Una jueza agroambiental de La Paz ha ordenado la suspensiĆ³n temporal del tratamiento legislativo de los contratos vinculados a la explotaciĆ³n de litio en el Salar de Uyuni, condicionando su reanudaciĆ³n a la realizaciĆ³n de una evaluaciĆ³n de impacto ambiental robusta y otros requisitos previos.
La decisiĆ³n responde a una solicitada por la DefensorĆa del Pueblo y obliga a la Asamblea Legislativa a detener el anĆ”lisis de los .
Alcance de la decisiĆ³n judicial
SegĆŗn lo notificado, la magistratura admitiĆ³ las y dispuso la paralizaciĆ³n del trĆ”mite de los Proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025 hasta que las autoridades competentes acrediten el cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales clave.
En la prĆ”ctica, la orden judicial supone que no se podrĆ” retomar el debate legislativo de estos contratos de litio sin antes contar con estudios tĆ©cnicos, procesos de participaciĆ³n y lineamientos estratĆ©gicos que garanticen la y el respeto a los derechos de las comunidades.
La jueza fijĆ³ un conjunto de exigencias previas, con Ć©nfasis en la y el uso responsable del agua en el altiplano potosino.
- con anĆ”lisis acumulativo de los efectos ambientales, sociales, culturales y econĆ³micos, centrado en el uso, aprovechamiento y aprovisionamiento del agua.
- Estudio integral de disponibilidad de recursos para el aprovechamiento e industrializaciĆ³n, particularmente sobre el manejo de aguas subterrĆ”neas y aguas fĆ³siles en las Ć”reas de influencia de los proyectos.
- EvaluaciĆ³n Ambiental EstratĆ©gica (EAE) del aprovechamiento de recursos naturales estratĆ©gicos, delimitando el Ć”rea de influencia efectiva en los territorios indĆgena originario campesinos de Nor LĆpez y del Sudoeste de PotosĆ, que considere:
- Visiones de desarrollo y alternativas productivas locales (turismo, no metales, minerales no convencionales, energĆa solar y geotĆ©rmica).
- Alternativas tecnolĆ³gicas que prioricen los derechos sobre el agua y la sostenibilidad, protegiendo a la Madre Tierra.
- Escenarios de inversiĆ³n que fortalezcan capacidades y eviten dependencia tecnolĆ³gica, compatibles con un desarrollo sostenible.
- sobre la disponibilidad de recursos, con especial atenciĆ³n a las aguas fĆ³siles en el Ć”rea de influencia.
- Consulta previa, libre e informada continua y efectiva a los pueblos indĆgenas potencialmente afectados, garantizando su participaciĆ³n real antes de cualquier aprobaciĆ³n.
AdemĆ”s, la resoluciĆ³n instruye que la Asamblea Legislativa solicite formalmente la EAE y convoque a todos los actores involucrados para debatir el contenido de los estudios antes de tratar los proyectos de ley.
Contratos y actores involucrados
Los contratos bajo revisiĆ³n corresponden a servicios para la y a una asociaciĆ³n para el desarrollo de una planta de extracciĆ³n directa de litio (EDL) en el entorno del Salar de Uyuni. En ambos casos, YLB rubricĆ³ acuerdos con Hong Kong CBC Investment Limited ā Sucursal Bolivia y con Uranium One Group Joint Stock Company ā Sucursal Bolivia.
La paralizaciĆ³n no implica la anulaciĆ³n de los acuerdos, sino una condicionada a que las autoridades administrativas entreguen la documentaciĆ³n ambiental y de participaciĆ³n social que la jueza ha requerido.
El papel de la DefensorĆa del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicĆ³ que la intervenciĆ³n institucional busca asegurar que cualquier emprendimiento estatal cumpla con , en lĆnea con el Acuerdo de EscazĆŗ y los tratados internacionales suscritos por el Estado.
La DefensorĆa remarcĆ³ que no se opone al desarrollo econĆ³mico, pero insistiĆ³ en que se conozcan con claridad los y sociales de los proyectos de litio antes de avanzar en su aprobaciĆ³n legislativa.
Postura del Gobierno y debate abierto
Desde el Ejecutivo, en ocasiones anteriores, se sostuvo que la era inviable mientras no se definiera con precisiĆ³n la ubicaciĆ³n exacta de todas las instalaciones del proyecto. La decisiĆ³n judicial, sin embargo, fija una hoja de ruta previa que incluye EIA, EAE y consulta.
El enfoque ordenado por la jueza prioriza la āen especial de las aguas fĆ³silesā y una mirada estratĆ©gica de largo plazo, con participaciĆ³n de las comunidades de Nor LĆpez y del Sudoeste de PotosĆ.
Reacciones sociales y comunitarias
Referentes locales y del movimiento social han valorado la medida por su Ć©nfasis en la y los derechos colectivos. Voces como la de YamilĆ© Cruz subrayaron la importancia de que la justicia actĆŗe con independencia y que se escuche a las comunidades campesinas e indĆgenas.
Organizaciones del territorio adelantaron que mantendrĆ”n la y la presiĆ³n institucional para que se apliquen sanciones cuando se vulneren derechos constitucionales o se omitan procedimientos obligatorios.
PrĆ³ximos pasos en la Asamblea
Con la cautelar vigente, la Asamblea Legislativa estƔ obligada a solicitar los y a convocar a los actores sociales, tƩcnicos y acadƩmicos para discutir su contenido. Sin esos insumos, los PL 197/2024-2025 y 170/2024-2025 no podrƔn recibir tratamiento.
El calendario dependerĆ” de la entrega de , de la EIA, de la EAE y de que se cumpla el proceso de consulta previa, libre e informada en los territorios potencialmente afectados.
La paralizaciĆ³n dictada por la justicia marca un punto de inflexiĆ³n: los contratos de litio quedan supeditados a una evaluaciĆ³n ambiental y social rigurosa, con foco en el agua y la participaciĆ³n de las comunidades, antes de cualquier decisiĆ³n legislativa definitiva.
