La investigación abierta en torno a una presunta trama para facilitar la expansión de las energías renovables en Aragón ha colocado bajo el foco al grupo Forestalia, a antiguos altos cargos públicos y a un complejo entramado societario. El caso, que se instruye en un juzgado de Teruel, intenta aclarar si la rápida implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad se vio impulsada por decisiones administrativas irregulares.
Según los informes de la Guardia Civil, especialmente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), en los últimos años se habría tejido un sistema paralelo de tramitación y de presuntas contraprestaciones económicas destinado a allanar el camino a proyectos del grupo Forestalia tanto en la Administración autonómica aragonesa como en el Ministerio para la Transición Ecológica.
El papel del Inaga y de su exdirector en la tramitación de proyectos
Los atestados remitidos al juzgado señalan de forma directa al exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, como figura central del entramado. Este organismo es el encargado de valorar el impacto ambiental de los proyectos de energías renovables en Aragón, por lo que sus decisiones resultan determinantes para autorizar o frenar nuevas instalaciones.
De acuerdo con testigos citados en el informe, la actuación de Lobera se habría caracterizado por una «falta de rigor y de análisis individualizado» en los expedientes, lo que habría favorecido que numerosos parques eólicos y fotovoltaicos recibieran dictámenes favorables en plazos reducidos. La Guardia Civil describe al exdirector como la persona clave en las presuntas presiones y cambios de procedimiento internos dentro del Inaga.
Los investigadores sostienen que durante el auge de las renovables en Aragón se produjo una reorganización interna de competencias calificada de “anómala”, concentrando en una sola persona la supervisión de la práctica totalidad de los proyectos de energía renovable. Esa centralización habría permitido que las decisiones se tomaran con menos controles técnicos y que, en algunos casos, los criterios habituales de evaluación fueran alterados.
En uno de los testimonios recogidos por la Guardia Civil se cita una frase atribuida a Lobera en relación con un expediente controvertido: «Tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo». Esa forma de proceder se vincula directamente, según el informe, a la tramitación de proyectos impulsados por el grupo Forestalia, que se habría beneficiado de una vía especialmente ágil.
La investigación también presta especial atención a la forma en que se gestionaron determinados grandes proyectos, como el clúster eólico del Maestrazgo, donde los agentes consideran que hubo maniobras administrativas orientadas a sortear controles más estrictos tanto en el ámbito autonómico como estatal.
El clúster del Maestrazgo y la posible fragmentación de parques
Uno de los capítulos más relevantes del caso se centra en el Clúster del Maestrazgo, un megaproyecto eólico promovido por Forestalia que prevé la instalación de 125 aerogeneradores en las comarcas turolenses del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. El impacto ambiental y la forma en que se han tramitado sus expedientes han despertado una especial preocupación en la UCOMA.
El informe entregado al juez sostiene que se tramitaron 22 parques eólicos de 50 MW como proyectos independientes, pese a formar parte de una actuación de gran escala. Para los investigadores, esta estrategia de fragmentación habría sido una “táctica diseñada” para evitar que el conjunto del proyecto fuera evaluado directamente por el Ministerio para la Transición Ecológica, que exige controles más rigurosos para grandes instalaciones.
La pericial medioambiental elaborada por la Guardia Civil advierte de que el clúster podría provocar daños irreversibles sobre el entorno natural si se ejecuta tal y como está planteado. Por ello, la UCOMA recomienda al juzgado valorar la necesidad de suspender temporalmente su desarrollo mientras se aclaran las eventuales irregularidades en la tramitación.
Ante estas conclusiones, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha convocado una vista específica de medidas cautelares para decidir si se paraliza o no la ejecución del proyecto. A la sesión han sido citados la Fiscalía, las partes personadas y las empresas que podrían verse afectadas por la decisión judicial.
Además, el magistrado ha consultado al Ministerio Fiscal sobre la posible inhibición del caso a favor de otro órgano judicial, una opción sobre la que la Fiscalía ha emitido un informe favorable, lo que podría alterar el recorrido procesal de la causa en los próximos meses.
El foco en el Miteco y en el ex alto cargo Eugenio Domínguez
La presunta trama no se limitaría al ámbito autonómico. El informe de la Guardia Civil también apunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), donde Eugenio Jesús Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental y posteriormente asesor del departamento, habría jugado un papel determinante.
