Reducir las emisiones de gases contaminantes provenientes del transporte es de vital importancia para luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Para ello, es necesaria una legislación más estricta en materia de emisiones.
La Comisión Europea (CE) ha presentado en Bruselas una propuesta de legislación más exigente en materia de emisiones contaminantes provenientes de los vehículos. También aspira a convertir a la Unión Europea en el referente mundial de vehículos eléctricos. ¿De qué se trata esta legislación?
Legislación más exigente
Ya que el vehículo se inventó en Europa, se debería de reinventar y mejorar aquí. Esta iniciativa de reducción de contaminación y mejora en la capacidad de los vehículos y su modernización coincide con la iniciación de la Cumbre Climática de Bonn (COP23).
El plan de la Comisión Europea, que deberá negociarse ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que representa a los países, fija varios ejes de acción para contribuir, desde el transporte, al objetivo de cumplir el compromiso adoptado por la Unión Europea (UE) en el Acuerdo Climático de París de reducir sus emisiones contaminantes en un 40 % para 2030.
Los fabricantes deben reducir las emisiones
Ya no sólo los ciudadanos deben realizar un esfuerzo en reducir uso de vehículo, usar más el transporte público o bicicleta, sino que también los fabricantes deben crear vehículos cuyas emisiones sean un 15% menor.
Los vehículos actuales emiten 95 gramos de CO2 por kilómetro. El objetivo es que sólo emitan 80 gramos. Cada fabricante tiene libertad para escoger la tecnología necesaria para poder alcanzar estos objetivos.
El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha indicado que el límite para 2015 servirá para que arranquen las inversiones y el de 2030 para aportar “estabilidad”.
Además de reducir las emisiones de los vehículos convencionales, se está impulsando el aumento de vehículos eléctricos en circulación. Para impulsar el vehículo eléctrico, la Comisión Europea ofrecerá hasta 800 millones de euros para reforzar el número de cargadores eléctricos desplegados, y otros 200 millones de euros de ayudas en I+D para los fabricantes que cumplan con los objetivos de reducción de CO2 citados anteriormente.