El debate sobre la nueva ley de biocombustibles en Argentina ha entrado en una fase decisiva. Mientras el Senado analiza el proyecto presentado por Patricia Bullrich, la industria del biodiésel y la del bioetanol mantienen posturas encontradas que podrían determinar el futuro del sector. La propuesta de separar el tratamiento de ambos biocombustibles ha ganado fuerza en los últimos días, con el objetivo de desbloquear una negociación que lleva años estancada.
En este contexto, las cámaras empresarias del complejo aceitero y de biocombustibles han intensificado su presión para que el Congreso avance con una reforma de la ley de biocombustibles en Argentina que, según aseguran, permitiría modernizar el mercado y aumentar la producción. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que hoy abastecen el mercado interno temen perder sus cuotas si se abre la competencia. La discusión, que combina intereses económicos, políticos y ambientales, tiene en vilo a todo el sector.
El debate legislativo y la propuesta de desacoplar
Durante la II Cumbre del Bioetanol celebrada en Tucumán, los principales referentes de la cadena del bioetanol plantearon una alternativa concreta: separar el capítulo del bioetanol del correspondiente al biodiésel para permitir que el primero avance en el Congreso. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, coincidieron en que la falta de acuerdo en el sector del biodiésel está generando ‘una parálisis en el mundo legislativo’ que perjudica a todo el proyecto. ‘Es necesario desacoplar’, sostuvo Adam, quien advirtió que si el biodiésel no logra un consenso, los productores de etanol impulsarán exclusivamente su capítulo.
Esta postura fue respaldada por el diputado nacional Andrés Leone, de La Libertad Avanza, quien reconoció que se está evaluando dejar de lado la cuestión del biodiésel para avanzar con el bioetanol. ‘No puede un biocombustible frenar el desarrollo de otro biocombustible’, afirmó. Sin embargo, la senadora Flavia Royón se mostró en contra de esa iniciativa, argumentando que la ley debe discutirse en su integralidad. El proyecto oficial, presentado por Bullrich, contempla elevar el corte de bioetanol del 12% al 15% y modificar el sistema de comercialización, entre otros cambios.
La industria aceitera y del biodiésel piden subir el corte al 12,5%
Por su parte, las cámaras que representan a los fabricantes de biodiésel y al complejo aceitero, como CARBIO y CIARA, consideran prioritario que el Senado emita dictamen sobre el proyecto de Bullrich. Su principal reclamo es elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% actual al 12,5%, dos puntos y medio por encima del 10% que contempla la iniciativa. Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO, argumentó que ‘hoy existen precios competitivos contra el gasoil importado’ y que un mayor corte ‘abriría la oferta a la libre competencia en un plazo razonable a partir de 2030, sin sacrificio fiscal’. Según el directivo, todo aumento de biodiésel redundaría en mejoras de precios para las exportaciones de aceite de soja.
La industria sostiene que ha realizado fuertes inversiones durante décadas y genera más de 30.000 puestos de trabajo. Zubizarreta aclaró que no se han alcanzado acuerdos formales con otros sectores, pero alentó el diálogo permanente. ‘El Senado es el lugar indicado para encontrar soluciones regulatorias’, afirmó. La propuesta de las cámaras busca promover la competencia, la inversión y la producción, al tiempo que beneficie al consumidor con una baja en el precio del biodiésel.
Las pymes, en contra de la apertura del mercado
El principal obstáculo para avanzar con una reforma integral se encuentra en el sector del biodiésel, donde las pequeñas y medianas empresas que actualmente abastecen al mercado interno se oponen a la apertura de la competencia. Estas pymes, que operan bajo el régimen de la Ley 27.640, temen que la entrada de grandes compañías integradas del complejo agroexportador las deje fuera del negocio. El proyecto de Bullrich propone un período de transición que reduciría progresivamente los cupos para las empresas ‘no integradas’ hasta llegar a un mercado completamente desregulado en 2031. Las pymes, que hoy detentan un cupo obligatorio del 7,5%, consideran que esta medida pondría en riesgo sus plantas y los empleos asociados.
En este escenario, la discusión se ha centrado en el Senado, donde el expediente 809/26 ingresó el 14 de mayo y fue girado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, todavía no se ha emitido dictamen. La presión de las cámaras empresarias y la amenaza de desacoplar el bioetanol del biodiésel podrían forzar una definición en las próximas semanas. Mientras tanto, el sector sigue a la espera de una señal clara que permita planificar inversiones a largo plazo.
El futuro del bioetanol y los vehículos flex
Aunque el foco del debate está en el biodiésel, el proyecto también contempla cambios significativos para el bioetanol. Además de elevar el corte del 12% al 15%, se propone habilitar la utilización de vehículos Flex Fuel, capaces de funcionar con diferentes concentraciones de etanol, incluso hasta el 100% en modelos preparados. Esta medida, inspirada en el modelo brasileño, permitiría ampliar el mercado más allá del corte obligatorio. Patrick Adam destacó que Brasil combina un mandato del 32% con un mercado libre de aproximadamente 20 puntos, lo que significa que el 52% del combustible para transporte es bioetanol. ‘Queremos mayores opciones para los consumidores’, afirmó.
La industria del bioetanol también defiende la eliminación del sistema de cupos y precios fijados por el Estado, reemplazándolo por un mecanismo de licitaciones en un mercado electrónico. Según los productores, esto generaría un esquema más competitivo y transparente, y daría previsibilidad a las inversiones. Además, se busca reconocer los planes provinciales de utilización de biocombustibles, un aspecto clave para las regiones productoras. La posibilidad de desarrollar un mercado voluntario por encima del corte obligatorio podría generar una demanda adicional de hasta 2 millones de metros cúbicos de etanol, según estimaciones del sector.
La nueva ley de biocombustibles se ha convertido en un punto de inflexión para el sector energético argentino. La presión de la industria del biodiésel por un mayor corte, la resistencia de las pymes a la apertura del mercado y la propuesta de desacoplar el bioetanol del biodiésel configuran un escenario complejo que el Senado deberá resolver. Mientras tanto, los actores del sector coinciden en que es necesario actualizar un marco regulatorio que quedó obsoleto frente a la evolución tecnológica y productiva. La decisión que se tome en los próximos meses marcará el rumbo de una industria que busca consolidarse como un pilar de la transición energética en la región.
