La nueva Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias arranca de nuevo su tramitación

  • El Gobierno de Canarias reinicia por la vĆ­a de urgencia la Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales.
  • El texto se adapta al dictamen del Consejo Consultivo para reforzar la seguridad jurĆ­dica y el reparto de competencias.
  • La norma unificarĆ” en una sola ley la planificación, conservación y gestión de la biodiversidad terrestre y marina del archipiĆ©lago.
  • Se priorizan la coordinación administrativa, la participación pĆŗblica y la gestión sostenible de los recursos naturales insulares.

Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias

El Gobierno de Canarias ha decidido volver a poner en marcha la tramitación de la Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales, una norma clave para ordenar cómo se protege y se gestiona el patrimonio natural del archipiélago. Tras varios años de parón, el Ejecutivo autonómico reactiva el anteproyecto con la intención de corregir los problemas detectados y acelerar su aprobación.

Esta futura ley pretende convertirse en el marco jurídico de referencia para la conservación, restauración y uso sostenible de la naturaleza en Canarias, integrando en un solo texto normas e instrumentos que ahora estÔn repartidos en diferentes disposiciones. El territorio canario, con una biodiversidad única en Europa y ecosistemas especialmente frÔgiles, se sitúa así en el centro del debate legislativo ambiental.

Reinicio del anteproyecto y tramitación de urgencia

El Consejo de Gobierno regional, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ha acordado reiniciar desde la casilla de salida el procedimiento del anteproyecto de ley. Aunque se parte del trabajo técnico y jurídico ya realizado, el Ejecutivo abre un nuevo expediente porque las modificaciones introducidas se consideran de suficiente calado como para exigir una tramitación completa.

La decisión llega después de que el Consejo Consultivo de Canarias emitiera un extenso dictamen en el que subrayaba carencias en la técnica normativa del texto inicial, posibles solapamientos con la legislación bÔsica estatal y riesgos para el principio de seguridad jurídica. A pesar de que este informe se elaboró hace unos tres años, es ahora cuando el Gobierno canario ha optado por retomar el proceso de forma formalizada.

Con el fin de dar respuesta rÔpida a las necesidades ambientales del archipiélago, el Ejecutivo ha optado por impulsar la ley mediante el procedimiento de urgencia. Esta vía busca acortar los plazos administrativos sin prescindir de las fases obligatorias de informes, consultas y participación pública que preceden a la aprobación de un proyecto de ley.

Según la información facilitada por el propio Gobierno, el nuevo impulso administrativo permite aprovechar el conocimiento acumulado en fases anteriores, incluidos los trabajos de anÔlisis y redacción ya realizados, al tiempo que se introducen correcciones destinadas a reforzar su solidez jurídica y la adecuación al marco competencial vigente entre el Estado y la comunidad autónoma.

Ajustes al dictamen del Consejo Consultivo y seguridad jurĆ­dica

Uno de los puntos mÔs sensibles del proceso ha sido la necesidad de corregir los aspectos cuestionados por el Consejo Consultivo de Canarias. El dictamen advertía que, en su redacción original, el anteproyecto incurría en vulneraciones del reparto constitucional de competencias en determinados preceptos y generaba dudas de seguridad jurídica en al menos una decena de artículos.

El Ejecutivo regional sostiene que, a partir de ese anÔlisis, se ha elaborado una versión revisada del texto que mejora su coherencia interna, refuerza su estructura y evita duplicidades con la normativa estatal. De este modo, se pretende salvaguardar el espacio competencial propio de la comunidad autónoma sin invadir las materias reservadas al Estado, especialmente en lo relativo a la legislación bÔsica sobre biodiversidad y recursos naturales.

La revisión también busca pulir la técnica legislativa empleada, clarificando conceptos, armonizando definiciones y ordenando de forma mÔs sistemÔtica los diferentes títulos y capítulos. Con estos cambios, la norma aspira a ser mÔs clara para las administraciones, los operadores jurídicos y la ciudadanía, reduciendo así posibles conflictos interpretativos futuros.

En este contexto, el Gobierno subraya que la nueva redacción intenta ofrecer un marco legal estable, comprensible y alineado con la normativa europea y estatal en materia de conservación de la naturaleza, al tiempo que se adapta a las particularidades insulares de Canarias.

