La oposición vecinal a la macroplanta de biomasa proyectada en León y a la denominada Red de Calor no deja de crecer en los barrios del sur de la ciudad, un fenómeno que se enmarca en la controversia en España por el auge de nuevas plantas de biogás. Las asociaciones de vecinos de La Lastra y Puente Castro llevan meses organizando concentraciones, actos informativos y denuncias públicas para tratar de frenar unas obras que consideran perjudiciales para su entorno y para la salud de quienes viven en la zona.
En estos barrios se ha consolidado un movimiento ciudadano que combina la protesta en la calle con la vía judicial. Los colectivos vecinales critican con dureza al Ayuntamiento de León, a la Junta de Castilla y León y a la sociedad pública Somacyl, a los que acusan de falta de transparencia, de precipitación en la tramitación de licencias y de impulsar un modelo energético que, según sostienen, «ni es sano, ni es bueno» para la ciudad.
Convocatorias de protestas y primeros focos de tensión
La Asociación de Vecinos de La Lastra fue una de las primeras en dar un paso al frente al convocar una concentración de protesta en la glorieta situada entre la avenida La Lastra y la calle La Flecha, muy cerca del suelo reservado para la planta de biomasa. La cita se fijó a las 12:00 horas y los organizadores animaron a los asistentes a acudir con pancartas, bocinas y silbatos para visibilizar su rechazo al proyecto.
El colectivo defendió que la movilización surgía de una preocupación real del vecindario por el impacto de la planta en un entorno densamente poblado y con presencia de instalaciones deportivas y espacios de ocio al aire libre. La asociación insistió en que la contestación social no responde a intereses ajenos al barrio, sino a la inquietud de residentes que se sienten directamente afectados.
En medio de este clima, la entidad vecinal denunció haber sido objeto de una campaña de descalificaciones impulsada por un concejal de la UPL en el Ayuntamiento de León. Según explicaron en un comunicado, el edil habría difundido un cartel en el que se presentaba al colectivo como contrario al deporte y movido por motivaciones poco transparentes.
La asociación rechazó de plano estas acusaciones y recalcó que su propósito es defender el bienestar del barrio. De hecho, subrayó que las movilizaciones se desarrollan “desde el respeto y la tolerancia”, reivindicando el derecho a protestar pacíficamente y a cuestionar decisiones urbanísticas que, a su juicio, no se han explicado con claridad.
Protestas junto a instalaciones deportivas y actos familiares
La reivindicación contra la planta de biomasa se ha trasladado también a la zona deportiva de Puente Castro, uno de los espacios que los vecinos consideran más amenazados por la ubicación elegida para la infraestructura. Coincidiendo con la inauguración de un nuevo pump track para bicicletas, monopatines y deportes urbanos, decenas de personas se concentraron en la entrada del recinto deportivo.
Con banderas, silbatos y pancartas, los asistentes aprovecharon la gran afluencia de familias y deportistas para explicar sus argumentos contra el proyecto. Aunque el evento deportivo se celebró con normalidad, la protesta se dejó notar con lemas críticos hacia el alcalde de León, miembros del equipo de Gobierno y otros representantes políticos, incluida la oposición municipal.
En algunos momentos se escucharon gritos pidiendo la dimisión del alcalde y reproches directos a responsables de la UPL. Los vecinos insistieron en que su objetivo no era boicotear la jornada deportiva, sino “informar a la ciudadanía” sobre las consecuencias que atribuyen a la futura planta en cuanto a salud pública, contaminación y calidad de vida en el entorno.
La portavoz vecinal de La Lastra, Ruth Sanz Prieto, lamentó que ningún representante institucional se acercara a dialogar con los asistentes. A su entender, que los políticos «acudan solos a hacerse la foto» en actos previos y luego eviten coincidir con las protestas revela, según ella, desinterés por escuchar la opinión directa del vecindario sobre un proyecto tan controvertido.
En paralelo, los colectivos recuerdan que en el entorno de Puente Castro se concentran escuelas de fútbol, rugby y otras disciplinas donde participan numerosos niños y jóvenes, además de la nueva pista de pump track, situada a poca distancia de la parcela elegida para la planta de biomasa. Esa proximidad refuerza, según los vecinos, su temor a posibles afecciones sanitarias y ambientales.
