La proyectada planta de hidrógeno verde en Paysandú, en la ribera uruguaya del río Uruguay, se ha convertido en el nuevo epicentro de tensión entre Montevideo y Buenos Aires. El complejo, impulsado por la multinacional HIF Global, promete ser una de las mayores inversiones energéticas de la región, pero su ubicación frente a la provincia argentina de Entre Ríos ha encendido todas las alarmas políticas, judiciales y medioambientales al otro lado del río.
Mientras el gobierno uruguayo presenta el proyecto como una apuesta estratégica por los combustibles limpios y un paso más en su transición energética, desde la orilla argentina crecen las advertencias sobre posibles daños ecológicos y el temor a repetir el duro conflicto binacional que rodeó a la antigua pastera de Botnia en Fray Bentos. En este clima, el hidrógeno verde se ha colado de lleno en la agenda diplomática de los dos países del Río de la Plata.
Un megaproyecto de hidrógeno verde y e‑combustibles en Paysandú
La iniciativa de HIF Global en Paysandú está concebida como un complejo industrial de gran escala dedicado a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos (e‑combustibles) para exportación. Los documentos presentados ante las autoridades uruguayas y los tribunales argentinos hablan de una inversión que se sitúa entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la mayor inversión extranjera directa en la historia reciente de Uruguay.
Según los proyectos técnicos difundidos, la planta se levantará a unos 15 kilómetros del casco urbano de Paysandú y a apenas 3‑4 kilómetros en línea recta de la ciudad argentina de Colón, en Entre Ríos. Esta cercanía a uno de los tramos turísticos más concurridos del río Uruguay es uno de los puntos que más inquietud genera en autoridades y vecinos argentinos, que reclaman cambios en la localización.
El complejo prevé la instalación de áreas de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis alimentada por electricidad renovable, instalaciones de almacenamiento químico, plantas energéticas de apoyo y uso intensivo de agua dulce. A partir del hidrógeno generado se producirán e‑metanol y e‑gasolina a gran escala, con cifras que rondan las 876.000 toneladas anuales de e‑metanol y unas 313.000 toneladas de e‑gasolina, destinadas principalmente a mercados internacionales como el europeo y el asiático.
El proyecto se ubica en el entorno del Área Protegida Islas del Queguay, una zona de alta sensibilidad ambiental por sus ecosistemas fluviales y su biodiversidad. Este aspecto, unido al elevado consumo previsto de recursos hídricos y a la magnitud de la infraestructura industrial, ha colocado el impacto ambiental potencial en el centro del debate público tanto en Uruguay como en Argentina.
Uruguay, laboratorio del hidrógeno verde en la región
El desarrollo de la planta en Paysandú no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia nacional uruguaya para posicionarse en el mapa global del hidrógeno verde. Con una matriz eléctrica que ya supera el 95% de generación renovable y un reconocido liderazgo en energía eólica, Uruguay busca ahora dar el salto de la exportación de electricidad a la exportación de energía en forma de moléculas, es decir, hidrógeno y sus derivados.
En este contexto, la planta de Paysandú se sitúa en la categoría de megaproyecto, mientras que en otros puntos del país avanzan iniciativas de diferentes tamaños. En Fray Bentos, por ejemplo, se construye la planta Kahirós, un proyecto piloto valorado en torno a 38 millones de dólares orientado al abastecimiento de transporte pesado mediante hidrógeno verde. Su objetivo principal es comprobar en condiciones reales la viabilidad tecnológica y logística de esta nueva cadena de valor energética.
También en marcha, pero en fase de diseño y evaluación ambiental, se encuentra el proyecto Tambor, en el departamento de Tacuarembó. Esta iniciativa industrial, respaldada por una inversión estimada de 1.000 millones de dólares, plantea la producción de 84.000 toneladas anuales de hidrógeno verde que posteriormente se transformarán en e‑metanol para exportación, principalmente a mercados europeos con objetivos climáticos exigentes.
