El debate sobre la necesidad de una transición ecológica profunda suele chocar siempre con el mismo obstáculo: el coste. Reducir emisiones, electrificar el transporte o transformar la industria requiere un esfuerzo económico colosal que a menudo resulta difÃcil de justificar para los gobiernos, especialmente en un contexto geopolÃtico complejo. Sin embargo, organismos internacionales como la ONU llevan años insistiendo en que combatir la crisis climática no es un agujero sin fondo, sino una inversión altamente rentable. Un reciente informe técnico elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Climate and Clean Air Coalition lo deja claro: por cada dólar invertido en este ámbito se generan unos 15 dólares en beneficios económicos y sociales.
Mientras tanto, en el terreno de la salud pública y el urbanismo, los datos son igualmente contundentes. El primer informe Lancet Countdown sobre salud y cambio climático en ciudades europeas, publicado en The Lancet Public Health, analiza 850 urbes del continente y concluye que los residentes urbanos están cada vez más expuestos a los peligros del calentamiento global. Las ciudades del sur de Europa, y muy especialmente las españolas, se llevan la peor parte: la mortalidad relacionada con el calor ha aumentado un 161% en la última década en esta región, y localidades como Castellón de la Plana han visto dispararse las muertes por temperaturas extremas en más de un 500%.
La ecuación económica de la acción climática
El informe de la ONU, que ha sido respaldado por datos de la Organización Mundial de la Salud y la revista médica The Lancet, presenta una ecuación matemática contundente. Al sumar los beneficios de mercado, como el menor coste energético, y los beneficios no comerciales, como las vidas salvadas, la inversión en medidas climáticas se multiplica por 15. Incluso si se excluyen los beneficios sociales y nos centramos únicamente en criterios mercantilistas, las polÃticas climáticas devuelven 4 dólares por cada dólar invertido. En términos macroeconómicos, la aplicación de estas polÃticas generarÃa beneficios equivalentes al 2,8% del PIB mundial en 2035, una cifra que escalarÃa al 4,5% en 2050 y alcanzarÃa un espectacular 11,4% del PIB global para el año 2100.
Pero la letra pequeña también existe. Cada año que retrasamos la toma de decisiones climáticas, la economÃa global pierde más de 1,5 billones de dólares, según advierte el propio informe. Además, los autores reconocen que la ratio de 15 a 1 es una media calculada y no significa que cualquier proyecto concreto, como instalar un parque eólico o comprar una flota de autobuses eléctricos, vaya a generar exactamente ese retorno. Gran parte de ese espectacular beneficio económico proviene de ponerle precio a los beneficios no comerciales que supone tener una población más sana y productiva, una práctica común en la economÃa de la salud pero que depende de variables éticas y metodológicas que pueden alterar el resultado final.
La salud, el gran damnificado
Más allá del dinero, hay otra cifra que duele especialmente: la de las muertes evitables. La contaminación ambiental y doméstica causa unas 6,7 millones de muertes prematuras al año, según la OMS, y The Lancet eleva esa estimación a 9 millones. El escenario modelizado por la UNEP proyecta que la aplicación completa de las medidas climáticas evitarÃa hasta 144 millones de muertes prematuras hasta 2050, de las cuales unos 96 millones estarÃan directamente asociadas a la reducción de la contaminación ambiental, como las partÃculas PM2,5, mientras que el resto derivarÃa de la disminución de la contaminación doméstica y el ozono troposférico.
En el ámbito climático, aplicar las medidas oportunas permitirÃa evitar 0,34 °C de calentamiento global para 2050 y hasta 1,4 °C para 2100, lo que cuadra con el sexto informe de evaluación del IPCC. Reducir contaminantes de vida corta, como el metano en el cambio climático, frena enormemente el calentamiento a corto plazo y produce beneficios inmediatos para la salud, según concluye el IPCC. En España, los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III cifran en 5.433 los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas desde el pasado 15 de mayo, la cifra más alta para un periodo estival desde que hay registros en 2015.
Las ciudades españolas, en primera lÃnea
El informe Lancet Countdown Europe, en el que han participado casi 60 investigadores de una treintena de instituciones académicas europeas, incluido el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), analiza 28 indicadores en más de 850 ciudades europeas. La conclusión principal es que las urbes se encuentran «en primera lÃnea» de los riesgos asociados al calentamiento global, debido a la concentración de población, las infraestructuras que retienen calor y la falta de espacios verdes. En España, hasta 2,8 millones de personas de un total de 48,1 millones vivÃan en 98 ciudades en 2023, y aproximadamente un tercio de la población urbana corresponde a personas mayores de 65 años o menores de 15, grupos especialmente vulnerables ante los efectos del calor.
Los datos son alarmantes. La mortalidad relacionada con el calor ha aumentado en las ciudades españolas en casi 100 defunciones por millón de habitantes (un 136%) entre 2015 y 2024, y sitúan a Castellón de la Plana a la cabeza, tras pasar de una tasa de 25,7 a 168,1 fallecimientos por millón de habitantes en dicho periodo. El aumento en esta ciudad es del 563,5%, el mayor de toda Europa. Le siguen de cerca otras urbes del sur como Sevilla y Córdoba, que encabezan el listado de las mayores caÃdas en horas trabajadas por empleado al año debido a las anomalÃas de temperatura.
