Gran Canaria se ha plantado y ha decidido alzar la voz: la isla considera que está lista para desplegar la eólica marina ya y no ve motivo para seguir esperando a que otros territorios del Estado resuelvan sus propios debates. Las instituciones insulares, junto con empresas, sindicatos y el sector científico-tecnológico, han articulado un frente común para reclamar al Gobierno central un calendario claro y una primera subasta de potencia que arranque en aguas grancanarias.
Ese movimiento no es solo una declaración de intenciones política. La isla pone sobre la mesa planificación previa, consenso social amplio y un tejido industrial y portuario que asegura estar preparado para asumir la construcción y mantenimiento de parques eólicos marinos flotantes. En paralelo, distintos análisis económicos y energéticos apuntan que, en un sistema aislado como el canario, esta tecnología podría ser competitiva frente a los combustibles fósiles y servir de palanca para una diversificación económica real.
Un frente común para pedir la eólica marina ya en Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria ha decidido ir más allá de los discursos y ha promovido una carta conminatoria dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que se exige la convocatoria urgente de la primera subasta de eólica marina en España con un foco inicial en la isla. El documento, suscrito por unas veinte entidades, reclama un procedimiento diferenciado que permita a Gran Canaria avanzar sin quedar atada al ritmo del resto de la costa española. En esa petición se alinea también la demanda sectorial de una subasta con enfoque industrial y ejecutable.
Entre los firmantes figuran la Confederación Canaria de Empresarios, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y los sindicatos UGT y CCOO, además del Clúster Marítimo de Canarias, representantes del sector energético, autoridades portuarias, organizaciones científicas y actores del ámbito pesquero y marítimo-portuario. La idea que se transmite es que en la isla hay un «alineamiento total» entre administraciones, empresas y sociedad civil en torno a la oportunidad que supone la eólica marina, como muestran los análisis sobre oportunidades industriales en España.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha sido especialmente contundente al subrayar que Gran Canaria “no puede permitirse quedar al margen” de la transformación energética e industrial que ya avanza en Europa. A su juicio, la isla ha hecho sus deberes, ha participado activamente en la ordenación del espacio marítimo y cuenta con empresas preparadas; por tanto, considera injustificable seguir postergando las decisiones estatales. El contexto europeo y los grandes proyectos del continente refuerzan esa urgencia para no quedarse atrás.
Morales y los representantes insulares insisten en que la eólica marina necesita un calendario, seguridad jurídica y una primera subasta concreta. Sin ese paso, argumentan, todo lo demás se queda en documentos de planificación que no generan ni kilovatios hora, ni empleo, ni nueva actividad económica en el territorio. El debate sobre seguridad jurídica y marco regulatorio es, según defienden, central para dar certidumbre.
En ese contexto, el Cabildo y el tejido empresarial ven la próxima feria internacional WindEurope, con presencia prevista del presidente del Gobierno, como una oportunidad política clave para que Madrid anuncie avances tangibles sobre la subasta y el diseño de ese primer proyecto piloto comercial en aguas grancanarias. Eventos y resultados de subastas en Europa son observados con atención, como la reciente subasta récord en el Reino Unido.
Subasta específica y proyecto piloto: la apuesta insular
La propuesta que lanza Gran Canaria al Estado se centra en una subasta específica de potencia eólica marina flotante que tenga en cuenta las singularidades del sistema eléctrico insular y del tejido productivo local. No se trata solo de adjudicar megavatios, insisten, sino de diseñar bien las condiciones para que las empresas canarias puedan integrarse de manera real en la cadena de valor. Ese enfoque coincide con propuestas más amplias sobre retos y oportunidades en España.
Por eso, las instituciones insulares defienden que el primer paso se materialice en un proyecto piloto comercial en la isla, con vocación demostradora y replicable al resto del territorio español. Ese proyecto actuaría como banco de pruebas para validar aspectos técnicos, ambientales, logísticos y regulatorios de la eólica marina flotante en un entorno atlántico, al tiempo que consolidaría a Gran Canaria como nodo logístico de referencia. La experiencia de proyectos piloto es clave para validar modelos operativos y regulatorios.
El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, ha recalcado que la isla reúne “condiciones idóneas” para liderar el despliegue inicial: planificación energética avanzada, un ecosistema portuario con experiencia en reparaciones navales y offshore, infraestructuras logísticas consolidadas y un entorno científico-tecnológico capaz de acompañar la innovación en este campo.
Además, el modelo que se defiende desde el Cabildo y el sector busca maximizar el retorno local. No se trata únicamente de instalar aerogeneradores en el mar, sino de generar capacidades industriales propias en fabricación, ensamblaje, mantenimiento, ingeniería, logística y servicios asociados, de forma que las empresas con sede en Canarias no queden relegadas a un papel secundario.
