La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la biodiversidad y la estabilidad social en distintas regiones de Sudamérica. Esta actividad clandestina, llevada a cabo al margen de la ley y sin controles medioambientales, genera desde pérdidas millonarias de recursos hasta la degradación irreversible de ecosistemas como la Amazonía y los grandes bosques tropicales. Los gobiernos de la región han intensificado sus esfuerzos para combatir el fenómeno, mediante operativos policiales, reformas legales y el uso innovador de la tecnología para cortar las redes de apoyo a las mafias dedicadas a la extracción y tráfico de minerales.
En los últimos meses, las autoridades de diferentes países han lanzado intervenciones contundentes y han procurado fortalecer el marco jurídico para desarticular las estructuras criminales que se benefician de la minería ilegal. Los resultados de estas acciones confirman que la colaboración entre instituciones y la aplicación de políticas innovadoras pueden marcar la diferencia, aunque el desafío persiste debido a la complejidad y el alcance internacional de estas redes.
Perú intensifica operativos y confisca oro vinculado a minería ilegal
En Perú, los cuerpos de seguridad han llevado a cabo recientes intervenciones de gran envergadura en zonas clave donde operan mineros ilegales. En la provincia de Condorcanqui, ubicada en el departamento de Amazonas, se realizó un megaoperativo con la participación de más de cincuenta agentes de policía ambiental, unidades de operaciones especiales y representantes del Ministerio Público. La coordinación del Ejército y la Fuerza Aérea permitió la destrucción de maquinaria y materiales valorados en casi 13 millones de dólares.
Durante la operación se inutilizaron excavadoras, motores, plantas de beneficio mineral, generadores eléctricos, campamentos e infraestructura logística diseñada para facilitar la explotación ilegal. Entre los materiales destruidos se encontraron miles de metros de manguera, decenas de barriles y galones de combustible, antenas satelitales y kilómetros de caminos no autorizados que servían tanto para el tráfico de bienes como para la salida clandestina de minerales hacia el extranjero. Según fuentes oficiales, en las áreas intervenidas se hallaron señales claras de degradación ambiental, producto del accionar inescrupuloso de las mafias, que además vulneran territorios indígenas y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades locales.
El sistema judicial peruano también ha dado pasos importantes para frenar el flujo de dinero ilícito derivado de la minería ilegal. Recientemente, una operación logró la incautación de una barra de oro valorada en más de 600.000 dólares que intentaba ser enviada a la India sin respaldo legal claro de su procedencia. La intervención, basada en la figura de extinción de dominio, se apoyó en una investigación técnica que determinó el origen ilícito del mineral y permitió transferir la barra al control del Estado. Este procedimiento revela cómo las herramientas legales pueden impedir que los beneficios económicos de la minería ilegal se legitimen a través del sistema financiero o exportador.
Venezuela: bosques bajo amenaza por minería ilegal y deforestación acelerada
Venezuela enfrenta una alarmante pérdida de cobertura forestal, con la desaparición de más de 27.000 hectáreas de bosque en solo cuatro meses de 2025, principalmente en los estados Amazonas y Bolívar, al sur del Orinoco. Esta devastación se atribuye en gran medida a la expansión de la minería ilegal, junto con actividades como la tala y la agricultura sin control, que aceleran la destrucción de los ecosistemas.
El avance de la minería clandestina no solo destruye la vegetación, sino que también contamina ríos con sustancias tóxicas como el mercurio, degrada los suelos y desplaza especies animales. Los bosques tropicales venezolanos, fundamentales para la regulación climática y el almacenamiento de carbono, ven comprometidas sus funciones ecológicas por la acción de grupos que operan al margen de la ley y aprovechan la debilidad de los controles estatales.
Expertos advierten que la falta de vigilancia, la corrupción y la carencia de alternativas económicas sostenibles han llevado a comunidades a depender de la minería ilegal, lo que incrementa los conflictos sociales y ambientales en la región.
Amazonía brasileña: tecnología y acuerdos para frenar el crimen ambiental
Brasil ha implementado una estrategia innovadora mediante un acuerdo con la empresa Starlink para limitar el uso de internet satelital en la Amazonía. Los grupos criminales usaban esta tecnología para coordinar sus operaciones, anticipar movimientos policiales y organizar evacuaciones rápidas de sus campamentos ante los operativos.
Con la entrada en vigor del acuerdo, los usuarios en áreas protegidas deben validar su identidad y domicilio para activar el servicio. Además, la empresa se compromete a proporcionar información geolocalizada de los equipos implicados en investigaciones oficiales y suspender las conexiones vinculadas a actividades ilícitas de forma inmediata.
Este avance pretende que la tecnología deje de ser un facilitador del delito y pase a ser una herramienta para proteger la selva. El acuerdo, con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de extensión, podría servir como modelo para otros países que enfrentan desafíos similares en regiones remotas y de difícil acceso.
Es fundamental fortalecer los controles sobre la venta y distribución de dispositivos tecnológicos, incrementar la vigilancia en áreas protegidas y mejorar la cooperación internacional para combatir la minería ilegal y otras amenazas ambientales en la Amazonía y en toda la región.
Las acciones recientes en Perú, Venezuela y Brasil reflejan la urgencia de abordar el problema con estrategias diversas, desde operativos de confiscación y cambios legales, hasta regulaciones tecnológicas de servicios digitales. La lucha contra la minería ilegal y la destrucción ambiental requiere la participación constante de gobiernos, organizaciones y la ciudadanía.