Madrid acogerá una manifestación nacional contra las macro‑plantas de biogás y biometano impulsada por la coordinadora Stop Biogás España. La cita será en la Puerta de Alcalá el 27 de septiembre a las 12:00, con la participación de más de medio centenar de asociaciones y plataformas vecinales de distintos territorios.
El objetivo, según los convocantes, es frenar un despliegue que consideran perjudicial para el mundo rural y la salud pública. Denuncian que, bajo la etiqueta de “energía verde”, se estarían promoviendo instalaciones con impactos que van más allá de lo que se comunica, afectando a acuíferos, suelos agrícolas y calidad del aire.
Convocatoria: dónde, cuándo y quién convoca
La movilización está impulsada por la coordinadora Stop Biogás España y más de 50 plataformas vecinales, un reflejo del auge del biogás. Entre las adheridas figuran colectivos locales como la Plataforma contra la Macroplanta de Biometano de Castilléjar y “Biogás, Así No – Jambrina Lucha”, además de comarcas que han anunciado su presencia, como la Ribera. El lema más repetido será “Ni en tu pueblo ni en el mío”.
Los organizadores insisten en que se trata de una protesta pacífica y abierta a la ciudadanía. Con esta acción pretenden visibilizar que el debate no es solo técnico, sino también social: qué modelo de desarrollo quieren los pueblos y quién decide sobre su implantación.
Motivos de la protesta
Las plataformas convocantes sostienen que estas macro‑plantas procesan residuos como purines de macrogranjas, lodos de depuradora, subproductos de matadero, alperujos e incluso desechos industriales. A su juicio, el subproducto resultante (digestato) puede contener metales pesados, bacterias resistentes y nitratos que, al emplearse como fertilizante, acaban extendiéndose en campos agrícolas y filtrándose a los acuíferos.
Otra de sus críticas es la ausencia de una legislación específica y de una ordenación territorial que limite la concentración de proyectos. Alertan del “efecto acumulativo” cuando conviven varias instalaciones en pocos kilómetros, un escenario que, según señalan, no se evalúa de forma adecuada y podría generar impactos sinérgicos sobre el entorno.
También reprochan a algunas administraciones que declaren estas plantas de “interés público” para agilizar trámites, lo que, de acuerdo con los colectivos, reduce garantías de transparencia, acorta la participación ciudadana y facilita ventajas fiscales o administrativas. En varios municipios, añaden, se han producido dificultades de acceso a expedientes y documentación técnica.
Los convocantes advierten de que un despliegue masivo podría derivar en un problema ambiental de gran calado si no se corrigen los errores de planificación. Lo comparan con situaciones vividas en el pasado, donde la mala gestión y la falta de previsión amplificaron crisis territoriales, y llaman a actuar antes de que los daños sean irreversibles.
Exigencias y mensajes del movimiento
Stop Biogás España y las asociaciones adheridas piden la paralización inmediata de los proyectos ya aprobados, en tramitación o en exposición pública, así como la prohibición de nuevas macrogranjas y de la ampliación de las existentes. Reclaman un modelo energético descentralizado, con mayor control público y participación real de los vecinos.
- Agua potable libre de contaminantes.
- Tierra fértil para una producción agroalimentaria de calidad.
- Aire limpio y saludable para las próximas generaciones.
- Un modelo energético justo y sostenible, diseñado con y para el territorio.
Los mensajes “No somos tierra de sacrificio” y “Ni en tu pueblo ni en el mío” resumen la posición de los convocantes: oponerse a la implantación de macro‑instalaciones que, según afirman, externalizan costes ambientales y sociales sobre las zonas rurales sin contar con su aprobación.
Apoyos territoriales y voces locales
Desde Castilléjar, su plataforma vecinal recalca que no aceptará proyectos que puedan comprometer sus acuíferos, sus tierras de cultivo y la salud. Colectivos como “Biogás, Así No – Jambrina Lucha” comparten diagnóstico y señalan que no quieren convertir comarcas agrícolas en “vertederos de la transición energética”. La comarca de la Ribera, entre otras, también ha confirmado que se sumará a la movilización.
Las entidades participantes insisten en que quieren decidir el rumbo de su territorio: solicitan información veraz, procedimientos transparentes y evaluaciones acumulativas rigurosas. Aseguran que el debate no es estar contra la energía renovable, sino evitar macroproyectos que puedan generar efectos adversos y optar por alternativas ajustadas a escala local.
Con una convocatoria amplia, lugar y hora definidos, y un argumentario centrado en la protección del mundo rural, la protesta busca situar en la agenda pública los límites y condiciones de estas instalaciones: garantías legales sólidas, participación efectiva y decisiones que prioricen la salud, el agua y la tierra sobre cualquier otra consideración.