Para reforzar esa visión, las instituciones piden al Ministerio que el diseño de la subasta incorpore un tratamiento diferenciado para Canarias, con criterios que valoren la participación local, la generación de empleo cualificado en la isla y la adaptación a un sistema eléctrico aislado en el que la seguridad de suministro y la estabilidad de red tienen un peso mayor que en la península.
Impacto económico, empleo y soberanía energética
Los argumentos económicos forman una parte central del mensaje insular. Germán Suárez, presidente del Clúster Marítimo de Canarias, ha puesto cifras a la magnitud potencial de este nuevo sector: un despliegue de referencia de unos 500 megavatios de eólica marina flotante podría generar miles de millones de euros en la economía canaria y crear entre 2.400 y 8.000 puestos de trabajo, según diferentes estimaciones manejadas por el sector. Estudios sobre el panorama global y regional subrayan el potencial económico del sector en distintos escenarios.
Algunos cálculos hablan de un rango que va desde impactos de 4.700 millones hasta más de 12.000 o incluso 14.000 millones de euros, siempre condicionado a que exista una participación robusta de empresas locales en la cadena de suministro. En términos laborales, se apunta a miles de empleos anuales equivalentes, con un fuerte componente de cualificación técnica y especialización marítima-portuaria.
Pero la apuesta va más allá de los números. En un sistema insular con fuerte dependencia de combustibles fósiles importados, la eólica marina se presenta como una herramienta estratégica para ganar soberanía energética. Al combinar esta fuente de generación con sistemas de almacenamiento como el complejo hidroeléctrico de Salto de Chira, el Cabildo considera que se pueden abaratar los costes de producción eléctrica y reducir la vulnerabilidad ante crisis internacionales de precios. La integración con soluciones de almacenamiento y baterías es un elemento clave, como destacan experiencias de incorporación de sistemas de baterías a la eólica a nivel industrial.
La estabilidad de generación de la eólica marina flotante, más constante que la de la eólica terrestre o la fotovoltaica, permitiría aportar una base renovable más firme al mix eléctrico de la isla. Esa mayor previsibilidad, unida al almacenamiento, facilitaría la integración de más renovables sin comprometer la seguridad de suministro en un sistema aislado, donde cualquier desequilibrio tiene un impacto directo.
Morales también ha puesto el foco en el contexto geopolítico, recordando que la inestabilidad global y los posibles shocks energéticos derivados de conflictos internacionales suponen un riesgo adicional para territorios dependientes de la importación de combustibles. Desde esa óptica, acelerar la transición hacia un modelo con mayor peso de renovables autóctonas se plantea como una decisión de prudencia económica y estratégica.
Ventaja comparativa: costes en Canarias frente a la Península
En paralelo al debate político y empresarial, distintos trabajos académicos han tratado de cuantificar la competitividad de la eólica marina flotante en Canarias. Un estudio reciente de la Universidad Pontificia Comillas concluye que, pese al mayor coste tecnológico de esta tecnología respecto a otras renovables terrestres, su encaje económico en el archipiélago puede ser más favorable que en el sistema peninsular.
El informe sitúa el coste nivelado de la energía (LCOE) de la eólica marina flotante entre 80 y 120 euros/MWh, por encima de la solar fotovoltaica o la eólica terrestre en la Península. Sin embargo, la comparación cambia radicalmente cuando se analiza el caso canario: allí, los costes habituales de generación con fuel o diésel se mueven en una horquilla significativamente superior, entre 120 y 200 euros/MWh.
Con estos datos, el documento apunta a que la eólica marina flotante podría resultar competitiva en Canarias, al sustituir generación más cara y dependiente del exterior en un sistema aislado como el insular. Es decir, aunque la inversión inicial sea elevada, el ahorro relativo frente a las centrales fósiles permitiría que los proyectos fueran viables económicamente a corto o medio plazo.
Este tipo de argumentos técnicos refuerza la posición de quienes reclaman un marco retributivo específico para los territorios insulares, que tenga en cuenta la particularidad de sus costes actuales y el valor añadido de reducir importaciones de combustibles. Desde Gran Canaria se defiende que una regulación adaptada podría acelerar el despegue de la eólica marina, posicionando al archipiélago como referencia europea en esta tecnología.
En los últimos años, España ha avanzado en la definición del marco general, con la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), en los que la isla ha participado activamente. Esos planes han permitido ajustar las zonas aptas para la eólica marina a la realidad insular, incluyendo medidas como el alejamiento de las instalaciones a unos seis kilómetros de la costa para minimizar el impacto visual y sobre la actividad turística.
