Andalucía refuerza su papel como referencia europea en agroalimentación sostenible con el arranque del trámite parlamentario de la nueva ley de producción ecológica para el sector. En un contexto de debate técnico y social, la comunidad afianza su liderazgo ecológico y busca un marco que dé estabilidad a agricultores, ganaderos y a la cadena de valor.
El proceso se abre con apoyos y matices: organizaciones agrarias, sindicatos y entidades especializadas han expuesto propuestas, incluidas nuevas ayudas y certificaciones, para mejorar el texto. Muchos coinciden en que la ley debe ser ambiciosa, clara y operativa, con medidas que se noten tanto en el campo como en el mercado.
Tramitación parlamentaria y alcance de la norma
La Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz celebró una sesión monográfica para analizar el anteproyecto. El texto prevé ayudas, incentivos, campañas de promoción y un órgano consultivo que agrupe la participación del sector, además de priorizar lo ecológico en la contratación pública y vincularlo a marcas de calidad de la Junta.
Entre los cambios planteados figura la derogación del marco autonómico anterior en materia ecológica, con la intención de actualizar objetivos y herramientas. En el debate, distintos grupos mostraron receptividad a una regulación con desarrollo reglamentario específico que marque hoja de ruta y planes medibles en el tiempo.
Qué pide el sector ecológico
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) alertó de que mezclar lo ecológico con otras producciones “sostenibles” aún inmaduras puede diluir su especificidad. Reivindican un marco propio y diferenciado, con cronograma, objetivos e instrumentos claros, y la reactivación de figuras como los biodistritos.
COAG Andalucía presentó enmiendas para que la ley cuente con presupuesto propio de la Junta y no dependa solo de fondos cofinanciados por la UE. También pidió más agilidad administrativa, impulso a mercados locales y venta directa, y prioridad del ecológico en comedores públicos escolares, sanitarios y sociosanitarios.
UPA Andalucía defendió situar a la agricultura y ganadería familiar en el centro: bonificar la certificación a pequeños producers, ventanilla única, medidas para jóvenes y mujeres, canales cortos de comercialización, barreras contra el ecoblanqueo y referencias de costes que aseguren precios justos.
UGT Andalucía reclamó un marco exclusivo que no equipare el sello ecológico con certificaciones menos exigentes, respeto a la participación institucional y planes específicos por modelo productivo para garantizar empleo de calidad y transparencia al consumidor.
Producción integrada y el encaje con lo ecológico
ASAJA-Andalucía valoró que la norma incluya la producción integrada, pero pidió correcciones para evitar desequilibrios frente a lo ecológico. Defienden potenciar un modelo que ya agrupa decenas de miles de agricultores y cientos de miles de hectáreas en la región, con estándares ambientales propios.
Este punto concentra buena parte de la discusión: cómo reconocer y promocionar cada sistema productivo sin confusiones ni competencia desleal. El objetivo compartido es que ningún modelo pierda identidad ni ambición ambiental, y que cada uno disponga de herramientas adaptadas a su realidad.
Cifras que explican el liderazgo andaluz
Andalucía cuenta con más de 21.500 operadores y alrededor de 1,5 millones de hectáreas ecológicas, cerca de la mitad de la superficie certificada de España. Es un peso específico que se refleja en la diversidad: aceite de oliva, vinos, frutas y hortalizas, cereales, frutos secos y ganadería.
Aun así, el reto está en el mercado interno. Según datos recientes, el consumo de alimentación ecológica apenas ronda el 2,32% del total en España. De ahí la importancia de políticas de demanda (compra pública, información al consumidor y canales de proximidad) que acompañen al crecimiento productivo.
Medidas sobre la mesa: del campo al mercado
Además del órgano consultivo con representación efectiva, el anteproyecto y las propuestas del sector apuntan a incentivos directos, simplificación administrativa, acceso a la innovación y a la formación, y una estrategia clara de comunicación al consumidor para reforzar la confianza.
También se plantea priorizar la proximidad en la contratación pública, impulsar la venta directa y los mercados locales, y proteger la biodiversidad agraria (razas y variedades autóctonas) en clave agroecológica. Todo ello con instrumentos que garanticen estabilidad de precios y competitividad.
La clave para el sector es pasar de la promoción genérica a políticas con presupuesto, calendario y evaluación, conectando producción, transformación y consumo con criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial.
La tramitación continúa con enmiendas y aportaciones escritas de las organizaciones, que buscan que el texto final fortalezca el liderazgo ecológico andaluz y ofrezca seguridad al productor, valor añadido a la industria y garantías al consumidor. Si cristalizan los ajustes propuestos, la ley puede convertirse en una palanca de transformación real del sistema agroalimentario andaluz.