La UCOMA sostiene que Domínguez habría actuado como “facilitador” de proyectos de Forestalia desde su posición en el Ministerio, poniendo en marcha un sistema de tramitación en paralelo que concentraba en su persona la gestión de expedientes clave. Varios testimonios destacan que asumía directamente gestiones que, en circunstancias normales, corresponderían a diferentes unidades técnicas.
Una vez jubilado como alto cargo, Domínguez continuó como asesor del propio Ministerio, lo que, según los investigadores, le habría permitido mantener influencia sobre la evolución de determinados proyectos energéticos. Esta continuidad profesional, unida a su relación con la compañía aragonesa, es uno de los elementos que la Guardia Civil considera más sensibles.
Los agentes calculan que el ex responsable de Evaluación Ambiental podría haber llegado a percibir más de cinco millones de euros vinculados a su relación con Forestalia y con empresas asociadas al grupo. El dinero, según los informes, no se habría cobrado de forma directa, sino a través de una red de empresas que actuaban como pantalla.
La investigación sugiere que esta estructura mercantil ad hoc habría tenido como función principal canalizar posibles pagos ilícitos relacionados con autorizaciones o informes ambientales favorables a parques eólicos y fotovoltaicos en distintas zonas de España, con especial incidencia en Aragón.
Empresas pantalla y entramado societario bajo la lupa
Para desentrañar el flujo de dinero y la posible existencia de sobornos, la Guardia Civil ha rastreado la actividad de varias sociedades vinculadas a Eugenio Domínguez y a su entorno familiar. Una de las piezas clave es Dherco S. L., un estudio de asesoramiento donde figuran como socios la esposa de Domínguez, Montserrat Heredero, y sus cuatro hijos.
La UCOMA subraya que Dherco presenta una actividad comercial prácticamente nula y un objeto social centrado en el diseño y decoración de viviendas y locales comerciales, un ámbito que poco tiene que ver con los estudios de impacto ambiental o con la consultoría energética. Esta divergencia lleva a los investigadores a considerar “técnica y lógicamente insostenible” que la mercantil se presentara a la vez como especialista en áreas tan diferentes.
El informe plantea que la verdadera finalidad de la sociedad sería servir de pantalla para canalizar los pagos vinculados al cargo público de Domínguez, encubriendo así la procedencia y el destino de los fondos. Esta hipótesis se refuerza con la conexión de Dherco con otras empresas relacionadas directa o indirectamente con Forestalia.
Otra pieza señalada es Caliope Innova, una firma que, según la Guardia Civil, se habría creado para actuar como intermediaria entre las relaciones societarias de Domínguez y el grupo Forestalia. Uno de los detenidos en la operación, Roberto Pérez Águeda, figura como partícipe de la operación y aparece vinculado a esta sociedad y a otras del mismo entorno.
Caliope nació, en principio, con un objeto social relacionado con la gestión de centros de psicología, la selección de personal y los servicios de limpieza, pero con el tiempo modificó su actividad para centrarse en la “intermediación de activos energéticos”. Ese giro empresarial también refuerza las sospechas de que se utilizó la mercantil para dar cobertura formal a operaciones ligadas al sector renovable.
Flujos de dinero, Babieca y posibles incrementos patrimoniales
La UCOMA ha reconstruido una cadena de compraventas de valores, préstamos y cambios de participaciones en varias empresas conectadas entre sí, donde aparecen Dherco, Caliope y distintas filiales. Entre las sociedades mencionadas destaca Babieca Investment Renewable, considerada una pieza relevante para entender el presunto circuito de fondos.
Según el informe, a través de filiales de Caliope, la familia Domínguez Heredero adquirió participaciones en Babieca. Posteriormente, otra empresa llamada Cemsal concedió un préstamo de 5,2 millones de euros a Babieca, una operación que los agentes interpretan como un posible mecanismo para inyectar recursos en el entramado mercantil.