Retrasos administrativos, consulta pública y pérdida de inversiones
Aunque el marco regulatorio de base ha ido tomando forma, los representantes insulares consideran que el ritmo de las decisiones ha sido insuficiente. El Cabildo reconoce avances como los POEM o la reciente apertura de una consulta pública estatal, pero recalca que esos pasos pierden efectividad si no se traducen en convocatorias de subastas y calendarios concretos.
Morales y su equipo vinculan parte de la ralentización a las fuertes contestaciones sociales que la eólica marina ha generado en comunidades como Cataluña y Galicia, especialmente por los conflictos con el sector pesquero de arrastre y los debates sobre impacto paisajístico. Según el presidente insular, la situación en Gran Canaria es distinta: sostiene que aquí hay un consenso amplio y que no se registra una oposición social comparable.
Desde el Cabildo se insiste en que “Gran Canaria no puede esperar por otros territorios” que aún están resolviendo sus discrepancias. La apertura de una consulta pública de ámbito estatal se percibe, en este contexto, como una herramienta útil en algunos lugares, pero considerada innecesaria en la isla, donde aseguran que la planificación, el diálogo y los estudios previos llevan años de ventaja.
El retraso acumulado, advierten, ya está teniendo consecuencias palpables en términos de inversión. Responsables insulares señalan que promotores internacionales que estaban interesados en instalarse en Gran Canaria se han ido retirando ante la falta de certezas. El consejero Raúl García Brink llega a describir la situación actual como «un erial» respecto a la actividad que se veía año y medio atrás.
Desde la óptica de las instituciones y del tejido empresarial, el tiempo en este tipo de procesos no es neutro: quien llega tarde pierde posiciones y oportunidades industriales que después resultan muy difíciles de recuperar. Por eso, alertan de que cada año sin subastas ni decisiones firmes erosiona la capacidad de Canarias para atraer proyectos y consolidarse como polo europeo de eólica marina flotante.
Gran Canaria dentro de un modelo energético más amplio
El impulso a la eólica marina no se concibe como una apuesta aislada, sino como una pieza dentro de una estrategia energética más amplia para la isla. El Cabildo la enmarca en su Agenda de Transición Energética, que plantea un mix renovable diversificado combinando eólica terrestre y marina, fotovoltaica, geotermia e hidrógeno verde, apoyado en sistemas de almacenamiento como centrales hidroeléctricas reversibles y baterías.
En este escenario, infraestructuras como Salto de Chira y la posible ampliación asociada a la presa de Las Niñas se presentan desde la institución insular como elementos clave para facilitar la penetración masiva de renovables en un sistema aislado. La lógica que defienden es que, sin capacidad suficiente de almacenamiento y gestión inteligente de la demanda, resulta más complicado integrar grandes volúmenes de generación variable.
No obstante, este enfoque ha generado también un debate intenso en la isla. Colectivos ciudadanos y voces críticas, como el movimiento Salvar Arguineguín-SOS Gran Canaria, cuestionan el modelo de transición defendido por Antonio Morales, al que acusan de consolidar un esquema centralizado que refuerza el papel del oligopolio eléctrico tradicional y de subestimar los impactos territoriales y ambientales de grandes infraestructuras.
Estas plataformas advierten de los efectos paisajísticos, hidrológicos y ecológicos asociados a proyectos como Chira-Soria, así como de la cesión de recursos estratégicos —como el agua de lluvia embalsada— a grandes operadores durante décadas. Reclaman un debate público más profundo sobre la distribución de costes y beneficios, y denuncian que la retórica de la “ecoisla” puede esconder una continuidad en las relaciones de poder del sistema energético.
Frente a esa crítica, los defensores del plan actual sostienen que la urgencia climática y la vulnerabilidad del sistema eléctrico canario exigen infraestructuras capaces de aportar estabilidad y flexibilidad a gran escala. La tensión entre estas visiones atraviesa el debate sobre la eólica marina: mientras unos la ven como oportunidad industrial y herramienta de soberanía energética, otros temen que se reproduzca un modelo de grandes proyectos con escasa participación ciudadana real.
Ordenación marítima, turismo y actividades económicas
Una de las cuestiones que más se ha cuidado en la planificación grancanaria es la compatibilidad entre la eólica marina y otras actividades económicas, en particular el turismo y la pesca. Las propuestas que se han ido perfilando sitúan los parques eólicos flotantes a más de seis kilómetros de la costa para reducir su visibilidad desde tierra y minimizar la afección al paisaje litoral.
Las autoridades insulares subrayan que, con este diseño, se busca evitar interferencias relevantes con el principal motor económico de la isla, el turismo, especialmente en el sur grancanario, al tiempo que se intenta ordenar el espacio marítimo para reducir conflictos con la pesca artesanal y otras actividades en el mar. La participación de la isla en la elaboración de los POEM ha estado encaminada, en buena medida, a garantizar ese encaje.
