En los últimos meses, la Unión Europea ha dado pasos decisivos para transformar la forma en la que se gestionan los vehículos al final de su vida útil. Las nuevas medidas, impulsadas por el Consejo de la UE, buscan impulsar la economía circular en el sector de la automoción y reducir tanto la generación de residuos como la dependencia de materias primas importadas para la fabricación de coches y otros vehículos.
La aprobación de una posición común sobre el futuro reglamento europeo ha reabierto el debate acerca de cómo deben fabricarse, reciclarse y reutilizarse los materiales de los vehículos antiguos. Además, se pretende que los fabricantes asuman más responsabilidad desde que el coche sale de fábrica hasta que es totalmente reciclado, asegurando así una gestión más eficiente y sostenible de todos los componentes.
Objetivos de contenido reciclado obligatorios y ecodiseño
Una de las novedades más relevantes es la fijación de cuotas mínimas de plástico reciclado en los vehículos nuevos. Según las metas pactadas, estos porcentajes serán progresivos: un 15% de contenido reciclado a los seis años, subiendo al 20% a los ocho y llegando al 25% a los diez años desde la entrada en vigor de la normativa. La Comisión Europea podrá evaluar más adelante si extender estos requisitos a otros materiales claves como el acero, aluminio o materias primas consideradas críticas.
Esta decisión afecta a una gama más amplia de vehículos: automóviles, furgonetas, camiones pesados, motocicletas, triciclos, cuadriciclos y vehículos especiales —incluyendo ambulancias, grúas o camiones de bomberos— deberán poder desmontarse fácilmente para maximizar la reutilización de materiales y facilitar su reciclaje. Además, el diseño circular y la estrategia de circularidad se deberán aplicar según la categoría de vehículo y no a nivel individual por modelo.
Control sobre el mercado de segunda mano y exportaciones
La nueva normativa también introduce reglas más estrictas para evitar que vehículos que ya no están aptos para circular sean exportados o comercializados como si todavía pudieran usarse. Ahora, en cada cambio de titularidad —especialmente a través de canales digitales— será obligatorio demostrar que el vehículo no es considerado un residuo ni ha llegado al final de su vida útil. De esta forma, se evita la dispersión incontrolada de automóviles en mal estado y se reduce la posibilidad de que terminen contaminando fuera de la UE.
Para fortalecer los controles, se implementarán sistemas aduaneros automatizados conectados a la plataforma europea MOVE-HUB, lo que facilitará la trazabilidad y control de los vehículos en tránsito. Este sistema ya integra los registros nacionales y los datos aduaneros, y se prevé que todos los países puedan seguir usando sus propias aplicaciones integradas en esta plataforma.
Otro de los grandes ejes del reglamento es la responsabilidad ampliada del productor (EPR), que ahora será más exigente. Los fabricantes deberán cubrir los costes de transporte y tratamiento de los vehículos, incluidos los gastos relacionados con el abandono o la falta de identificación del origen de algunos coches fuera de uso. Incluso los importadores deberán asumir estos costes si el vehículo ha sido puesto en el mercado europeo por ellos.
Las instalaciones autorizadas de tratamiento (ATF) tendrán un rol clave. Solo estos centros podrán emitir los certificados oficiales de destrucción y serán responsables de la descontaminación de vehículos mediante la retirada de todos los componentes peligrosos y fluidos contaminantes en plazos establecidos. La normativa establece que los vehículos deben llegar a estos centros en un máximo de 30 días tras el final de su vida útil, y se exigirán contratos obligatorios entre los puntos de recogida y las ATF para garantizar una gestión adecuada.
Restricciones, estándares ambientales y economía circular
La nueva legislación prohíbe mezclar vehículos con otros residuos para el triturado, salvo que se cumplan estrictos niveles de calidad y criterios de composición en el material recuperado. Asimismo, el material reciclado que se contabilice para estos objetivos debe proceder de residuos postconsumo tratados en instalaciones que respeten los estándares ambientales, climáticos y de salud de la UE, ya estén ubicadas dentro del territorio europeo o en terceros países equivalentes.
El texto también prevé un pasaporte digital de circularidad para cada vehículo, facilitando la transparencia sobre los materiales, las piezas y los procesos de reciclaje. Esta innovación se armonizará con otros pasaportes ya implantados en la legislación comunitaria para distintos productos.
En cuanto a la gobernanza, la normativa promoverá la participación de toda la cadena de reciclaje, de modo que tanto los centros de tratamiento como los recicladores tengan peso en el control de los sistemas de responsabilidad ampliada y se eviten desequilibrios o competencia desleal.
