizar los trámites urbanísticos y administrativos necesarios para impedir la construcción de la planta en el emplazamiento inicialmente previsto. El debate, en cambio, difícilmente se cerrará aquí: la presión para avanzar en la transición energética y en la gestión circular de residuos seguirá presente, y municipios de toda España y Europa estarán mirando de reojo lo ocurrido en Las Torres de Cotillas a la hora de diseñar su propio modelo de participación ciudadana ante proyectos controvertidos.
El «no» rotundo expresado en esta consulta vinculante deja una fotografía clara: un municipio que se ha movilizado para decidir sobre su modelo de desarrollo, un proyecto empresarial que deberá replantearse y una herramienta democrática poco utilizada en España que, en este caso, ha colocado a la ciudadanía en el centro de una decisión clave sobre energía, territorio y calidad de vida.