En paralelo, desde sectores críticos se insiste en que es necesario profundizar en la evaluación de impacto sobre la biodiversidad marina, los fondos oceánicos y los ecosistemas asociados. Recuerdan que la implantación de grandes parques flotantes, sus anclajes, cables y corredores de evacuación eléctrica puede generar efectos acumulativos que conviene estudiar con detalle antes de dar un salto masivo.
Las instituciones, por su parte, replican que el modelo inicial de Gran Canaria se plantea precisamente como proyecto piloto, lo que permitiría monitorizar en tiempo real los efectos y ajustar la regulación y el despliegue posterior. Aun así, la discusión sobre el grado de precaución adecuado y el equilibrio entre rapidez y garantías ambientales sigue abierta en el debate público insular.
En términos de ordenación territorial, el Cabildo también ha puesto sobre la mesa la necesidad de un nuevo concurso de concurrencia competitiva que incorpore criterios de flexibilidad del sistema y almacenamiento, así como un marco retributivo específico para archipiélagos, de forma que la expansión de la eólica marina se haga de manera coordinada con la evolución del resto de la red eléctrica y las capacidades de respaldo.
El caso Greenalia: lecciones de un conflicto jurídico
Mientras Gran Canaria reclama una subasta ordenada y un marco claro, el intento de la compañía Greenalia de convertirse en pionera de la eólica marina en la isla ha acabado convertido en un laberinto jurídico y regulatorio que muchos interpretan como advertencia de lo que ocurre cuando no hay un procedimiento bien definido.
La empresa gallega planteó cinco parques eólicos marinos en el sureste de Gran Canaria, en aguas próximas a San Bartolomé de Tirajana, que sumaban en conjunto 250 MW de potencia. Los proyectos —bautizados como Gofio, Guanche, Cardón, Mojo y Dunas— se presentaron como instalaciones independientes de 50 MW cada una, lo que desencadenó suspicacias en la Administración central.
La Dirección General de Política Energética y Minas y posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideraron que se trataba de una fragmentación artificial de un único proyecto de gran envergadura, destinada a eludir la normativa más estricta aplicable a parques de más de 50 MW y a esquivar los procedimientos de concurrencia competitiva. Los jueces subrayaron que, al ubicar varios parques contiguos en un mismo espacio marítimo, el impacto ambiental y técnico resultante sería igual o superior al de un solo complejo de mayor potencia.
Como consecuencia de esta interpretación, solo el parque Gofio logró avanzar en la tramitación hasta obtener autorización previa, mientras que los otros cuatro quedaron fuera de juego. Paralelamente, se abrió un conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el acceso a la red a través de la subestación Barranco de Tirajana III, un asunto que acabó en la Audiencia Nacional.
Greenalia acusó al regulador de basarse en datos falsos y de extralimitarse al valorar la supuesta fragmentación y la adecuación de las garantías. Sin embargo, la Audiencia Nacional respaldó a la CNMC, avalando que la inadecuación del procedimiento de acceso empleado y la falta de convalidación de garantías eran motivo suficiente para denegar la solicitud de conexión en los términos planteados. En la práctica, esto ha rematado el freno administrativo a los planes de la compañía en la zona.
El resultado es que el gran proyecto de 250 MW ha quedado reducido en la cartera de la empresa a un único parque en perspectiva, mientras Greenalia desplaza su foco inversor hacia grandes instalaciones fotovoltaicas en Estados Unidos. Para muchos actores en Gran Canaria, este desenlace ilustra la importancia de contar con un marco regulatorio específico para la eólica marina, basado en subastas transparentes y reglas claras, que evite atajos procedimentales y conflictos posteriores.
Todo este contexto ha reforzado, tanto entre instituciones como en parte del sector privado, la idea de que la vía adecuada para desplegar la eólica marina en la isla pasa por un proceso de concurrencia bien diseñado desde el inicio. Solo así, señalan, se podrán compatibilizar la captación de inversiones, la protección del espacio marítimo y la garantía de libre competencia entre promotores.
La posición que se ha ido consolidando en Gran Canaria parte de una constatación compartida: la isla ha avanzado en planificación, ha tejido alianzas internas y se ha preparado para ser punta de lanza en la eólica marina flotante, pero su capacidad de dar el salto definitivo depende ahora de decisiones que solo puede tomar el Estado. Mientras tanto, se acumulan retrasos, se esfuman oportunidades inversoras y se intensifica un debate social que no gira ya en torno a si habrá o no transición energética, sino sobre qué modelo de transición se implantará y quién controlará y aprovechará sus beneficios.
