El panorama rural en España está viviendo una agitación que pocos esperaban hace apenas un par de años. Lo que sobre el papel se presenta como una solución idónea para la transición energética, la producción de biometano a gran escala, se ha topado con un muro de indignación ciudadana en diversas comunidades autónomas. Vecinos de localidades en Córdoba, Cáceres o Cuenca han pasado de la sorpresa inicial a una organización férrea para evitar que lo que llaman «macroplantas» se instalen a tiro de piedra de sus casas.
No es que la gente esté en contra de las energías renovables por sistema, ni mucho menos. El problema, según cuentan los portavoces de las diversas plataformas STOP que han brotado como setas, es el modelo que se intenta imponer. Se quejan de que se está vendiendo la moto con la economía circular mientras, en la práctica, se proyectan plantas de biogás en España con modelos en disputa que pretenden procesar miles de toneladas de residuos orgánicos, a menudo traídos de provincias lejanas, convirtiendo a los pueblos en lo que ya denominan como «tierras de sacrificio».
Castilla-La Mancha pone el freno ante el aluvión de críticas
La presión ha sido tal que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha tenido que mover ficha para calmar los ánimos. Tras manifestaciones multitudinarias, como la que recorrió las calles de Cuenca durante el día de la región, la administración autonómica ha anunciado que publicará un decreto para regular estas plantas. Esta normativa supondrá la paralización de todos los proyectos que están ahora mismo en trámites, dándoles un plazo de hasta dos años para adaptarse a unas exigencias mucho más estrictas.
Los colectivos vecinales manchegos, que han llegado a presentar más de 15.000 alegaciones, no terminan de fiarse del todo. Consideran que este movimiento político es un intento de ganar tiempo, pero valoran que al menos se empiece a hablar de distancias mínimas de 2.000 metros respecto a las viviendas. Y es que el miedo a los malos olores y a las plagas de insectos no es una invención; es una realidad que ya sufren en municipios donde este tipo de industrias ya están funcionando sin los filtros adecuados.
Extremadura y el temor a la industrialización del residuo
En tierras extremeñas, la situación no es muy distinta. En Miajadas, conocida por su potente industria del tomate, la preocupación es máxima. Grupos políticos y asociaciones locales advierten de que estas plantas podrían dañar la imagen de los productos de calidad de la zona. Se habla abiertamente de una colonización verde del territorio, donde empresas que no tributan en la región vienen a hacer negocio dejando atrás los problemas ambientales y los camiones cargados de restos de otras zonas.
Desde plataformas ciudadanas en Oliva de Plasencia o Granja de Torrehermosa, se reclama una transparencia que, aseguran, ha brillado por su ausencia. Critican que los proyectos se diseñan en despachos lejanos sin contar con la opinión de quienes viven allí. La idea de que el biogás es siempre positivo se tambalea cuando se analiza la controversia por el auge de nuevas plantas de biogás y el impacto en la salud por las posibles emisiones de gases como el amoníaco o el sulfuro de hidrógeno, que pueden amargarle la vida a cualquiera si la planta está demasiado cerca.
La batalla por el aire limpio en Baena
Bajando hacia Andalucía, el conflicto en Baena se ha centrado en la cercanía de una futura planta de biometano al casco urbano, apenas un kilómetro y medio. Allí, la plataforma local recuerda que el pueblo ya sabe lo que es lidiar con problemas de olores debido a la industria olivarera y no están dispuestos a que la situación empeore. Sostienen que existen alternativas tecnológicas al alperujo mucho más modernas y menos invasivas que no pasan por levantar una macroinstalación industrial al lado de sus colegios y centros de salud.
Lo que parece claro es que el conflicto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Mientras las empresas defienden que cumplen a rajatabla con la legalidad vigente, los vecinos han decidido que su bienestar no tiene precio. El debate sobre dónde deben ubicarse estas instalaciones y quién debe controlar los residuos que gestionan está más vivo que nunca, dejando claro que el futuro de la energía en España tendrá que pasar, sí o sí, por el consenso social y la participación real de la gente que habita el mundo rural.
En definitiva, la proliferación de estos proyectos industriales ha generado un frente común en buena parte del mapa nacional que exige una regulación mucho más garantista. Los ciudadanos no se oponen al progreso tecnológico ni a la sostenibilidad, pero reclaman que estos complejos se instalen con sensatez, respetando distancias prudentes y garantizando que no se ponga en riesgo la calidad del aire o el futuro económico de las comarcas afectadas por una gestión de residuos que parece beneficiar más a las grandes corporaciones que a los propios municipios.
