La red eléctrica española ha vuelto a estar en el centro de la tormenta tras registrar varias activaciones de emergencia para evitar un nuevo colapso generalizado. El operador del sistema, Red Eléctrica, se ha visto obligado a cortar el suministro a la industria en cuatro ocasiones este verano, una cifra que no se veía desde los años 90 y que refleja la fragilidad del equilibrio entre generación y demanda. La situación se agrava con el calor extremo, que dispara el uso de aire acondicionado y reduce la eficiencia de las plantas fotovoltaicas.
Los datos económicos no hacen sino confirmar que el sistema camina al límite. Los servicios de operación y el denominado «modo reforzado» han disparado los gastos para el consumidor, mientras el precio de la luz no da tregua. Ante este escenario, el Gobierno ha dado luz verde a partidas millonarias para dotar a la red de nuevas tecnologías de estabilización, y las distintas zonas del país se preparan para la renovación de su infraestructura eléctrica.
Cortes a la industria y coste desorbitado
El martes pasado, Red Eléctrica se vio obligada a interrumpir el suministro a grandes empresas para poder mantener el servicio a los hogares. Fue la cuarta vez en 2026 que se activa el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), un mecanismo que permite reducir el consumo de las fábricas a cambio de una compensación económica. En esa ocasión, el precio alcanzado fue un récord: 211 euros por megavatio/hora, cuando el coste teórico de un ciclo combinado ronda los 183-185 euros. Esta herramienta, diseñada como «válvula de seguridad», nunca se había utilizado tan a menudo, lo que evidencia el estrecho margen de maniobra del sistema.
El gasto asociado a estas medidas se ha disparado. Según un informe publicado por las eléctricas y la gran industria, los servicios de operación del sistema suman cerca de 3.360 millones de euros en la primera quincena de agosto, un 36% más que el año pasado. La puesta en marcha de un «modo reforzado» tras el apagón del 28 de abril obliga a Red Eléctrica a encender más centrales de gas de lo habitual, lo que incrementa el coste y manda señales de precios “distorsionadas”. Las patronales advierten de que este sobrecoste se traslada al recibo y resta competitividad a la economía.
Inversiones para blindar el sistema
Para evitar un nuevo cero eléctrico, el Gobierno aprobó el 3 de agosto una inversión de 615 millones de euros con destino a Red Eléctrica. Esos fondos se usarán para comprar compensadores síncronos (e-STATCOM) y reactancias, equipos que ayudan a estabilizar la tensión ante los vaivenes de las renovables. Junto a esto, se ha dado luz verde a la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, una medida que el sector interpreta como necesaria para dar a la red el soporte de una tecnología síncrona.
En paralelo, se ejecutan mejoras en diferentes puntos del país. En Murcia, la compañía está acometiendo la obra del nuevo anillo de 220 kV, con una inversión de 55,3 millones de euros, que conectará las subestaciones de Espinardo, Murcia y El Palmar. Se ha abierto al tráfico 4,55 kilómetros de la canalización y se prevé la apertura definitiva de varios tramos antes de la Feria de Murcia. En Rincón de la Victoria (Málaga) se llevan a cabo seis intervenciones con 341.147 euros de presupuesto para renovar la red, soterrear cables y aumentar la capacidad.
La transición fotovoltaica y sus retos
La crisis energética ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantear el rol de las renovables. En el XII Foro Solar, el sector ha pedido avanzar en el almacenamiento y en la regulación del control de tensión. La reciente aprobación del procedimiento PO 7.4 permitirá que los fotovoltaicos y otras renovables colaboren en la estabilidad de la red, algo que hasta ahora no estaba permitido. Además, se aboga por interconexiones y por un marco que facilite la inversión en baterías.
La coincidencia de picos de demanda, la ausencia de viento y la caída de producción fotovoltaica al anochecer hacen que los ciclos combinados sigan siendo esenciales. A esto se unen los factores que encarecen el gas, como la baja reservas de la UE, que acaban repercutiendo en el precio final. Fuentes del sector reconocen que el sistema sigue alumbrando y que las mejoras estructurales todavía tardarán en dar fruto, especialmente ante el impacto de la intermitencia renovable en la estabilidad de la red.
El futuro se presenta complejo
España no puede permitirse otro apagón como el de abril, pero el coste de evitar un segundo se hace insostenible. Las medidas de urgencia, los sobrecostes en los servicios de operación y las obras de refuerzo forman parte de un esfuerzo colectivo que se traslada a la factura eléctrica. Mientras tanto, la transición energética requiere acelerar la solución de almacenamiento y ampliar la capacidad de interconexión para garantizar un suministro estable y asequible. Sin estas mejoras, el riesgo de nuevos cortes seguirá latente y el camino hacia un modelo descarbonizado será aún más pedregoso.
