La planificación territorial del biogás en Navarra a debate en el Parlamento

  • Exigencia de un marco normativo que defina criterios claros de implantación y gestión de residuos.
  • Petición de una prórroga para la moratoria actual ante la falta de desarrollo reglamentario.
  • Creación de una mesa intersectorial que incluya a entidades locales y plataformas vecinales.
  • Solicitud de un informe detallado sobre el estado administrativo de todos los proyectos en curso.

Planta de biogás y planificación territorial

El despliegue de las energías renovables en la Comunidad Foral está viviendo un episodio de gran intensidad política. Parece que el sector del biogás y el biometano en Navarra no termina de encontrar su sitio sin levantar polvareda, y es que el Parlamento navarro ha dado un golpe sobre la mesa esta semana. La Comisión de Desarrollo Rural ha aprobado una resolución de peso que insta al Gobierno foral a ponerse las pilas con una planificación territorial, ambiental y agronómica específica para estas instalaciones, buscando que no se den pasos en falso en la transición energética regional.

La propuesta, que ha contado con el respaldo de grupos tan diversos como UPN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin, pone el foco en que no basta con querer ser verdes, sino que hay que hacerlo con orden. Los parlamentarios consideran fundamental que existan reglas de juego nítidas que marquen la capacidad máxima por zonas y cómo se deben gestionar los digestatos resultantes de los procesos de producción. Mientras tanto, formaciones como el PSN y Geroa Bai han optado por la abstención, aunque reconociendo que es necesario analizar con lupa cómo se integran estas infraestructuras en el paisaje y la economía local.

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Un marco regulatorio para frenar la incertidumbre

Uno de los puntos que más ampollas levanta es la sensación de que se ha empezado la casa por el tejado. El texto aprobado critica que el Ejecutivo haya impulsado proyectos sin contar previamente con un mapa real de capacidad territorial para la gestión de nitrógeno. Esta falta de previsión ha trasladado, según denuncian los proponentes, una presión excesiva a los pequeños ayuntamientos y concejos, que se ven a menudo desbordados por solicitudes de plantas de gran tamaño sin tener herramientas legales claras para evaluarlas.

Para solventar este embrollo, la Cámara reclama un informe exhaustivo que detalle qué ha pasado exactamente desde que se aprobó la moratoria integral para las plantas de biogás. Quieren saber qué proyectos siguen en pie, cuáles se han ido al traste y qué autorizaciones han sido anuladas o suspendidas hasta la fecha. No se trata solo de una cuestión de números, sino de garantizar que cualquier avance cuente con una seguridad jurídica que proteja tanto a los inversores como al medio ambiente y a los vecinos que viven cerca de las posibles ubicaciones.

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Participación ciudadana y futuro de la moratoria

La participación no puede ser un simple trámite burocrático en un tema que toca tan de cerca el día a día de las zonas rurales. Por eso, se ha pedido con insistencia que se convoque de forma vinculante la mesa intersectorial, un espacio donde organizaciones agrarias, cooperativas y expertos técnicos puedan decir la suya. La idea es que este foro no sea solo para cubrir el expediente, sino un lugar donde se defina un modelo de biogás equilibrado y transparente que evite los conflictos sociales por el impacto ambiental que han brotado en diversas localidades navarras últimamente.

Ante el hecho de que todavía queda mucho trabajo por hacer en el desarrollo de la normativa ambiental, el Parlamento también ve con buenos ojos que se alargue la pausa en la concesión de licencias. Esta ampliación de la moratoria se plantea no como un freno al progreso, sino como una necesidad derivada de la falta de regulación suficiente por parte del departamento competente. En el fondo, lo que se busca es que, cuando se vuelvan a abrir los expedientes, Navarra tenga un ecosistema normativo garantista que no deje flecos sueltos en la gestión de los residuos ganaderos y orgánicos.

El panorama actual sugiere que el desarrollo de esta tecnología en la región debe pivotar hacia proyectos de tamaño medio o pequeño, más enfocados a la autogestión y con un impacto controlado. La clave de todo este proceso reside en lograr que el aprovechamiento energético de los desechos no se convierta en un problema mayor que el que intenta resolver, asegurando que la sostenibilidad social y económica caminen de la mano. Conseguir ese equilibrio exigirá un esfuerzo de consenso político y técnico que evite la improvisación en una materia tan sensible para el equilibrio territorial navarro.

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