La oposición a las plantas de biogás se extiende en España: nuevas regulaciones y protestas

  • Protestas vecinales y recogidas de firmas contra plantas de biogás en varias comunidades
  • Lugo modifica su ordenanza para exigir 3 kilómetros de distancia
  • El PSOE aragonés denuncia el rechazo de PP y Vox a una regulación autonómica
  • La falta de normativa común lleva a los ayuntamientos a tomar sus propias medidas

Plantas de biogás

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Lugo aprueba una distancia mínima de 3 kilómetros

Planta de biogás

El Ayuntamiento de Lugo ha dado luz verde a la modificación del artículo 80 de su Ordenanza de Protección Ambiental para exigir que las plantas de biogás situadas en suelo rústico se ubiquen a una distancia mínima de 3.000 metros de los núcleos de población. La medida, calificada de pionera por la alcaldesa Elena Candia, responde a la demanda de los vecinos, que se han movilizado contra proyectos como el de Coeses. La modificación, que ha pasado el periodo de consulta previa, será sometida a exposición pública tras su paso por el pleno.

La decisión llega ante la ausencia de una regulación específica a nivel autonómico o estatal. En Lugo, la plataforma ‘Lugo non quere cheiros’ considera que la distancia es insuficiente y teme que la Xunta pueda otorgar a estos proyectos la condición de interés autonómico, lo que permitiría saltarse la norma.

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El rechazo político en Aragón

En las Cortes de Aragón, el PSOE presentó una proposición no de ley para regular la implantación de plantas de biogás y biometano, pero fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox. La iniciativa proponía una moratoria de seis meses y una planificación territorial con criterios de proximidad y participación pública. Desde CHA y Teruel Existe apoyaron la propuesta, mientras que el PP defendió que ya existe ordenación y que el pacto de gobierno incluye medidas al respecto.

El diputado socialista Carlos Ros criticó que no se haya aprobado una regulación que dé garantías a los municipios ante los 75 proyectos en tramitación en la comunidad. La falta de acuerdo deja el asunto en el aire, mientras que varios ayuntamientos han decidido tomar sus propias medidas estableciendo distancias mínimas de seguridad.

Las próximas semanas serán clave para ver cómo evolucionan las protestas y si los gobiernos locales y autonómicos logran consensuar una normativa que dé respuesta a las demandas vecinales. La voz de los ciudadanos se ha hecho oír con fuerza en toda España, y el debate sobre el biogás está lejos de cerrarse.

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