El proyecto Tambor incluye un parque eólico de 33 aerogeneradores, generación solar complementaria, una gran planta de electrólisis y una represa destinada a garantizar el abastecimiento de agua del sistema. Según los estudios difundidos en Uruguay, la fase de construcción podría generar unos 1.300 empleos directos, ilustrando el potencial de esta industria para dinamizar economías regionales.
Con estos y otros proyectos sobre la mesa, el mapa del hidrógeno verde uruguayo se organiza hoy en tres niveles: proyectos piloto ya en ejecución, iniciativas industriales en evaluación y megaproyectos, como el de Paysandú, en fase de permisos y diseño previo a la decisión final de inversión. El país aún no produce hidrógeno verde a escala masiva, pero está en una fase decisiva de despegue.
La batalla judicial y política en Entre Ríos
Del lado argentino, la planta de Paysandú ha desencadenado una ofensiva judicial y política en Entre Ríos, donde una parte de la dirigencia local teme que el caso derive en lo que ya muchos llaman una “nueva Botnia”. Tres legisladores nacionales entrerrianos —Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl— han presentado una demanda civil preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global, alegando incumplimientos del Estatuto del Río Uruguay y la posibilidad de daños ambientales irreparables.
La acción judicial sostiene que Uruguay estaría avanzando de forma “unilateral” en la tramitación de permisos para la planta de combustibles sintéticos, sin remitir toda la documentación técnica y ambiental a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de gestionar el curso de agua compartido. Según los demandantes, esa omisión impediría a Argentina evaluar con rigor el impacto sanitario y ecológico del proyecto.
La causa ha quedado radicada en la jurisdicción federal de Concepción del Uruguay, después de que la fiscal María Josefina Minatta dictaminara que el expediente no puede llegar directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria. En su dictamen, fechado el 18 de marzo, la fiscal recordó que el acceso directo al máximo tribunal es una vía de excepción, reservada a supuestos muy tasados como litigios entre provincias o causas que involucren a embajadores y diplomáticos.
Apoyándose en la jurisprudencia del célebre caso “Sojo”, Minatta subrayó que los Estados extranjeros y sus representaciones no están habilitados a litigar de forma directa ante la Corte Suprema en este tipo de procesos, por lo que el conflicto debe seguir el carril habitual en los juzgados federales de primera instancia. El dictamen reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a defender intereses ambientales colectivos, pero deja claro que esa protección no legitima saltarse las etapas procesales ordinarias.
Gracias a esta resolución, la Justicia federal entrerriana queda habilitada para adoptar medidas preventivas como el reconocimiento judicial de las costas frente a Paysandú y la realización de análisis técnicos del agua del río Uruguay en la zona de Colón. Estas diligencias buscan documentar con detalle la situación ambiental actual, con vistas a comparar posibles cambios si la planta llega a construirse y entrar en operación.
El fantasma de Botnia y la disputa por la localización
En paralelo a la vía judicial, la planta de hidrógeno verde ha encendido un cruce político intenso en Entre Ríos, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. Desde hace semanas, el mandatario provincial repite que su administración “no puede permitir otra Botnia” frente a las playas entrerrianas, en alusión al antiguo conflicto por la pastera de Fray Bentos que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya y provocó cortes prolongados en los puentes internacionales.
Frigerio ha insistido en que no se opone al desembarco de inversiones industriales que generen empleo, pero reclama que la planta se relocalice algunos kilómetros río arriba o río abajo, de manera que no quede situada justo enfrente de las playas y zonas turísticas más concurridas de Colón. En varias intervenciones públicas y en redes sociales ha defendido que se trata, simplemente, de una cuestión de “sentido común” más que de rechazo al progreso o al empleo.
El gobernador ha llegado a plantear como referencia la posibilidad de desplazar el proyecto unos 30 kilómetros de la costa argentina, de modo que se reduzca el impacto visual y se aleje la infraestructura industrial del corazón turístico entrerriano. Al mismo tiempo, ha reconocido que, mientras no se resuelvan los problemas de efluentes cloacales e industriales en su propia provincia, la autoridad moral para cuestionar la contaminación ajena es limitada, algo que ha justificado con el impulso de nuevas obras de saneamiento a lo largo del río.
