Las minas de litio en la Península Ibérica y su impacto en el entorno y la economía

  • Proyectos de litio en Galicia y Cáceres generan polémica por su impacto ambiental y social.
  • La mina de Savannah Resources, en la frontera luso-gallega, afronta protestas y retos legales.
  • El proyecto de Las Navas, en Cáceres, está bajo el control y apoyo de la Junta de Extremadura.
  • Ambas explotaciones son consideradas estratégicas por la Comisión Europea, aunque preocupa la biodiversidad y el impacto ecológico.

Litio y minería en Europa

El auge del litio como materia prima esencial para la fabricación de baterías y la transición energética ha puesto bajo el foco a varios proyectos mineros en la Península Ibérica. En los últimos años, la atención mediática y social sobre estos yacimientos, especialmente en el norte de Portugal, Galicia y Cáceres, no ha dejado de crecer. Los proyectos de extracción de litio en estas regiones han generado debates intensos entre quienes ven en ellos una oportunidad económica y los sectores que alertan sobre sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

El litio es considerado uno de los minerales clave para el futuro inmediato, ya que su uso en baterías recargables para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos genera una demanda creciente en todo el mundo. Sin embargo, el avance de grandes explotaciones mineras en zonas rurales y protegidas de España y Portugal está generando una auténtica fractura entre promotores, autoridades, movimientos ecologistas y vecinos de la zona.

El proyecto de Savannah Resources en la frontera entre Galicia y Portugal

Proyecto minero de litio en Portugal y Galicia

En el municipio portugués de Boticas, muy cercano a la frontera con Galicia, la empresa Savannah Resources junto con la minera holandesa AMG, proyecta el que sería el mayor complejo de extracción de litio de Europa Occidental. Esta iniciativa contempla una inversión de unos 204 millones de euros y la explotación de cuatro yacimientos para extraer aproximadamente 1,5 millones de toneladas de minerales durante 14 años, con capacidad suficiente para abastecer las baterías de alrededor de medio millón de vehículos eléctricos anualmente.

La magnitud del proyecto ha provocado una fuerte respuesta social en la región portuguesa de Barroso y en los municipios gallegos limítrofes. En las últimas semanas, protestas vecinales han desembocado incluso en actos vandálicos contra las instalaciones de la empresa, con ataques a vehículos y pintadas bajo el lema «No a la mina». Los residentes de la zona, apoyados por organizaciones medioambientales, denuncian el posible impacto negativo sobre el medio ambiente, los recursos hídricos y la vida rural.

Por su parte, la compañía defiende que cuenta con todos los permisos iniciales, incluyendo la declaración de impacto ambiental favorable obtenida en 2023. El siguiente paso es conseguir la licencia ambiental definitiva de la Agência Portuguesa do Ambiente y asegurar el resto de autorizaciones necesarias, como la conectividad eléctrica y el abastecimiento de agua.

Cabe recordar que este proyecto ha sido considerado estratégico por la Comisión Europea en el marco de la Ley de Materias Primas Críticas, dado el creciente interés geopolítico por la independencia en el suministro de minerales esenciales para la industria tecnológica y automovilística europea.

No obstante, el avance de la tramitación no exime a la empresa de los retos pendientes: lograr la adquisición de los terrenos necesarios—actualmente controla menos de la mitad—y superar la resistencia social y política. Un episodio especialmente delicado fue la paralización temporal del proyecto tras la denuncia de varios propietarios afectados y la posterior resolución judicial que dio prioridad al interés público.

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La mina de litio de Las Navas en Cáceres y el desafío ambiental

En Cáceres, el proyecto de explotación de Las Navas, ubicado en el municipio de Cañaveral, ha sido identificado también como estratégico por la Comisión Europea. La Junta de Extremadura lo califica como proyecto Premia, lo que implica una gestión prioritaria en trámites administrativos, concesión de ayudas para el empleo y posibilidad de expropiación forzosa de terrenos de ser necesario.

El impulso institucional contrasta, sin embargo, con la firme oposición de grupos ecologistas y parte de la sociedad civil. Denuncian que la mina no cumple con los requisitos ambientales establecidos, ni en cuanto a la protección de recursos hídricos ni en lo relativo a la contaminación y la conservación de especies amenazadas. El proyecto, según estos colectivos, podría suponer un grave impacto sobre ríos, acuíferos y zonas protegidas cercanas a la ZEPA Canchos de Ramiro y Sierra Ladronera, poniendo en riesgo aves emblemáticas como el águila perdicera, el alimoche o la cigüeña negra.

El plan no solo implica la ocupación de grandes superficies de terreno, sino también la construcción de plantas de transformación que contemplan emisión de gases contaminantes y balsas de lodos tóxicos. A los temores sobre la calidad del aire y del agua se suma la preocupación por la afección a la biodiversidad regional, ya que el entorno alberga dehesas y arroyos vitales para la fauna protegida.

Desde el movimiento ecologista se reclama a las autoridades una evaluación ambiental rigurosa y la garantía de que no se autorice la mina si no se puede asegurar la protección de la biodiversidad y el bienestar de la población local. Sostienen que el desarrollo de industrias asociadas a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos no debería ir en detrimento de los recursos naturales ni de la salud ambiental.

Litio, política y el debate sobre el modelo de desarrollo

La extracción de litio en España y Portugal se encuentra en el centro de un debate mucho más amplio: ¿cómo conjugar la necesidad de reducir las emisiones de carbono y apostar por la movilidad eléctrica con la protección de entornos rurales y ecosistemas vulnerables? Las administraciones públicas insisten en la importancia estratégica de estos proyectos para Europa, mientras que los detractores reclaman mayor transparencia, participación ciudadana y alternativas sostenibles que respeten el equilibrio entre desarrollo e impacto ambiental.

Además, la situación política añade más complejidad, ya que el impulso o la paralización de los proyectos de litio han estado ligados a crisis de gobierno, denuncias judiciales y cambios regulatorios tanto en España como en Portugal. En algunos casos, la autorización de servidumbres administrativas, que permiten a las empresas acceder a terrenos privados, ha provocado tensiones y un creciente rechazo social.

Por tanto, el futuro de la minería del litio en la Península Ibérica dependerá no solo de la viabilidad técnica y económica de los proyectos, sino también de su capacidad para conciliar intereses enfrentados y cumplir con las más altas exigencias ambientales y sociales.

La creciente relevancia del litio pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más limpio y las legítimas preocupaciones por el patrimonio natural y el tejido rural. El desenlace de los proyectos de Boticas y Las Navas servirá como referencia para futuras iniciativas mineras tanto en España como en el resto de Europa.

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