En los últimos meses, la instalación de plantas de biogás se ha convertido en un tema candente en varias comunidades autónomas de España. Mientras que algunos ayuntamientos y empresas defienden estas infraestructuras como una solución para la gestión de residuos y la producción de energía renovable, numerosos colectivos vecinales han alzado la voz para expresar su rechazo. Las protestas se centran en posibles impactos ambientales, olores y el aumento del tráfico pesado, lo que ha llevado a la creación de plataformas como ‘Stop Biogás’ en distintas localidades.
El debate no es nuevo, pero se ha intensificado con la proliferación de proyectos que buscan transformar purines, estiércoles y restos agrícolas en biogás y biometano. La tramitación administrativa de estas plantas incluye períodos de información pública y evaluación de impacto ambiental, procesos que en muchos casos han sido cuestionados por la ciudadanía por falta de transparencia. A continuación, repasamos los casos más destacados y las posturas enfrentadas.
Proyectos de biogás que desatan la controversia
En Morón de la Frontera (Sevilla), la empresa AGR Biogás ha propuesto una planta junto a la carretera A-306, cerca de la laguna de Mancera. El proyecto, que aún está en fase de información pública, ha generado una fuerte oposición vecinal. Los residentes de la urbanización La Ramira, situada a menos de dos kilómetros, temen por su calidad de vida y la salud, y han creado la plataforma ‘No a la planta de biogás en Morón’. La empresa, por su parte, asegura que la instalación estará a más de tres kilómetros del casco urbano y que no provocará olores.
En Benacazón, también en Sevilla, la Plataforma Stop Biogás Aljarafe Doñana ha convocado concentraciones para protestar contra una macroplanta que prevé tratar hasta 140.000 toneladas anuales de residuos. Los vecinos alertan sobre el impacto en el Parque Nacional de Doñana y exigen una revisión del emplazamiento. El alcalde de Benacazón, Pedro Oropesa, ha asegurado que no autorizará la planta si no se garantiza que no causará perjuicios.
En Castrogonzalo (Zamora), la plataforma Stop Biogás Comarca de Benavente celebró una segunda charla informativa a la que asistieron unos 70 vecinos. Los asistentes cuestionaron la procedencia de los residuos que se utilizarían, sospechando que podrían llegar purines de fuera de la comarca. El alcalde, Gonzalo García, estuvo presente pero no intervino, lo que generó malestar entre los asistentes.
En la Región de Murcia, los ayuntamientos de Totana y San Javier han denegado sendos proyectos de plantas de biogás. En Totana, el consistorio estimó parcialmente las alegaciones vecinales y concluyó que el proyecto de Naturmet Totana SL presentaba deficiencias técnicas de ubicación, impacto paisajístico y accesibilidad. En San Javier, el gobierno local consideró que la planta de Enagás Renovables no tenía encaje urbanístico al no existir cebaderos de cerdo en el municipio.
Decisiones administrativas: unos dicen sí, otros no
Mientras algunos proyectos son rechazados, otros reciben luz verde. En Colmenar Viejo (Madrid), la Junta de Gobierno Local ha concedido la licencia para la construcción de una planta de biogás a pesar de las protestas vecinales que se prolongan desde hace años. El concejal de Urbanismo, Jorge Domínguez, defendió que el expediente cuenta con cerca de medio centenar de informes técnicos favorables y que denegar la licencia sin justificación legal sería arbitrario. La planta tendrá una capacidad máxima de 75.000 toneladas anuales y no tratará purines ni restos de animales, según el consistorio.
En la provincia de Palencia, el proyecto de una planta de biogás en el término municipal de Mantinos, promovido por Proyecto Pitma Generación 02, se encuentra en fase de evaluación de impacto ambiental. La instalación está diseñada para gestionar 123.000 toneladas anuales de residuos, principalmente purines porcinos y vacunos, así como paja de trigo. La empresa destaca que la planta compartirá accesos y conexiones con otra instalación prevista en el polígono de Campondón, minimizando así nuevos impactos.
En Baena (Córdoba), Oleícola El Tejar ha organizado una jornada informativa para explicar su proyecto de planta de biogás destinada al aprovechamiento del alperujo, un subproducto de la producción de aceite de oliva. El presidente de la cooperativa, Francisco Serrano, defendió la tecnología como una solución limpia y necesaria para evitar el colapso en la gestión de estos residuos. Contó con el respaldo de la Universidad de Córdoba, que avaló la viabilidad técnica y ambiental de la iniciativa.
En otros puntos de la geografía española, como Santomera y Las Torres de Cotillas (Murcia), los ayuntamientos también han frenado proyectos similares tras la oposición ciudadana. En Molina de Segura, la asociación de empresarios del polígono La Polvorista ha llevado a los tribunales la construcción de una planta de biogás por considerar que afecta a una zona inundable, aunque las obras están a punto de finalizar.
Argumentos a favor y en contra de las plantas de biogás
Los defensores de estas instalaciones subrayan que forman parte de la economía circular y contribuyen a la transición energética. La Unión Europea respalda el biogás y el biometano como fuentes estratégicas para alcanzar la neutralidad climática en 2050, según recordaron tanto el Ayuntamiento de Colmenar Viejo como los promotores del proyecto de Baena. Además, la producción de digestato como fertilizante orgánico permite cerrar el ciclo de nutrientes.
Por el contrario, los colectivos opositores denuncian la falta de información previa y la opacidad en la tramitación. En Castrogonzalo, los vecinos aseguran que el ayuntamiento conocía el proyecto desde hacía dos años y no informó a la población. En Morón, la plataforma local ha reclamado transparencia y garantías demostrables antes de autorizar la instalación. Las preocupaciones se centran en los olores, el tráfico de camiones, el consumo de agua y el posible impacto sobre los acuíferos.
Los informes técnicos, sin embargo, suelen avalar la viabilidad de los proyectos. En Colmenar Viejo, el expediente acumula medio centenar de informes favorables de distintas administraciones, y en Guardo la evaluación de impacto ambiental destaca los beneficios de compartir infraestructuras con otras plantas. No obstante, los vecinos insisten en que la distancia a núcleos urbanos no es suficiente para garantizar la ausencia de molestias.
Ante la proliferación de proyectos, diversas voces reclaman una planificación territorial que evite la concentración de plantas en zonas sensibles. La Plataforma Stop Biogás Aljarafe Doñana ha solicitado a la Junta de Andalucía que evalúe los efectos acumulativos de estas instalaciones, mientras que en Totana el ayuntamiento ha señalado la falta de justificación de alternativas en suelo industrial. La necesidad de un debate sosegado y basado en datos contrastados parece ser la asignatura pendiente.
El mapa de las plantas de biogás en España refleja una realidad compleja: mientras que algunas administraciones apuestan por ellas como herramienta de desarrollo rural y energético, otras ceden ante la presión vecinal y frenan los proyectos. Lo que está claro es que la controversia no se apagará mientras no se resuelvan las dudas sobre los impactos reales y se garantice una información transparente a la ciudadanía. El futuro de estas instalaciones dependerá en buena medida de la capacidad de diálogo entre empresas, administraciones y vecinos.