Estas posiciones han sido duramente criticadas por figuras políticas de la propia Entre Ríos, como el diputado Guillermo Michel, quien acusa a Frigerio de “inacción” y de haber llegado tarde al frente judicial. Para el legislador, la falta de gestión obligó a recurrir a los tribunales federales para intentar frenar o condicionar el avance de la planta, y reprocha al gobernador haber intentado “distraer” a la población local mientras el proyecto seguía su curso.
A este clima se suman los recuerdos del conflicto con Botnia‑UPM: quejas persistentes de vecinos por olores desagradables, denuncias de cambios en la calidad del agua y episodios de escapes tóxicos admitidos en su momento por la empresa, que acabó reestructurando sus operaciones y cambiando de propietarios. Más recientemente, el primer derrame de ácido sulfúrico registrado en la planta de UPM en Fray Bentos, tras 17 años de actividad, ha reavivado el debate sobre la seguridad industrial en la ribera uruguaya.
Respuesta de Uruguay: garantías ambientales y diplomacia activa
Ante el aumento de la presión desde Entre Ríos, el gobierno uruguayo ha optado por una estrategia de calma pública y énfasis en las garantías ambientales. El presidente Yamandú Orsi ha reconocido haber abordado el tema directamente con el embajador argentino en Montevideo, Alan Béraud, aprovechando encuentros como la Expoactiva Nacional para trasladar el mensaje de que Uruguay está dispuesto a dialogar y a escuchar las preocupaciones del vecino país.
Orsi sostiene que el desarrollo del proyecto responde a una decisión de inversión privada apoyada por el Estado uruguayo, y se muestra confiado en que se podrán alcanzar acuerdos que ayuden a descomprimir la tensión con las comunidades de la costa argentina. Según el presidente, el canciller Mario Lubetkin mantiene un contacto fluido con su homólogo argentino, Pablo Quirno, para ir despejando dudas técnicas y políticas sobre la evolución de la planta de Paysandú.
Por su parte, Lubetkin ha defendido públicamente que Uruguay no quiere repetir el escenario de los cortes de puentes que marcó el conflicto de Botnia entre 2005 y 2010. Frente a las advertencias del gobernador Frigerio, el canciller ha respondido que “nadie quiere que se repita lo de los puentes”, subrayando que, a diferencia de aquella época, hoy existe un canal de diálogo más ordenado entre las dos orillas.
El Ministerio de Ambiente uruguayo tramita el proyecto de HIF Global bajo el régimen de “Alta Complejidad”, lo que implica un procedimiento de evaluación ambiental especialmente exhaustivo. Tras haber obtenido la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) a finales de 2025, la empresa presentó en marzo de 2026 la solicitud formal de Autorización Ambiental Previa (AAP), un paso clave antes de cualquier obra relevante sobre el terreno.
Lubetkin ha recalcado que, durante esta fase, se incorporaron al estudio de impacto ambiental las preguntas y preocupaciones trasladadas por las autoridades argentinas, incluidas las referidas al impacto visual sobre Colón y al uso de recursos hídricos. La idea que intenta transmitir el Ejecutivo uruguayo es que el proyecto solo avanzará si se demuestra que puede cumplir estándares ambientales exigentes sin comprometer la calidad del ecosistema fluvial compartido.
El papel de Paysandú y las sensibilidades locales
En el plano local, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se ha transformado en una voz clave a la hora de intentar rebajar la tensión del debate público. Aunque defiende la oportunidad que representa el proyecto para la economía sanducera, Olivera insiste en la necesidad de “ser cuidadoso en los tonos y en las formas” cuando se habla del tema, especialmente en respuesta a las declaraciones encendidas que llegan desde la vecina Entre Ríos.
El jefe comunal recuerda que las preocupaciones expresadas por Colón y la provincia de Entre Ríos fueron integradas en el estudio de impacto ambiental exigido por el Ministerio de Ambiente a HIF Global. Entre los puntos analizados se encuentran la posible afectación visual del paisaje desde la costa argentina y las medidas de mitigación paisajística que plantea la empresa para reducir esa huella en el entorno.
