La seguridad hídrica se ha convertido en una preocupación central para regiones y sectores altamente dependientes del agua, tanto en el sur de Europa como en América Latina. Durante los últimos años, la escasez de precipitaciones, el incremento de la demanda y el impacto del cambio climático han situado a la gestión sostenible del recurso hídrico como prioridad política, económica y social.
España y Chile destacan entre los territorios que han intensificado sus acciones para fortalecer la seguridad hídrica, especialmente en áreas expuestas a la presión de la población, la actividad agrícola, el turismo y fenómenos extremos como sequías o inundaciones.
Refuerzo de la seguridad hídrica en la Costa del Sol
La ampliación de la desaladora de Marbella marca un hito para la Costa del Sol, una zona que multiplica su población en verano y que ha sufrido restricciones y cortes derivados de una de las peores sequías de su historia reciente. Gracias a una inversión de ocho millones de euros, la planta ha recuperado su capacidad máxima de 20 hectómetros cúbicos anuales, cubriendo entre el 15% y el 20% de la demanda total de agua en la comarca.
Esta intervención se integra en un ambicioso plan autonómico que prevé cerca de 2.000 millones de euros en inversiones entre 2019 y 2025 para modernizar infraestructuras, aumentar la producción de agua regenerada y desalada y mejorar la eficiencia de las redes de distribución. Solo en Málaga, ya se han ejecutado 39 actuaciones y otras siete están en marcha, sumando más de 270 millones de euros en total.
El objetivo es ambicioso: alcanzar en 2027 los 160 hectómetros de agua desalada y multiplicar por más de dos la capacidad de regeneración, hasta los 180 hectómetros cúbicos. Andalucía ha logrado ya cuadruplicar la producción de agua regenerada desde 2019. Las actuaciones incluyen también nuevas infraestructuras de saneamiento, la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Río Verde y el impulso de una futura desaladora para la Axarquía.
La colaboración entre administraciones y la adaptación a la presión demográfica, el turismo y el impacto del clima marcan la hoja de ruta para garantizar el desarrollo económico y el bienestar de la población sin comprometer el equilibrio ambiental.
Benidorm y Marina Baixa: planificación, innovación y reutilización
La gestión integral del agua ha otorgado a Benidorm una eficiencia hídrica del 95%, superior a la media nacional, sustentada en la captación sostenible, la monitorización y digitalización, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización. De hecho, el 36% del agua tratada se utiliza para riego y limpieza urbana, evitando el desperdicio y apostando por la economía circular y la innovación tecnológica.
El modelo Benidorm se apoya en una red de colaboración entre el Consorcio de Aguas, Hidraqua, la Universidad de Alicante y las autoridades autonómicas, con inversiones recientes para modernizar la EDAR y participar en el desarrollo de un Plan Director de Agua Regenerada. La planificación comarcal y la interconexión de recursos, junto a la reutilización y digitalización del ciclo hídrico, se consideran esenciales para garantizar la seguridad y resiliencia frente a periodos de sequía o incrementos estacionales de la demanda.
Gestión y desafíos hídricos en Chile: disponibilidad desigual y estrés
Chile se enfrenta a una distribución de recursos hídricos muy desigual: el 75% de la disponibilidad se concentra en el sur, mientras que el centro y norte apenas disponen de un 1%. Según el informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), los usos del agua han crecido notablemente en las últimas décadas, especialmente en minería en el norte, agricultura de riego en el centro-sur y agricultura de secano y silvicultura en el sur.
El estrés hídrico es cada vez más evidente en cuencas centrales, donde se detecta un uso insostenible de aguas subterráneas y una brecha significativa en el acceso al agua potable en zonas rurales. Las proyecciones para finales del siglo XXI prevén una mayor presión sobre la disponibilidad, agravada por la disminución de las precipitaciones y el ascenso de las temperaturas.
La gobernanza del agua en Chile ha avanzado en instrumentos y normativas, como la Ley Marco de Cambio Climático y el Plan de Adaptación del Sector Recursos Hídricos, pero los expertos destacan la necesidad de reforzar la colaboración institucional y la planificación basada en evidencia científica para garantizar la seguridad hídrica y la resiliencia frente a amenazas como la sequía, las crecidas y la contaminación.
El índice de estrés hídrico ha superado el 100% en algunas cuencas durante la última década, lo que indica sobreexplotación. Los impactos afectan al desarrollo rural, la salud pública y los ecosistemas, y exigen inversiones en innovación, eficiencia y políticas inclusivas que aseguren la justicia social en el acceso al recurso.
Innovación, coordinación y asociaciones como motores de cambio hídrico
La tendencia común en las regiones más afectadas por la escasez y la presión demográfica pasa por invertir en nuevas tecnologías, modernizar redes y apostar por la circularidad e integración de recursos no convencionales, como el agua regenerada o desalada.
El papel de las asociaciones profesionales y científicas es fundamental. A través de congresos, foros y encuentros sectoriales, se fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias, la difusión de buenas prácticas y la cooperación internacional. Entidades como la Recuperación de humedales o la gestión del agua en España han mostrado el potencial de la colaboración público-privada y del diálogo institucional para acelerar la implantación de soluciones tecnológicas y superar barreras normativas y sociales relativas al uso de nuevos recursos hídricos.
En la esfera empresarial y universitaria, se destacan avances en la digitalización y control de calidad del agua, la regeneración de membranas de ósmosis inversa, la automatización del control de vertidos y la modernización del regadío, clave para reducir la presión sobre los acuíferos y optimizar el ciclo integral del agua.
