Respiramos el mismo aire, pero no todas las personas pagan el mismo precio en salud. Un amplio trabajo liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), concluye que las regiones europeas con más pobreza y menos energías renovables concentran el mayor riesgo de muerte asociado a la contaminación atmosférica. Esta desigualdad en el precio en salud es uno de los ejes centrales del análisis.
La investigación dibuja una Europa partida en dos: por un lado, las zonas del norte y oeste del continente, con economías más fuertes, mejores sistemas sanitarios y una transición energética más avanzada; por otro, las regiones del sur y este, con menor renta y una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, donde la contaminación del aire tiene un impacto sanitario mucho más severo, incluso cuando los niveles de polución son similares.
Un macroestudio europeo sin precedentes
El trabajo, publicado en la revista Nature Medicine, se apoya en una base de datos de mortalidad del proyecto EARLY-ADAPT que recoge 88,8 millones de defunciones registradas entre 2003 y 2019 en 653 regiones contiguas de 31 países europeos, con una población total de 521 millones de personas. Es decir, un mapa muy detallado de cómo la contaminación y las condiciones sociales se combinan en todo el continente.
Para estimar la exposición real a la polución, el equipo utilizó modelos avanzados de aprendizaje automático capaces de calcular, día a día, los niveles de los principales contaminantes atmosféricos: material particulado fino (PM2.5), partículas gruesas (PM10), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3). En particular, la dinámica del ozono troposférico resulta clave en episodios estacionales que afectan la salud pública. Estos datos se cruzaron con la mortalidad diaria y con indicadores socioeconómicos regionales.
Además de la polución, los científicos incorporaron a sus modelos estadísticas socioeconómicas y datos de consumo de energía renovable procedentes de Eurostat. Con todo ello, construyeron modelos epidemiológicos diseñados para analizar cómo varía el riesgo de morir por contaminación del aire según el contexto social, económico y energético y cómo han cambiado esos riesgos a lo largo del siglo XXI.
Cuanto más pobreza, mayor daño sanitario
Una de las conclusiones más claras del estudio es que los efectos de la contaminación del aire no dependen solo de lo que se respira, sino también de quién lo respira y en qué condiciones vive. Dos regiones con concentraciones similares de contaminantes pueden registrar impactos sanitarios muy distintos en función de su nivel de riqueza, la calidad de su sistema sanitario o la estructura demográfica de su población. El análisis, por tanto, complementa la medición de la exposición con estudios sobre contaminación atmosférica y su impacto desigual en la población.
Las regiones con PIB per cápita más alto, menor tasa de pobreza y mayor esperanza de vida, situadas en su mayoría en el norte y el oeste de Europa, presentan un riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire claramente más bajo. En cambio, las zonas más desfavorecidas del sur y del este del continente sufren riesgos significativamente mayores, que en algunos casos llegan a duplicar los de las regiones más acomodadas, pese a compartir niveles de polución comparables.
Estas diferencias no han permanecido estáticas. A lo largo del periodo 2003-2019, las regiones más ricas han logrado una reducción notable del riesgo de muerte asociado a PM2.5, PM10 y NO2. Sin embargo, en muchas áreas con menores ingresos o menor esperanza de vida, las mejoras han sido tímidas e incluso, en ciertos casos, se han observado aumentos de la mortalidad vinculada a estos contaminantes.
Los autores apuntan a varios factores que explicarían esta brecha. En las regiones con más recursos suele haber sistemas de salud mejor equipados, programas de salud pública más sólidos, mayor concienciación social sobre los efectos de la polución y mayor capacidad para aplicar políticas ambientales estrictas. Todo ello contribuye a amortiguar el impacto sanitario de la contaminación, mientras que en las zonas más pobres la población queda más expuesta y con menos defensas institucionales.
Según subraya el investigador de ISGlobal Zhaoyue Chen, primer autor del trabajo, disponer de estimaciones detalladas del riesgo de mortalidad atribuible a la contaminación del aire en cada región y momento permite identificar con mucha mayor precisión qué colectivos y territorios son más vulnerables y, por tanto, dónde deberían concentrarse los esfuerzos de prevención.