Críticas a la ubicación urbana y a los riesgos para la salud
Uno de los ejes centrales del rechazo vecinal es la ubicación de la macroplanta y de la Red de Calor “dentro del núcleo urbano” de León, en el entorno del cementerio y junto al barrio de Puente Castro. La Lastra y otras zonas residenciales cercanas quedarían, según los colectivos, muy expuestas a posibles emisiones y molestias derivadas de la actividad de la instalación.
Las asociaciones alertan de que el proyecto podría implicar emisiones contaminantes, aumento del tráfico pesado, ruido acústico y un elevado consumo de agua. También apuntan a un posible “expolio de los montes” si el suministro de biomasa exige una extracción intensiva de recursos forestales procedentes de la provincia o de otras zonas.
En varias de las concentraciones, los portavoces han reclamado la realización de un estudio sanitario para todos los residentes en un radio de diez kilómetros alrededor de la planta. El objetivo, explican, sería contar con un registro de salud previo que permitiera valorar a medio y largo plazo si la infraestructura tiene repercusiones sobre la población cercana.
Los vecinos sostienen que los promotores del proyecto “no quieren” que se haga ese estudio porque, en su opinión, temen que se evidencien problemas de salud asociados a la planta. Entre las sustancias que citan de forma genérica, hablan de compuestos “nocivos” vinculados a la combustión de la biomasa y de un empeoramiento de la calidad del aire en un área ya muy transitada.
Los colectivos subrayan además el riesgo de convertir León en una “zona de sacrificio” donde se asuman impactos ambientales para dar cabida a lo que consideran un negocio poco transparente. Temen que, bajo la etiqueta de energía renovable, se esté promoviendo una actividad con consecuencias negativas que recaerían principalmente sobre los barrios del sur de la ciudad.
Acusaciones de falta de transparencia y crítica política
Otro de los reproches constantes de las asociaciones vecinales se dirige a la forma en que el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León han tramitado el proyecto. Desde La Lastra y Puente Castro denuncian una “opacidad” persistente a la hora de facilitar la documentación urbanística y ambiental vinculada a la Red de Calor y a la planta de biomasa.
Según explican, la asesoría jurídica que les apoya ha solicitado informes, licencias y expedientes completos sin haber obtenido, hasta ahora, todas las respuestas requeridas. Esta falta de información alimenta la desconfianza vecinal y refuerza la sensación de que se pretende avanzar con hechos consumados, sin un debate público amplio sobre la conveniencia de la infraestructura.
Los vecinos también responsabilizan a la Junta de Castilla y León y a Somacyl de haber acelerado el inicio de las obras antes de disponer de todas las licencias en regla. Ven en ello un agravio comparativo con cualquier persona o pequeña empresa que, recuerdan, debe esperar meses para obtener permisos, mientras que en este caso se habrían comenzado actuaciones previas sin todos los trámites culminados.
En el plano político, la tensión se ha trasladado a los plenos municipales y a los actos públicos. La figura del alcalde de León y la de otros responsables institucionales, como el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, han sido objeto de críticas directas durante las concentraciones. Los manifestantes les reprochan impulsar un proyecto que creen “obsoleto” y alejado de las prioridades reales del municipio.
Los colectivos también recuerdan que la planta de biomasa no figuraba en el programa electoral de la formación que gobierna el Ayuntamiento, lo que aumenta la sensación de que se trata de una obra impuesta sin haber sido claramente explicada ni debatida con la ciudadanía. Todo ello ha contribuido a reforzar el clima de desconfianza hacia las instituciones promotoras.
La Red de Calor de León y el alcance del proyecto energético
Más allá de la planta de biomasa en sí, el proyecto forma parte de una Red de Calor de León de gran envergadura, impulsada por Somacyl y respaldada por la Junta. Esta red contempla la construcción de una macroplanta de incineración de biomasa y un sistema de aproximadamente 30 kilómetros de tuberías subterráneas para distribuir el calor generado a distintos puntos de la ciudad.
Según la documentación conocida, la iniciativa completa incluye una planta de biomasa, otra ligada al hidrógeno verde, una instalación fotovoltaica y una extensa red de canalizaciones. La inversión inicial anunciada superaría los 85 millones de euros, con las instalaciones ubicadas principalmente en el sur de León, cerca del cementerio y del entorno de Puente Castro.