La Guardia Civil destaca que Caliope Energy Green y Caliope Smart Energy, compañías participadas por la familia Domínguez Heredero, ostentan participaciones en Babieca Investment Renewable. De este modo, cualquier incremento patrimonial de Babieca repercutiría también en las sociedades conectadas a la familia, reforzando la tesis de que el esquema se habría diseñado para capitalizar beneficios provenientes de los proyectos de Forestalia.
El atestado detalla que, poco antes del préstamo de Cemsal, Babieca había adquirido participaciones en 15 sociedades promotoras de parques eólicos que, de acuerdo con la investigación, estaban controladas por el propio Eugenio Domínguez. Esto lleva a la UCOMA a sostener que el ex alto cargo redactaba Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) para proyectos cuyos promotores estaban, al menos en parte, en manos de empresas de su propiedad.
Para los investigadores, esta coincidencia entre el rol público de Domínguez y sus intereses empresariales apuntala la existencia de un grave conflicto de intereses y de un posible aprovechamiento del cargo para obtener ventajas económicas, tanto en su etapa como subdirector general de Evaluación Ambiental como después, ya en calidad de asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente.
Forestalia y los principales implicados en la operación
El centro empresarial de la investigación es el grupo Forestalia, un actor destacado en el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón y en otras partes de España. La llamada operación Perserte, desplegada por la Guardia Civil, se saldó recientemente con seis detenciones, entre ellas la del presidente de la compañía, Fernando Samper. Casos como la trama eólica en Valladolid ofrecen claves del macrojuicio.
Samper figura en el auto judicial como principal impulsor y presunto beneficiario de la posible corrupción en el Inaga y en el Miteco. Según la instrucción, habría promovido y recibido tratos de favor administrativos que facilitaron la aprobación de múltiples proyectos de energía renovable, en particular aquellos con mayor impacto y volumen de inversión.
La investigación apunta a que el empresario mantenía una relación especialmente estrecha con determinados cargos públicos y funcionarios clave, a los que presuntamente recompensaba a través de sociedades interpuestas y de intermediarios. El objetivo habría sido garantizar informes ambientales favorables y acelerar procedimientos que, en teoría, deberían someterse a un escrutinio técnico estricto.
Junto a Samper, el caso sitúa en roles relevantes a Eugenio Jesús Domínguez, como ya se ha señalado, y a Jesús Lobera, exdirector del Inaga entre 2016 y 2023. A ambos se les atribuyen funciones esenciales en la supuesta articulación del circuito de decisiones administrativas que habría beneficiado a Forestalia.
Completan la lista de investigados otros nombres como Eduardo y Roberto Pérez Águeda, a quienes se considera presuntos testaferros y piezas fundamentales en la gestión del entramado societario destinado a ocultar las contraprestaciones económicas ilícitas. También aparece mencionada la notaría de Javier de Lucas y Cadenas, vinculada a diversas operaciones mercantiles analizadas por la Guardia Civil.
Delitos investigados, registros y situación procesal
En el plano penal, la causa en Teruel analiza posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, corrupción administrativa, cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La combinación de cargos refleja la complejidad del caso y el elevado nivel de coordinación que, según los investigadores, habría sido necesario para sostener la presunta trama.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevó a cabo registros en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid, así como en distintos domicilios y oficinas presuntamente vinculados a las sociedades pantalla y a los responsables señalados. En esas actuaciones se intervinieron abundante documentación y material informático que ahora se analiza en detalle.
Tras ser detenidos y prestar declaración, los seis arrestados fueron puestos en libertad, quedando a disposición judicial mientras continúa la instrucción. El Juzgado de Teruel dirige en este momento las diligencias, aunque no se descartan cambios de competencia si así se acuerda en instancias superiores.
El caso ha generado un notable interés público por el peso que el sector de las energías renovables tiene en Aragón y por la sensación de que, si se confirman las sospechas, la transición energética habría sido aprovechada por determinados actores para lucrarse de forma irregular. Aun así, todas las personas investigadas mantienen, a día de hoy, la presunción de inocencia.
En conjunto, la causa dibuja un escenario en el que la rápida expansión de las renovables en Aragón y en otras zonas de España podría haber estado acompañada de prácticas opacas y decisiones administrativas cuestionadas, con la participación de responsables públicos y privados que, supuestamente, se habrían beneficiado de un entorno de elevada inversión y urgencia por desarrollar proyectos verdes.