Transición energética y contaminación: menos humos, menos vulnerabilidad
El estudio no se limita a describir la desigualdad social, sino que analiza también el papel de la transición hacia las energías renovables. La investigación evalúa cómo el despliegue de tecnologías limpias influye tanto en la reducción directa de la contaminación como en la disminución de la vulnerabilidad de la población frente a sus efectos en la salud.
Los resultados cuantifican este impacto con cifras muy concretas. El incremento del uso de energía renovable en Europa durante las últimas dos décadas se asocia con una caída de la contaminación del 15 % en PM2.5, del 54 % en PM10 y del 20 % en NO2. Estas mejoras en la calidad del aire se traducen, a su vez, en una reducción de la mortalidad atribuible a la polución del 12 % para PM2.5, del 52 % para PM10 y del 20 % para NO2.
Sin embargo, el efecto de la transición energética va más allá de limpiar el aire. Las regiones que han avanzado antes y con más fuerza en energías renovables registran también una menor vulnerabilidad de su población a la contaminación. Esto se debe, en buena medida, a que la apuesta por las renovables suele ir acompañada de mejoras sociales e infraestructurales: transporte público más sostenible, ciudades más verdes y caminables, tecnologías más limpias en la industria y el hogar, y regulaciones ambientales más exigentes.
El equipo investigador recuerda que la energía renovable es un pilar central de las políticas climáticas y ambientales sostenibles, pero insiste en que su despliegue debe entenderse también como una herramienta de salud pública. Reducir emisiones de combustibles fósiles implica menos partículas finas y gases tóxicos en el aire y, al mismo tiempo, un entorno urbano y social que protege mejor a la ciudadanía frente a los daños de la contaminación.
No obstante, el avance de las renovables en Europa ha sido claramente desigual. Mientras numerosos países del norte han registrado un crecimiento rápido y sostenido de la energía limpia, varios Estados del sur y del este —como Italia, Polonia, Malta o Chipre— mantienen una dependencia elevada de los combustibles fósiles, lo que se traduce en una menor reducción de la polución y en un mantenimiento de la vulnerabilidad sanitaria.
Una Europa a dos velocidades en salud y energía
Esta combinación de factores sociales y energéticos dibuja lo que muchos expertos describen como “una Europa a dos velocidades”. De un lado, están las regiones que han invertido con fuerza en energía renovable, infraestructuras verdes y controles de emisiones; del otro, aquellas que siguen arrastrando elevados niveles de pobreza y menor capacidad para transformar su modelo energético.
Según explica Joan Ballester Claramunt, investigador principal del proyecto EARLY-ADAPT y autor sénior del estudio, los países del oeste de Europa han tendido a destinar más recursos a las energías renovables y a la mejora de la calidad del aire. En cambio, muchos países del este dependen todavía de financiación externa y se encuentran en una fase más temprana en la integración de tecnologías limpias y medidas de control de la contaminación.
Esta brecha tiene un claro reflejo en la salud pública. En las regiones más pobres del sur y del este, la población soporta una doble carga: mayor exposición a contaminantes y mayor riesgo de mortalidad para un mismo nivel de exposición. En las áreas más ricas, por el contrario, el avance de la transición energética y la mayor robustez de los sistemas sanitarios ha permitido una reducción mucho más rápida de los riesgos asociados a la polución.
La investigadora del CIEMAT Yolanda Lechón destaca que la principal aportación de este trabajo es integrar, en un mismo marco analítico, factores socioeconómicos, niveles de contaminación y transición energética sobre una muestra tan amplia de muertes en Europa. A diferencia de estudios previos centrados casi exclusivamente en la exposición a contaminantes, este análisis incorpora de forma sistemática la desigual vulnerabilidad de la población y su evolución en paralelo al despliegue de las renovables.
Lechón reconoce que el estudio se basa en modelos y datos agregados —lo que puede suavizar variaciones locales muy finas—, pero subraya que su escala y enfoque integrado lo convierten en una referencia de gran solidez científica para entender cómo las políticas climáticas se traducen en beneficios sanitarios reales y quién se está quedando atrás en ese proceso.
Equidad y salud pública en el centro de las políticas ambientales
Los autores insisten en que los resultados lanzan un mensaje claro a los responsables políticos: la transición energética no puede plantearse solo como un asunto climático o tecnológico. Es, sobre todo, una cuestión de equidad y salud pública. Si las inversiones en energías limpias y en mejora de la calidad del aire no se orientan de forma prioritaria a las regiones más vulnerables, el riesgo es que la transición termine ampliando aún más las desigualdades existentes.
