El auge de las plantas de biogás como solución para la gestión de residuos y la producción de energía renovable está encontrando un obstáculo inesperado: la oposición ciudadana. En los últimos meses, varias plataformas vecinales y ecologistas han alzado la voz contra proyectos de biometanización en distintas regiones de España, denunciando falta de transparencia, posibles riesgos para la salud y un impacto ambiental que consideran inaceptable. Mientras tanto, las administraciones autonómicas empiezan a reaccionar con cambios normativos que otorgan más poder a los municipios.
La controversia no es nueva, pero se ha intensificado con la proliferación de iniciativas impulsadas por los planes autonómicos de descarbonización. Los vecinos de localidades como La Coronada, Abadín o Castrogonzalo han pasado de la preocupación a la movilización, exigiendo que se escuche su voz antes de que se autorice cualquier instalación. El debate enfrenta a quienes ven en el biogás una oportunidad para la economía circular con quienes temen que estas plantas se conviertan en un nuevo foco de contaminación.
Oposición ciudadana y preocupaciones ambientales
Uno de los focos más activos se encuentra en Extremadura, donde la plataforma Salvemos La Coronada ha llevado su protesta hasta la Asamblea regional. Su portavoz, Josefa Blázquez, denunció que el proyecto de biometanización previsto junto al macrovertedero de Villanueva de la Serena agravaría los problemas que ya sufren desde hace décadas: vertidos al río Zújar, contaminación de acuíferos y olores persistentes. La plataforma reclama estudios epidemiológicos rigurosos y un comité de seguimiento ciudadano con capacidad vinculante.
En Galicia, el Sindicato Labrego Galego ha solicitado el archivo del expediente de una planta en Abadín, al considerar que el promotor no ha cumplido con los requisitos técnicos exigidos. La organización advierte que el 80% de los residuos tratados se quedarían en la zona como digestato, mientras que la mayoría de los puestos de trabajo serían para perfiles cualificados foráneos. En Zamora, la plataforma Zamora en Pie ha organizado charlas informativas en Castrogonzalo para alertar sobre el tráfico de camiones, las emisiones y la falta de información municipal.
Estas movilizaciones comparten un denominador común: la exigencia de transparencia y participación ciudadana real. Ecologistas en Acción también ha solicitado acceso a la documentación de proyectos en Lalín, mientras que en otras localidades se critica que los ayuntamientos no hayan informado a los vecinos hasta que los proyectos estaban muy avanzados.
Nuevas herramientas legales para los municipios
Ante la presión social, algunas comunidades autónomas han empezado a mover ficha. Castilla-La Mancha ha aprobado una modificación de su Ley de Evaluación Ambiental que otorga a los plenos municipales la capacidad de vetar la instalación de plantas de biometano en sus términos. Hasta ahora, los ayuntamientos solo emitían informes técnicos; con la nueva norma, su decisión motivada puede paralizar el proyecto de forma definitiva.
La medida ha sido defendida por el PSOE regional como un avance en la democracia local, pero ha recibido críticas del PP y Vox. El Partido Popular considera que se trata de un «escudo político» para que la Junta evite el desgaste de autorizar o rechazar estas instalaciones, y advierte de que muchos municipios pequeños carecen de recursos para evaluar proyectos complejos. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha replicado que los ayuntamientos podrán solicitar asesoramiento a las diputaciones y al propio Gobierno autonómico.
Esta reforma llega en un momento en que la polémica del biometano en España ha llevado a que la Junta de Castilla-La Mancha cambie la ley, previendo la instalación de entre cinco y diez plantas en la comarca de Talavera de la Reina, lo que ha generado un intenso debate político en la ciudad.
El pulso político en Talavera de la Reina
En Talavera, el enfrentamiento entre el equipo de gobierno local (PP) y el PSOE ha subido de tono. El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha desmentido que el alcalde sea el promotor del proyecto de biometano y ha acusado a los socialistas de «criminalizar hoy un sector que ellos mismos impulsaron». Recordó que la exalcaldesa Tita García Élez participó en 2020 en una jornada sobre gas renovable junto al presidente regional y la patronal del gas, y que el expediente se inició en 2023 durante su mandato sin que entonces hubiera oposición.
García-Barroso ha insistido en que la autorización final corresponde a la Junta de Comunidades, no al Ayuntamiento, y que los informes técnicos municipales se emiten con carácter reglado. Mientras tanto, el PSOE local y la Junta se desmarcan del proyecto, en una pugna que refleja la complejidad de conciliar los objetivos energéticos con la aceptación social.
La situación en Talavera es solo un ejemplo de cómo el despliegue de las plantas de biogás está generando tensiones políticas y sociales en toda España. Las plataformas ciudadanas, los sindicatos y los ecologistas coinciden en que el modelo actual, basado en grandes instalaciones que concentran residuos de múltiples orígenes, necesita una revisión profunda. Apuestan por plantas de menor escala, ubicadas cerca de los puntos de generación de residuos, y con una participación ciudadana real desde el inicio del proceso.
La expansión del biogás se enfrenta así a un dilema: mientras las administraciones lo promueven como una pieza clave de la transición energética, los vecinos de los municipios afectados reclaman que no se repitan los errores del pasado. La clave estará en encontrar un equilibrio que permita aprovechar el potencial de esta tecnología sin sacrificar la salud y el bienestar de las comunidades locales. Las próximas decisiones legislativas y la capacidad de diálogo entre todas las partes determinarán si el biogás se convierte en una oportunidad real o en un nuevo foco de conflicto territorial.
