La Plataforma contra la planta de biogás Granja Conchita ha registrado esta semana una queja formal ante la Oficina del Procurador del Común de Castilla y León, con el objetivo de que este órgano intervenga ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para paralizar el proyecto de biometano que se quiere levantar en el término municipal de Herrera de Duero. La asociación, que agrupa a vecinos y colectivos ecologistas, pide que se abra una investigación sobre la tramitación ambiental y se emitan recomendaciones que impidan su construcción.
La instalación, según consta en la documentación técnica, se ubicará en el paraje de Granja Conchita, a escasa distancia del núcleo urbano y del cauce del Duero. La Plataforma sostiene que el proyecto no se ajusta a la normativa sectorial y que se han detectado graves deficiencias en el informe de impacto ambiental. Por eso, además de exigir una revisión completa del expediente, reclama que se tengan en cuenta las nueve alegaciones que se han recogido en el escrito presentado ante el Procurador.
La gestión del agua y la proximidad al río, en el punto de mira
Una de las principales críticas de la Plataforma es la gestión hídrica y la vulnerabilidad del Duero en la zona. La asociación dice que en el proyecto se aprecian cifras diferentes sobre el consumo anual de agua, y además se reconoce una dependencia parcial de aportes externos, algo que ven preocupante porque la instalación estaría a pocos metros de la ZEC (Zona de Especial Conservación) y del río.
Según el documento de queja, el informe de impacto ambiental no analiza con profundidad el riesgo de filtraciones ni de vertidos descontrolados. La Plataforma cita el apartado 4.3 del propio informe, donde se admite la posibilidad de que en caso de avenida extraordinaria la planta pueda sufrir daños y arrastrar contaminantes. La asociación teme una contaminación masiva del Duero, que podría afectar tanto a la fauna como a la flora autóctonas, y recuerda que esta zona está protegida por la Red Natura 2000.
Otro de los puntos que se critican es la dependencia del sistema para su funcionamiento de aportes externos de residuos orgánicos, lo que implicaría una continua entrada de camiones y un consumo de agua mayor del esperado. La Plataforma destaca que no hay datos consistentes sobre la generación de digestato ni sobre su destino, un aspecto que se exige en este tipo de proyectos y que aquí queda sin aclarar.
Distancia a las viviendas: menos de 300 metros según la asociación
La la asociación señala que la planta se pretende levantar a solo 300 metros del casco urbano de Herrera de Duero, mientras que las buenas prácticas del sector, representadas por la Asociación Empresarial de Biogás (AEBIG) recomiendan un mínimo de 200 metros de distancia a núcleos residenciales. Sin embargo, el proyecto prevé instalar la unidad en un área próxima a viviendas, y la plataforma incide en que el informe de impacto no menciona este dato en su análisis.
La plataforma considera que la proximidad implica una afección directa en la calidad de vida de los vecinos, tanto por el ruido como por el tránsito de vehículos pesados. Además, señala que la urbanización de la zona está pensada para un uso residencial y no para albergar instalaciones que generan un impacto ambiental constante.
El riesgo de filtraciones también es un argumento principal. La Plataforma destaca que el informe ambiental solo se centra en el terreno para una zona inundable, pero no detalla ninguna medida de prevención o impermeabilización concreta para evitar que el vertido contamine el suelo o el acuífero. Se trata de una reclamación que se ha sostenido en otras alertas de movimientos ciudadanos sobre el exceso de residuos en este tipo de instalaciones.
El tráfico pesado y la evaluación simplificada
Otro de los problemas que la Plataforma destaca en su queja es la incidencia del tráfico pesado. Para trasladar hasta la planta una cantidad estimada de 50.000 toneladas de residuos anuales, se necesitarían un mínimo de 2.000 entradas de camiones al año, es decir, una media de unos 5,5 camiones diarios, lo que puede aumentar la carga circulatoria en unas vías de acceso que no disponen de ningún plan de mantenimiento a cargo del promotor.
La plataforma también denuncia que el estudio de impacto ambiental se haya tramitado como evaluación simplificada y no como una ordinaria. Esta segunda sería la correcta, asegura, porque el proyecto está cerca de espacios Natura 2000 y el entorno es sensible. Las quejas en este punto son constantes, puesto que se entiende que una infraestructura de este tipo necesita un control mucho más exhaustivo de la que se ha realizado, sobre todo para garantizar la protección de los ecosistemas.
Además, se exige que el estudio olfatométrico se realice antes de la autorización ambiental y no un año después de la puesta en marcha. El informe actual indica que se llevará a cabo a los 12 meses de comenzar la operación, lo que significa que los vecinos podrían estar expuestos a fuertes olores durante un periodo considerable sin que se hayan valorado con anterioridad. La Plataforma sostiene que esto contradice el principio de prevención y vulnera el derecho a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Contradicciones urbanísticas y falta de transparencia
En lo relativo al suelo, la instalación se prevé en suelo rústico, pero el colectivo denuncia que las características del proyecto responden a una actividad industrial, dado que se prevé inyectar el metano generado en la red de gas hasta conectarla con el polígono La Mora. Esa contradicción urbanística, según dicen, debería motivar una autorización especial que no consta en el expediente.
La Plataforma también habla de la falta de respuesta de la Administración regional a las solicitudes de acceso al expediente. Los responsables de la asociación aseguran que han solicitado la documentación en varias ocasiones, pero no han obtenido una respuesta eficaz para garantizar el acceso público ni para permitir una participación real en el procedimiento. Este hecho se recoge también en la queja presentada ante el Procurador del Común, porque entienden que limita el ejercicio de los derechos medioambientales recogidos en la normativa europea.
La plataforma se muestra especialmente insistente en la necesidad de que se revisen todos los aspectos citados, ya que la instalación podría generar riesgos irreparables sobre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. El procurador del Común tiene ahora la posibilidad de elevar las recomendaciones pertinentes a la Consejería de Medio Ambiente, una labor que la asociación espera que se inicie de manera inmediata. Con esta nueva acción, los vecinos reafirman su determinación por detener una iniciativa que consideran desproporcionada y peligrosamente ubicada.
Por ahora, el colectivo continúa con la recogida de alegaciones y sigue de cerca los próximos pasos administrativos, mientras la Junta estudia la documentación técnica. Lo cierto es que la presión vecinal no cesa, y la Plataforma ha logrado que la voz de Granja Conchita se escuche más allá de las fronteras municipales, elevando el debate sobre la instalación de plantas de biometano en entornos cercanos a zonas habitadas y ecosistemas frágiles. La decisión de las autoridades será determinante para confirmar si la normativa urbanística y ambiental se aplica con rigurosidad en este tipo de proyectos o si se prima, de nuevo, el interés industrial por encima del derecho colectivo a un medio ambiente seguro.