Tras una negociación maratoniana en Bruselas, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han acordado fijar un objetivo vinculante de reducción neta del 90% de emisiones para 2040 con respecto a 1990, incorporando cláusulas de ajuste que sirvieron para sumar a los socios más reticentes y llegar con una posición sólida a la COP30.
El pacto se alcanzó por mayoría cualificada después de casi 24 horas de conversaciones y combina ambición climática con mecanismos de flexibilidad: se permitirá un uso limitado de créditos internacionales, se define un calendario de implantación gradual y se pospone un año el arranque del nuevo mercado del carbono para edificios y transporte por carretera (ETS2) hasta 2028.
Qué se ha acordado
La reforma de la Ley Europea del Clima ancla en norma la meta del 90% para 2040, que actuará de puente entre el 55% comprometido para 2030 y la neutralidad climática a mitad de siglo. Este marco servirá de base para actualizar normas sectoriales en energía, industria, transporte y agricultura.
Además, los Veintisiete validaron la NDC de la UE con una horquilla de recorte para 2035 de entre el 66,25% y el 72,5% respecto a 1990, como señal de ambición de cara a Naciones Unidas y la cumbre climática de Belém.
El texto logró un respaldo amplio: 21 países, que representan el 81,9% de la población europea, apoyaron la propuesta, superando así el umbral de la mayoría cualificada exigida.
Flexibilidades y revisión
Para cerrar el acuerdo, se introdujo la posibilidad de cubrir hasta un 5% del objetivo mediante créditos internacionales de alta calidad a partir de 2036, con un periodo de pruebas entre 2031 y 2035. Se abre también la puerta a otro 5% adicional asociado a esfuerzos nacionales, cuyo diseño concreto deberá detallarse en los textos de implementación.
Otra petición acordada afecta a los sumideros de carbono: si bosques, suelos o humedales absorben menos CO2 de lo previsto, no se exigirá automáticamente compensar el desfase en otros sectores, un punto clave para países con grandes superficies forestales.
El seguimiento combinará una evaluación bienal del progreso sustentada en la ciencia y la tecnología disponibles, junto a una revisión más amplia cada cinco años del objetivo y de los instrumentos, para ajustar la trayectoria si fuese necesario.
Posiciones nacionales y votos
España y un grupo amplio de Estados defendieron como «línea roja» mantener el 90% sin rebajar ambición, aunque Madrid aceptó un paquete acotado de flexibilidades para cerrar filas. Italia y Francia presionaron para ampliar márgenes, mientras que Polonia solicitó más garantías de competitividad.
La aprobación llegó pese al voto en contra de Eslovaquia, Hungría y Polonia. La presidencia danesa destacó que el compromiso final es “el mejor posible” para preservar la ambición y mantener un mensaje claro a los inversores.
Desde la Comisión, el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, calificó el pacto de “pragmático y ambicioso”, aunque organizaciones ecologistas alertaron de que el recurso a créditos externos podría diluir los esfuerzos domésticos si no se limita estrictamente.
Implicaciones sectoriales y económicas
El nuevo objetivo obligará a acelerar cambios en industria, transporte, energía y agricultura, con más renovables, redes eléctricas modernizadas, eficiencia y reducción de combustibles fósiles. La competitividad y la certidumbre regulatoria han sido argumentos centrales para atraer inversión y sostener empleo de calidad.
Se confirma el retraso a 2028 del ETS2 (edificios y transporte por carretera), con el fin de modular el impacto en los hogares y evitar subidas abruptas de precios, y se reconoce el papel de combustibles de bajas emisiones en la descarbonización del transporte más allá de 2030.
Francia logró referencias a la neutralidad tecnológica y el acero, mientras que varios países del centro y norte de Europa insistieron en que una protección climática robusta y una economía competitiva pueden ir de la mano si se garantiza previsibilidad.
Salud pública y sumideros: beneficios colaterales
Más allá del clima, recortar emisiones tiene efectos sanitarios directos: menos contaminación del aire implica menos enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima cientos de miles de muertes prematuras anuales asociadas a la mala calidad del aire en Europa.
La OMS advierte que nueve de cada diez personas respiran aire por encima de los límites recomendados; reducir partículas finas (PM2.5), NO2 u ozono requiere acelerar la electrificación limpia y la movilidad sostenible en ciudades.
El refuerzo de los sumideros naturales —bosques, humedales, suelos— no solo ayudará a absorber CO2, sino que es clave para la biodiversidad y la resiliencia frente a sequías, inundaciones o incendios, con beneficios tangibles para la salud y el bienestar.
Calendario y próximos pasos
El Consejo ha dado luz verde a su posición y ahora deberá negociar con el Parlamento Europeo el texto definitivo. La Comisión presentará propuestas adicionales para concretar las vías sectoriales que permitan alcanzar la meta de 2040.
Con la NDC actualizada y el objetivo del 90% sobre la mesa, la UE acude a la COP30 con una posición común. El reto será convertir el marco legal en proyectos reales, con inversión sostenida y mecanismos de apoyo que garanticen una transición justa para hogares, pymes y regiones más vulnerables.
El pacto deja a la UE con un itinerario claro, más flexible pero exigente, que combina metas intermedias, revisión periódica y salvaguardas para sectores sensibles; ahora toca desplegar políticas y financiación para que el 90% no se quede en un titular y se traduzca en menos emisiones, más competitividad y aire más limpio en toda Europa.
