Puente Castro vuelve a estar en el centro del debate energético con la continuidad de la planta de biomasa que alimentaría la red de calor de León y la renuncia oficial a la proyectada instalación de biogás en el mismo enclave. La iniciativa, promovida por la empresa pública Somacyl, afronta en paralelo un recurso contra su autorización ambiental y un clima de contestación vecinal creciente.
El cambio de escenario se produce tras el archivo del expediente ambiental del biogás por la Junta, que aceptó la retirada voluntaria de Somacyl al no poder garantizar suficiente fracción orgánica de residuos urbanos para operar con solvencia. Mientras, la planta térmica de biomasa junto al cementerio municipal se mantiene como pieza clave de la futura red, con un presupuesto global del plan superior a 70 millones de euros.
Qué queda del plan energético en Puente Castro
La renuncia a la planta de biogás quedó formalizada en el boletín autonómico tras la comunicación de Somacyl, que adujo la falta de suministro estable de materia orgánica como causa principal. La resolución consideró el trámite concluido y abrió un breve plazo para posibles alegaciones antes del archivo definitivo.
En contraste, la central térmica de biomasa continúa su curso como corazón de la red de calor prevista para la ciudad. La ubicación propuesta, en el entorno sur de León y junto al cementerio, ha suscitado críticas por la cercanía a áreas residenciales y equipamientos sensibles como colegios, instalaciones deportivas o el Coto Escolar.
Desde la Junta se defiende la red como infraestructura de modernización: se insiste en que permitiría retirar centenares de chimeneas, mejorar la calidad del aire respecto a sistemas dispersos y abaratar la calefacción y el agua caliente en viviendas y edificios públicos, siguiendo modelos de calefacción urbana consolidado en otros países europeos.
El movimiento vecinal del sur de León mantiene movilizaciones y recogidas de firmas, y se han anunciado nuevos pasos legales ante los posibles impactos en salud y calidad de vida. Plataformas ciudadanas consideran que el proyecto debe replantearse con mayor consenso y con otra ubicación.
Recursos y tramitación: así se impugna el proyecto
Ecologistas en Acción ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la autorización ambiental de la central de biomasa. Solicitan su suspensión y alegan que la autorización es nula por defectos de forma y por vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística.
Entre los argumentos formales, el colectivo cita la falta de indicación de vías y plazos de recurso en la publicación de la autorización y la insuficiencia de la documentación sometida a información pública, al faltar informes esenciales que no habrían estado disponibles en los plazos preceptivos.
El recurso cuestiona el uso de la figura de Proyecto Regional como paraguas del trámite ambiental, al entender que se ha empleado de manera expansiva para un proyecto de alcance local, modificando el planeamiento y autorizando actividad industrial en suelo rústico con protección sin acreditar un interés supramunicipal.
También se apunta a una carencia de alternativas de ubicación y a la desclasificación de suelos protegidos sin justificación ambiental suficiente. A juicio de los recurrentes, el expediente debería rehacerse con una evaluación ambiental específica de la instalación.
Emisiones, salud y modelo de red de calor
La potencia térmica prevista, 88 MWt, sitúa a la planta entre las grandes instalaciones de combustión del entorno urbano leonés. Ecologistas en Acción estiman emisiones anuales del orden de 312 toneladas de gases ácidos, 205 toneladas de monóxido de carbono, alrededor de seis toneladas de partículas en suspensión y varios kilos de mercurio, además de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados.
Los críticos sostienen que los valores límite de emisión fijados se ubican en rangos demasiado permisivos y llaman la atención sobre la contribución de la quema de biomasa a las partículas finas en ciudades, un contaminante clave para la salud pública según la literatura científica.
La Administración autonómica, por su parte, argumenta que la red reducirá emisiones difusas al sustituir miles de calderas individuales y centralizar el sistema con mejores técnicas disponibles. En el discurso a favor del proyecto se añade la expectativa de ahorro en la factura energética de hogares e instituciones.
Colectivos vecinales piden garantías verificables sobre la supuesta reducción de costes y reclaman seguimiento sanitario para la población del entorno, dada la proximidad a viviendas y equipamientos. El debate técnico sobre inventarios de emisiones y comparativas con el gas natural está aún abierto.
Abastecimiento de biomasa, movilidad y viabilidad económica
Otro flanco sensible del expediente es el suministro de combustible: se prevé un consumo de unas 128.000 toneladas anuales de astilla forestal. Los recursos presentados piden un estudio detallado de disponibilidad y logística para evitar sobreexplotación forestal y asegurar precios asumibles, como ya se ha exigido en proyectos similares.
La logística asociada preocupa por el incremento del tráfico pesado. Se han calculado hasta una treintena de camiones diarios en temporada invernal para abastecer a la central, con accesos que compartirían vial con el cementerio municipal, un aspecto que vecinos consideran inadecuado por razones de convivencia y entorno.
También se señalan vacíos en la justificación económica y funcional: ausencia de un padrón inicial de usuarios de la red, falta de informes detallados sobre ciclo del agua y movilidad, y una estimación de demanda que, según los críticos, no está suficientemente respaldada por datos públicos.
En el plano político, distintas fuerzas han pedido frenar o replantear la ubicación. La UPL mostró su rechazo y el PSOE autonómico reclama parar el proyecto hasta contar con una regulación específica y consensuada que fije distancias de seguridad y criterios claros para instalaciones de este tipo.
Desde la Consejería se mantiene la defensa de la red de calor como inversión de modernización, con referencias a experiencias europeas y a la retirada de chimeneas en otras ciudades de la comunidad. La oferta de diálogo persiste, si bien la contestación social continúa al alza en Puente Castro y La Lastra.