El modelo que se propone se presenta como una infraestructura energética moderna y eficiente, capaz de abastecer de calor a diversos edificios y servicios urbanos mediante energía térmica generada con biomasa. Sin embargo, los vecinos sostienen que se trata de un sistema “obsoleto” y recuerdan experiencias controvertidas en otros municipios, como la Red de Calor de Ponferrada.
En el caso de Ponferrada, los colectivos señalan que la infraestructura ha acumulado sentencias judiciales en contra y largos periodos de paralización, lo que usan como ejemplo de los riesgos que, a su juicio, supone apostar por este tipo de proyectos sin amplios consensos sociales ni garantías suficientes.
Además, las asociaciones han preguntado por las tasas e impuestos municipales que debería abonar Somacyl por la ejecución de las obras en León. Temen que la falta de claridad y el papel destacado de esta sociedad pública —a la que algunos se refieren coloquialmente como “la Junta B”— pueda traducirse en exenciones o ventajas económicas difíciles de justificar desde el punto de vista del interés general.
La batalla judicial: demandas y expedientes en los tribunales
A la presión en la calle se ha sumado una ofensiva judicial impulsada por las asociaciones de vecinos. La aprobación por parte del Ayuntamiento de la licencia para la Red de Calor y la planta de biomasa fue recurrida ante los tribunales por La Lastra y por la Asociación Carrusel de Puente Castro, que consideran que el permiso urbanístico vulnera normativa ambiental y urbanística.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite la demanda presentada por ambos colectivos. En un decreto reciente, el juzgado ha requerido al Consistorio el envío del expediente administrativo completo sobre la autorización de las obras, dando un plazo “improrrogable” de veinte días hábiles para remitir toda la documentación.
Esta admisión a trámite abre una vía judicial que se suma a otras acciones legales ya en curso. Los vecinos interpretan este paso como una oportunidad para que un juez revise el conjunto del proyecto, desde su justificación ambiental hasta las condiciones de su implantación en una zona próxima a barrios residenciales y deportivos.
Desde las asociaciones, se insiste en que su objetivo no es únicamente detener la obra, sino obligar a que se clarifiquen todos los aspectos del plan energético: impactos sobre la salud, repercusiones urbanísticas, costes económicos y condiciones de explotación. La idea es evitar lo que consideran una “política de hechos consumados” por parte de las administraciones implicadas.
Los portavoces vecinales recuerdan, además, que en el pasado se llegaron a tumbar proyectos de biomasa más pequeños en otras zonas de la ciudad tras sucesivas protestas en barrios del norte de León. Ese precedente alimenta ahora la determinación de los vecinos del sur, que se muestran dispuestos a mantener la vía judicial todo el tiempo que sea necesario.
Impacto social, empleo prometido y movilización ciudadana
Uno de los argumentos esgrimidos por las administraciones y los promotores del proyecto ha sido la posible creación de empleo y el impulso económico asociado a la Red de Calor. Sin embargo, los vecinos miran con escepticismo estas promesas y cuestionan el alcance real de los puestos de trabajo que podrían generarse.
Según la portavoz de La Lastra, la fase de construcción podría dar lugar a cierta contratación, pero una vez finalizadas las obras, la operación ordinaria de la planta estaría muy automatizada, de modo que se necesitaría un número reducido de trabajadores para su funcionamiento diario.
Frente a los beneficios anunciados, los colectivos subrayan los costes sociales y ambientales que, a su entender, asumirá el entorno. Hablan de pérdida de calidad de vida, posibles afecciones para la salud y un impacto negativo sobre el paisaje urbano, especialmente en los barrios que se encuentran más próximos a la macroplanta.
La respuesta ciudadana sigue creciendo mediante llamamientos a “salir a la calle” y participar en concentraciones, actos informativos y campañas en redes sociales. Las asociaciones insisten en que no se trata de una protesta aislada, sino de una contestación vecinal que ya ha conseguido extender el debate más allá de los barrios directamente afectados.
Con este panorama, el conflicto en torno a la planta de biomasa y la Red de Calor se ha convertido en uno de los asuntos energéticos y urbanísticos más controvertidos de León en los últimos años, con la calle y los tribunales como escenarios clave en los que se decidirá el futuro del proyecto.
La evolución de las protestas vecinales, las decisiones que tomen los juzgados y la capacidad de las administraciones para ofrecer explicaciones claras y detalladas marcarán los próximos pasos de una controversia en la que se cruzan modelo energético, salud pública, gestión del territorio y confianza institucional en la ciudad de León.