Olivera recurre con frecuencia a la experiencia del litigio de Botnia ante La Haya como advertencia sobre los riesgos de dejar que la confrontación suplante al diálogo. A su juicio, aquel conflicto debería haber dejado la lección de que, cuando la irracionalidad se impone al intercambio diplomático, las poblaciones de ambos lados son las que terminan pagando el precio, ya sea en forma de bloqueos, deterioro de la convivencia o pérdida de oportunidades económicas.
Para el intendente, la situación actual es distinta a la de hace dos décadas: ahora existe una mayor cultura de cooperación entre Uruguay y Argentina y un entramado jurídico internacional más consolidado en materia ambiental. No obstante, reconoce que la palabra “Botnia” despierta todavía memorias muy recientes y que cualquier gran instalación industrial sobre el río Uruguay será escrutada al detalle por organizaciones sociales, sectores productivos y autoridades de ambos países.
En este escenario, Paysandú se mueve entre la expectativa por los posibles beneficios económicos y laborales de la planta —desde la construcción hasta la eventual operación comercial— y la responsabilidad de garantizar que el desarrollo no comprometa la calidad ambiental del litoral ni reabra heridas diplomáticas que la región aún no ha terminado de cerrar del todo.
Una apuesta energética con Europa en el horizonte
Más allá del pulso binacional, la planta de hidrógeno verde en Uruguay encaja en una tendencia global marcada por la descarbonización de sectores difíciles de electrificar directamente, como el transporte marítimo de larga distancia, la aviación, la industria química o la producción de fertilizantes. En este contexto, Europa se perfila como uno de los principales destinos potenciales de los e‑combustibles que Uruguay aspira a producir.
La Unión Europea ha fijado objetivos climáticos muy exigentes y prevé una demanda creciente de importaciones de hidrógeno verde y derivados para alcanzar sus metas de reducción de emisiones. Países con abundantes recursos renovables y estabilidad institucional, como Uruguay, se ven así en posición de convertirse en proveedores estratégicos de combustibles limpios para el mercado europeo, que busca alternativas a los combustibles fósiles tradicionales.
La hoja de ruta uruguaya en materia de hidrógeno verde plantea, precisamente, la diversificación de la matriz productiva y la generación de nuevas exportaciones de alto valor añadido, pasando de vender materias primas a exportar tecnología y energía procesada. La colaboración con empresas internacionales como HIF Global se interpreta como un modo de acceder a capital, conocimiento y mercados que difícilmente podrían alcanzarse solo con recursos locales.
Sin embargo, esta apuesta no está exenta de riesgos: el sector requiere inversiones muy elevadas, infraestructuras logísticas complejas, una regulación clara y estabilidad en la demanda externa. Además, los proyectos se ven sometidos a un escrutinio ambiental intenso, tanto en lo relativo al consumo de agua y suelo como al impacto visual, la biodiversidad y la gestión de residuos.
En el caso concreto de Paysandú, el desafío pasa por demostrar que es posible compatibilizar la vocación exportadora hacia mercados como el europeo con la preservación del entorno del río Uruguay y el respeto de las reglas del juego binacionales. Solo si estas condiciones se cumplen, el hidrógeno verde podrá consolidarse como un nuevo pilar de la economía uruguaya sin reavivar de forma duradera la conflictividad con Argentina.
El avance de la planta de hidrógeno en Uruguay ha puesto sobre la mesa, una vez más, la delicada convivencia entre desarrollo industrial y protección ambiental en un río compartido y con antecedentes conflictivos. Mientras Montevideo ve en Paysandú una pieza clave para entrar en la liga de los exportadores de combustibles limpios, Entre Ríos mira con recelo la proximidad de la obra a sus playas y recurre a la Justicia para reforzar controles y procedimientos. Entre promesas de inversión millonaria, garantías técnicas y demandas binacionales, el futuro del proyecto dependerá de que ambos países consigan equilibrar intereses económicos, exigencias ecológicas y sensibilidad social sin volver a convertir el río Uruguay en un foco de confrontación prolongada.