Faltan árboles y sobra asfalto
Frente a este escenario, los investigadores destacan la importancia de aumentar la cobertura vegetal en las ciudades para «refrescar los entornos urbanos y reforzar la resiliencia de las comunidades». Solo el 12% de las ciudades españolas contaba en 2020 con un 30% o más de su superficie arbolada, el porcentaje recomendado por la Comisión Económica de la ONU para Europa. La media nacional se sitúa en el 13,2% de la superficie urbana, muy lejos de la recomendación internacional. Cuenca destaca como la ciudad española con mayor porcentaje de su extensión cubierta por árboles (48.500 hectáreas, más del 50% de la superficie municipal), mientras que en el extremo contrario se sitúa Cádiz, con apenas una hectárea.
En cuanto a los avances, Torrejón de Ardoz (Madrid) es el municipio que más superficie arbolada ha ganado en lo que llevamos de siglo, pasando de 4,9 a 17,4 hectáreas, un aumento del 257%. Los investigadores recuerdan que sustituir superficies asfaltadas por terrenos con vegetación es clave para favorecer el enfriamiento urbano, reducir la contaminación atmosférica y proteger la salud pública. El efecto isla de calor urbana, que se produce cuando el asfalto y el cemento retienen el calor durante el dÃa, es especialmente acusado en el sur de Europa. Granada se lleva la palma: entre 2003 y 2020, la ciudad andaluza registró más de 300 dÃas en los que las temperaturas urbanas superaron a las de las zonas rurales circundantes en más de 1,5 °C.
Movilidad sostenible: asignatura pendiente
El informe también analiza la movilidad sostenible, un factor clave para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. Las ciudades españolas obtuvieron en 2022 una puntuación media de 5,3 sobre 10 en este apartado, con Pamplona a la cabeza (6,8 sobre 10). Salamanca se sitúa como la ciudad más transitable a pie (el 68% de todas las vÃas son aptas para peatones), mientras que Lorca, en Murcia, es la menos caminable (20,3%). En cuanto a infraestructura ciclista, Cádiz ofrece los mejores datos (el 19% de todas las vÃas cuenta con carriles bici), mientras que Alcalá de Guadaira, en Sevilla, cierra la lista con solo un 1%.
El transporte público también muestra grandes desigualdades. Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, lidera la clasificación con el 82% de su superficie a menos de 250 metros de una parada de transporte público, mientras que Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, solo alcanza el 0,3%. Los investigadores señalan que menos del 10% de las vÃas ciclistas en España contaba con sombra de árboles entre 2018 y 2020, un dato preocupante porque «la construcción de infraestructuras peatonales y ciclistas resistentes al calor, sobre todo mediante sombra natural de los árboles, se está convirtiendo en algo fundamental» para mantener la movilidad durante los episodios de calor extremo.
España propone un fondo europeo de adaptación
Ante este panorama, el Gobierno español ha decidido pasar a la acción. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha propuesto a la Comisión Europea la creación de un fondo de adaptación al cambio climático que incluirÃa aportaciones de diversa Ãndole, gravámenes a empresas e instrumentos de deuda europeos. En su carta al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, Aagesen subraya que «Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, aproximadamente al doble de la tasa media mundial», y que en 2024 y 2025 las temperaturas globales superaron temporalmente los 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales.
El documento plantea la necesidad de un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, y reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias. España propone establecer un sistema permanente de respuesta ante emergencias climáticas, con un sistema europeo de despliegue rápido con recursos compartidos, asà como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos. También se plantea la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds) y la integración de los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros del sector financiero europeo.
La ministra española insiste en que «los enfoques reactivos son insuficientes para afrontar los riesgos actuales y futuros, con implicaciones crecientes para nuestra seguridad, prosperidad y competitividad». España apoya firmemente un marco europeo integrado de resiliencia climática ambicioso, acorde a la magnitud del reto, y a nivel nacional el Gobierno está impulsando un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. La propuesta española llega después de un verano en el que los impactos climáticos se han dejado sentir con fuerza en todo el continente, y en pleno debate sobre cómo financiar la transición ecológica sin dejar a nadie atrás.
En definitiva, los datos son claros: la acción climática no solo es necesaria para evitar los peores escenarios, sino que además es económicamente rentable. Cada año de retraso cuesta billones de dólares y miles de vidas, mientras que las ciudades españolas y europeas siguen sin adaptarse al ritmo necesario. La combinación de inversión pública, planificación urbana sostenible y movilidad limpia puede marcar la diferencia, pero el tiempo corre en contra. Como advierten los investigadores del ISGlobal, «hay mucho por hacer, las medidas ya las conocemos, pero necesitamos las herramientas técnicas y financieras» para llevarlas a cabo.