Para evitarlo, el estudio propone que las políticas ambientales integren de manera explícita la equidad en salud como uno de sus ejes centrales. Eso implica reforzar la infraestructura de salud pública en las áreas más afectadas, mejorar la atención sanitaria a los colectivos más expuestos y desplegar sistemas de vigilancia epidemiológica y de alerta temprana ante episodios de contaminación, especialmente en regiones con alta pobreza y menor acceso a servicios sanitarios.
En esta línea, parte de los datos y modelos generados por la investigación se han incorporado a Forecaster.Health, un sistema de alerta temprana basado en impactos que emite avisos sobre riesgos de mortalidad asociados a la temperatura y a la contaminación del aire para grupos de población especialmente vulnerables. Herramientas de este tipo permiten anticipar escenarios de riesgo y orientar mejor los recursos.
El estudio también recalca la importancia de ampliar y mejorar la monitorización ambiental y sanitaria en toda Europa. Tal y como subraya el investigador del BSC Carlos Pérez García-Pando, es urgente contar con sistemas de seguimiento que permitan detectar disparidades regionales, evaluar la eficacia de las políticas puestas en marcha y garantizar que las inversiones lleguen allí donde más falta hacen.
Aunque el análisis está centrado en el contexto europeo, los autores advierten de que sus implicaciones son globales. En numerosos países de ingresos bajos y medios, el crecimiento urbano acelerado y la expansión industrial avanzan más rápido que las inversiones en energía limpia y en protección ambiental, lo que puede incrementar todavía más la vulnerabilidad de grandes capas de población a los efectos de la contaminación del aire. Esta dinámica es comparable a la que se observa en algunos de los países más contaminados del mundo, donde la exposición y la falta de infraestructura se combinan.
Lo que significa para España y el sur de Europa
Para países como España, Italia o Grecia, situados en el sur de Europa, las conclusiones de este trabajo tienen una relevancia especial. Son territorios que combinan episodios frecuentes de contaminación —en particular de ozono troposférico en los meses más cálidos— con desigualdades socioeconómicas y territoriales marcadas, tanto entre regiones como entre áreas urbanas y rurales.
En el caso español, el estudio sugiere que el impulso a las energías renovables —eólica, solar fotovoltaica, termosolar, entre otras— puede traducirse en beneficios sanitarios adicionales significativos, más allá de su contribución a la lucha contra el cambio climático. Pero también deja claro que este avance debe ir acompañado de políticas de salud pública específicas adaptadas a las características de cada territorio.
Entre las medidas recomendadas se encuentran el refuerzo de la vigilancia epidemiológica sobre enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con la polución, la implantación de sistemas de alerta temprana ante episodios de alta contaminación, la mejora del acceso a la atención sanitaria para poblaciones vulnerables (personas mayores, niños, pacientes con patologías crónicas) y una mayor coordinación entre políticas ambientales y sanitarias. En particular, la relación entre contaminación y salud cardiovascular debe considerarse en la planificación de estas medidas.
Este enfoque integrado implica que la transición energética en España y en el resto del sur de Europa no se conciba únicamente como una estrategia para reducir emisiones de CO2, sino como una palanca clave para disminuir las desigualdades en salud y mejorar el bienestar general de la población. En definitiva, se trata de priorizar aquellos territorios donde la combinación de pobreza, mala calidad del aire y escaso despliegue de renovables coloca a la ciudadanía en una situación de riesgo sanitario especialmente alto.
En conjunto, la evidencia reunida por este estudio confirma que las regiones europeas más pobres son también las más expuestas y las menos protegidas frente a los efectos de la contaminación del aire. Allí donde la transición energética avanza con más decisión, la población respira un aire más limpio y está mejor resguardada frente a sus impactos; allí donde se estanca, se consolida una brecha sanitaria que atraviesa el mapa de Europa. Poner el foco de las políticas ambientales, energéticas y de salud pública en estos territorios no es solo una cuestión de justicia climática, sino de justicia social y de derecho a la salud para millones de personas.