
El autoconsumo de energías renovables es una de las estrategias más importantes para la transición energética en toda la Unión Europea (UE). Tanto el Parlamento Europeo como diversas organizaciones ecologistas han luchado para convertirlo en un derecho inalienable para los ciudadanos europeos. En este contexto, se han eliminado muchas barreras, incluyendo impuestos injustos como el denominado impuesto al sol en España, que hasta su derogación en 2018, frenaba el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico.
El impulso del Parlamento Europeo al autoconsumo
El Parlamento Europeo ha dejado claro su firme posición a favor del autoconsumo de energía renovable. En varias enmiendas, como la aprobada en 2018, se ha exigido que todos los consumidores tengan el derecho de autoconsumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable sin estar sujetos a procedimientos regulatorios discriminatorios. Esto se traduce en una protección directa al autoconsumo y el comienzo del fin de medidas como el impuesto al sol, que imponía un peaje de respaldo a los ciudadanos que decidían instalar paneles solares en sus viviendas.
La enmienda, que recibió 594 votos a favor, 69 en contra y 20 abstenciones, fue un paso trascendental para el impulso del autoconsumo a nivel europeo. Con esta decisión se blindó el autoconsumo como un derecho inalienable, eliminando trabas administrativas y prohibiendo medidas injustas que dificultaban la adopción masiva de energías renovables.
¿Qué era el impuesto al sol?
En 2015, el gobierno español aprobó el Real Decreto que introdujo el peaje de respaldo, popularmente conocido como el impuesto al sol. Esta medida, impulsada por el entonces Ministro de Industria José Manuel Soria, imponía un cargo sobre los consumidores con instalaciones fotovoltaicas que utilizaban en su propio consumo la electricidad que generaban. Es decir, aquellos que producían su propia energía a través de paneles solares debían pagar por usarla.
El objetivo declarado del impuesto era garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y evitar que los autoconsumidores se «desengancharan» de la red mientras seguían beneficiándose de su respaldo en los momentos en que sus placas no generaban suficiente energía. Sin embargo, el impuesto fue duramente criticado por múltiples organizaciones, argumentando que solo servía para obstaculizar el crecimiento de las energías renovables.
El impacto del impuesto al sol en el desarrollo de las energías renovables
Mientras en países como Alemania, con mucho menos sol que España, la adopción de energía fotovoltaica era exponencial, el impuesto al sol detuvo el crecimiento del autoconsumo en España. Las políticas del gobierno del PP a partir de 2011 paralizaron el progreso de un país que, a inicios del siglo XXI, era uno de los pioneros en la implementación de energías renovables.
Las cifras no mentían: mientras que en Alemania se multiplicaban las instalaciones solares, España se quedaba muy por detrás, a pesar de tener uno de los mejores recursos solares de Europa. Este estancamiento no solo afectaba al autoconsumo doméstico, sino que también impactaba a las empresas y grandes proyectos renovables que podrían haber sido claves para el país.
La derogación del impuesto al sol
En octubre de 2018, el gobierno español derogó finalmente el impuesto al sol mediante el Real Decreto Ley 15/2018. Este fue un momento histórico para el autoconsumo en España, ya que abrió la puerta a la instalación de sistemas fotovoltaicos sin cargas adicionales, y marcó el camino para una transición energética más justa y sostenible.
Gracias a esta derogación, los ciudadanos y empresas que produjeran su propia energía a través de fuentes renovables podían, además de ahorrar en su factura energética, contribuir a la reducción de emisiones de CO2, haciendo del país un lugar más comprometido con el cambio climático. Además, esta normativa incluyó la posibilidad de compartir instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios.
¿Qué dicen las normas de la UE sobre el autoconsumo?
El marco normativo europeo ha jugado un papel fundamental en el impulso del autoconsumo en todos los países miembros. Las directivas comunitarias promueven el uso de energías renovables y otorgan a los ciudadanos derechos que les permiten generar, consumir y vender su propia energía sin enfrentar cargos ilimitados o discriminatorios.
Además, con el objetivo de alcanzar un 35% de energías renovables para 2030, la Unión Europea instó a todos los países a adoptar medidas que faciliten la instalación de sistemas de autoconsumo y a incentivar tanto a nivel individual como colectivo el uso de energías renovables. Estos esfuerzos están acompañados de políticas nacionales en muchos casos que buscan no solo facilitar la adopción de tecnologías limpias, sino también cumplir con los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.
El camino hacia un modelo energético sostenible
La eliminación del impuesto al sol en España y el impulso de la UE al autoconsumo marca un nuevo paradigma en el sector de las energías renovables. Se espera que, en los próximos años, la energía solar fotovoltaica continúe su expansión, gracias a un marco legal mucho más flexible y favorable. Las comunidades de vecinos, las empresas y los ciudadanos podrán apostar sin miedo a represalias económicas por un modelo energético más sostenible, basado en fuentes de energía limpias.
Además, se promueve la creación de un mercado eléctrico más descentralizado, en el que los consumidores no sean meros receptores de energía, sino actores clave en la producción y distribución de energía renovable. Esto no solo permitirá una reducción significativa de las emisiones, sino que también mejorará la seguridad energética y reducirá la dependencia de fuentes fósiles.
El futuro del autoconsumo en Europa es brillante. Con la eliminación de barreras y la implementación de normativas favorables, tanto consumidores particulares como empresas podrán beneficiarse de las ventajas económicas, sociales y medioambientales del autoconsumo energético.