Un marco integral para el patrimonio natural de Canarias

La futura Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales se concibe como la primera norma autonómica que integra y ordena de manera completa los instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad canaria. Hasta ahora, estos instrumentos se encontraban dispersos en diferentes leyes y reglamentos, lo que complicaba su aplicación coordinada.

El objetivo declarado es dotar al archipiélago de un marco jurídico integral para la protección, conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural. Esto incluye desde la planificación de espacios protegidos hasta la regulación de la gestión de especies y hÔbitats, pasando por la ordenación de los recursos naturales y las medidas de seguimiento ambiental.

El texto se centrarÔ especialmente en las singularidades del territorio insular, caracterizado por una elevada biodiversidad, una fuerte endemicidad (especies exclusivas de las islas) y una marcada fragilidad ecológica. Estas condiciones hacen necesario un enfoque específico que tenga en cuenta tanto la presión humana como las amenazas derivadas del cambio climÔtico.

En la prÔctica, la norma aspira a unificar criterios y establecer un lenguaje común para todas las administraciones y sectores implicados en la gestión del medio natural. Con ello se pretende evitar contradicciones entre planes, reducir la burocracia superpuesta y facilitar la aplicación efectiva de las políticas de conservación en todo el territorio canario.

Protección de ecosistemas terrestres, marinos y costeros

Entre los contenidos mÔs destacados del anteproyecto figura la incorporación expresa de la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, un aspecto especialmente relevante en un territorio insular rodeado por el océano AtlÔntico. La ley quiere abarcar tanto los espacios terrestres como los marítimos bajo competencia autonómica.

El texto prevé herramientas de planificación ambiental para especies y hÔbitats, así como medidas orientadas a la gestión sostenible de los recursos naturales. Esto abarca desde la preservación de Ôreas de alto valor ecológico hasta la regulación de actividades que puedan afectar al equilibrio de los ecosistemas, en especial en zonas litorales muy presionadas por el turismo y el desarrollo urbano.

AdemÔs, la futura norma integrarÔ los diferentes sistemas de conocimiento científico y de seguimiento ambiental ya existentes en Canarias. La intención es que la toma de decisiones se apoye en datos actualizados y en el trabajo de la comunidad científica, facilitando la evaluación del estado de conservación de especies y hÔbitats y permitiendo ajustar las políticas cuando sea necesario.

De este modo, la ley busca articular un marco común que abarque la planificación, la conservación de la biodiversidad y la utilización responsable de los recursos naturales, reduciendo el riesgo de deterioro irreversible de los ecosistemas y aumentando la capacidad de respuesta ante amenazas ambientales como la pérdida de hÔbitats, la contaminación o la sobreexplotación.

Coordinación administrativa y participación pública

Otro de los pilares del anteproyecto es el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas. El Gobierno de Canarias quiere establecer reglas claras para la colaboración entre la comunidad autónoma, los cabildos insulares y los ayuntamientos, con el fin de evitar solapamientos de competencias y mejorar la eficacia de las actuaciones.

La norma se propone ordenar los instrumentos de intervención administrativa relacionados con la biodiversidad, de forma que los distintos permisos, autorizaciones y planes se articulen de manera coherente. Con esto se persigue reducir trÔmites innecesarios, clarificar las responsabilidades de cada nivel de gobierno y asegurar que todas las medidas vayan en la misma dirección.

Asimismo, el proceso de tramitación del texto legal incluye fases de consultas e información pública antes de su aprobación definitiva. En estas etapas, tanto instituciones como organizaciones sociales, científicas y ciudadanía en general podrÔn formular observaciones y propuestas, lo que permite enriquecer el contenido de la norma y detectar posibles carencias.

El Ejecutivo regional destaca que la ley reforzarÔ las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural, creando un marco mÔs robusto para aplicar políticas ambientales a largo plazo. Una vez que el anteproyecto supere los trÔmites administrativos internos, se convertirÔ en proyecto de ley y serÔ remitido al Parlamento de Canarias para su debate y eventual aprobación.

Con toda esta arquitectura normativa en marcha, Canarias se prepara para contar con un instrumento legal propio, sistemÔtico y actualizado que desarrolle en el Ômbito autonómico la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales, adaptÔndola a la realidad de un archipiélago con una riqueza biológica excepcional y, al mismo tiempo, muy vulnerable.

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