El debate sobre las plantas de biometano ha saltado a la primera línea política en Castilla-La Mancha. La reciente aprobación de una modificación legal que otorga a los ayuntamientos la capacidad de frenar estos proyectos ha desatado un cruce de acusaciones entre el Gobierno regional, la oposición y los propios consistorios. Mientras tanto, en localidades como Talavera de la Reina, la ciudadanía y los partidos políticos se enfrentan por la llegada de hasta cuatro instalaciones que prometen tratar cientos de miles de toneladas de residuos al año.
La controversia no solo afecta a la gestión de los purines y otros desechos agroganaderos, sino que también pone sobre la mesa la falta de una normativa específica y la necesidad de transparencia en la tramitación de unos proyectos que, según sus defensores, impulsan la economía circular, pero que para sus detractores suponen una amenaza para la calidad de vida y el medio ambiente.
La nueva ley que da voz a los municipios
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con los votos del Grupo Socialista y el rechazo de PP y Vox, una reforma de la Ley de Evaluación Ambiental que obliga a los plenos municipales a pronunciarse de forma expresa sobre la instalación de plantas de biometano en su término. Hasta ahora, los ayuntamientos solo emitían informes técnicos o urbanísticos, pero con el nuevo texto su decisión tendrá efectos directos sobre la tramitación del proyecto. Si el pleno rechaza la iniciativa mediante una resolución motivada, el procedimiento ambiental se paraliza y la planta no podrá ejecutarse en los términos presentados.
El diputado socialista Francisco Barato ha defendido que la modificación permite pasar de una participación meramente informativa a una intervención «clara, formal y efectiva». Según Barato, deben ser los municipios afectados por el tráfico de camiones, los olores y el impacto sobre la agricultura y la ganadería los que tengan la última palabra. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha añadido que numerosos ayuntamientos esperaban esta reforma «como agua de mayo» para poder aceptar o rechazar las plantas proyectadas en su territorio.
Sin embargo, el Partido Popular ha denunciado que el Gobierno regional pretende utilizar a alcaldes y concejales como «escudo político» para evitar el desgaste de aprobar o denegar estas instalaciones. El diputado Santiago Lucas-Torres ha advertido de que muchos pequeños municipios carecen de técnicos y recursos para analizar proyectos de esta complejidad, y ha señalado que el Consejo de Gobierno podría sortear un rechazo municipal si declara la iniciativa como inversión estratégica. Por su parte, Vox ha alertado de que la reforma aumentará la burocracia y puede generar conflictos cuando una misma instalación afecte a dos localidades con decisiones opuestas.
Talavera, epicentro de la polémica
En Talavera de la Reina, la posible implantación de cuatro plantas de biometano con capacidad para tratar hasta 935.000 toneladas de residuos al año ha generado un intenso enfrentamiento político. El alcalde, José Julián Gregorio, del PP, ha asegurado que «no voy a hacer de Talavera un vertedero» y ha prometido que el Ayuntamiento solicitará «todos los informes habidos y por haber» para garantizar el cumplimiento de la legalidad. Gregorio ha responsabilizado a la Junta de Comunidades, gobernada por el PSOE, de haber dado el visto bueno ambiental al proyecto más avanzado, el de la empresa Five Bioenergy, que gestionará 240.000 toneladas anuales junto al polígono de Cazalegas.
El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha ido más allá al señalar que el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030 contempla la comarca de Talavera como una de las zonas donde podrían instalarse entre cinco y diez plantas. García-Barroso ha rechazado las acusaciones del PSOE de que el alcalde sea el impulsor de estos proyectos y ha recordado que el expediente de la primera planta comenzó a tramitarse en 2023, durante el anterior mandato socialista, sin que entonces se presentaran alegaciones por parte del Ayuntamiento.
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, ha exigido al Gobierno local que paralice de inmediato la tramitación y modifique el planeamiento urbanístico para impedir la instalación de estas plantas. La viceportavoz Flora Bellón ha asegurado que fue el propio alcalde quien «abrió la puerta» a la primera planta al mantener reuniones con los promotores y calificarla en febrero de 2024 como «una buena noticia para la ciudad». Los socialistas también han criticado que el Ayuntamiento de Talavera no presentara alegaciones al proyecto, a diferencia del vecino municipio de Cazalegas, y han reclamado una «voluntad política» clara para frenar lo que consideran un «efecto llamada».
Desde la oposición también se ha señalado que los informes técnicos municipales ya reflejan aspectos positivos, como la dinamización económica y el apoyo al sector ganadero, pero también negativos, como la posible emisión de olores molestos al situarse la planta a menos de 500 metros de suelo urbano. El portavoz socialista José Gutiérrez ha instado al equipo de Gobierno a «tirar del freno de mano» y a modificar el Plan de Ordenación Municipal con la misma determinación con la que se actuó contra las macrogranjas en la pasada legislatura.
Reacciones y próximos pasos
La reforma legal y la controversia en Talavera han puesto de manifiesto la necesidad de un marco regulatorio claro para el biometano en Castilla-La Mancha. Mientras la Junta prepara una normativa específica que incluirá, entre otras medidas, la obligación de que los proyectos sean aprobados por los plenos municipales, el PP y Vox mantienen su rechazo a una ley que, a su juicio, traslada indebidamente la responsabilidad a los ayuntamientos. La consejera Mercedes Gómez ha defendido que los consistorios podrán contar con asesoramiento de las diputaciones y del propio Gobierno regional para tomar decisiones informadas.
En Talavera, el alcalde Gregorio ha insistido en que vigilará que todos los proyectos cumplan la legalidad y ha avanzado que próximamente explicará cuándo comenzó la tramitación del primer expediente, sugiriendo que el PSOE tendrá que «esconder la cabeza». Por su parte, los colectivos vecinales y plataformas como SOS Talavera y Despertemos continúan movilizándose, alertando de los riesgos para la calidad del aire, el agua y el paisaje. La polémica, lejos de apagarse, se ha convertido en un tema central del debate político regional, con la vista puesta en cómo se aplicará la nueva ley y si realmente servirá para que los municipios recuperen el control sobre su territorio.
La situación refleja un conflicto de intereses entre el desarrollo de energías renovables, la gestión de residuos y la calidad de vida de los ciudadanos. Mientras las empresas promotoras defienden el biometano como una oportunidad para la economía circular y la reducción de emisiones, los vecinos y parte de la clase política exigen transparencia, estudios independientes y una participación real en las decisiones que afectan a su entorno. El futuro de estas plantas dependerá de la capacidad de las administraciones para encontrar un equilibrio que satisfaga tanto las necesidades energéticas como las demandas sociales.
