Cierre definitivo de la central nuclear de GaroƱa: desmantelamiento y futuro

  • El Gobierno decidió en 2017 no renovar la autorización de explotación de GaroƱa.
  • El desmantelamiento completo de la central se llevarĆ” a cabo en dos fases hasta 2033.
  • Los residuos radiactivos se gestionarĆ”n en el ATI de GaroƱa y en El Cabril, en Córdoba.

central nuclear de garoƱa

Tras años de incertidumbre y debate sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en Burgos, el Gobierno ha decidido no renovar la autorización de su funcionamiento, marcando el cierre definitivo de una de las instalaciones nucleares mÔs emblemÔticas de España. Esta decisión, tomada en agosto de 2017, sigue teniendo repercusiones, no solo en el Ômbito energético, sino también en lo político, económico y medioambiental.

El cierre definitivo de la central nuclear de GaroƱa

El 1 de agosto de 2017, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, anunció que no se renovaría la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. La central llevaba inactiva desde diciembre de 2012, cuando la empresa propietaria, Nuclenor, constituida por Endesa e Iberdrola, decidió detenerla voluntariamente para evitar el impacto de las nuevas tasas nucleares impuestas por el Gobierno.

Esta medida fue especialmente significativa porque GaroƱa habĆ­a operado desde 1971, siendo la planta nuclear mĆ”s antigua de EspaƱa. Sin embargo, la decisión estuvo marcada no solo por razones tĆ©cnicas o de eficiencia energĆ©tica, sino tambiĆ©n por un fuerte contexto polĆ­tico. Grupos parlamentarios en su mayorĆ­a, salvo el Partido Popular, se opusieron a su reapertura. SegĆŗn el ministro Ɓlvaro Nadal, ā€œLa central de GaroƱa se cerrarĆ” porque se ha convertido en un sĆ­mbolo de confrontación polĆ­ticaā€.

Impacto en el sistema energƩtico

Una de las principales razones por las que el Gobierno optó por no renovar la licencia de explotación fue el escaso impacto que su cierre tendría en el sistema eléctrico español. La central tenía una capacidad de producción de aproximadamente 466 MW, lo que representaba una pequeña porción de la capacidad instalada total en España. Su ausencia no produjo efectos significativos en el suministro eléctrico, ni en el precio de la electricidad en el país.

AdemÔs, desde su parada temporal en 2012, el sistema energético español se había adaptado para suplir esa capacidad mediante fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, que han ganado protagonismo en España en los últimos años. De hecho, 300 o 400 aerogeneradores pueden sustituir con creces la capacidad de Garoña.

Razones económicas y políticas del cierre

El cierre definitivo de Garoña también estuvo impulsado por razones económicas. El coste estimado de las inversiones necesarias para poner la planta en condiciones de reanudar su funcionamiento era considerablemente alto. Se calculaba que la central necesitaba mÔs de 475 millones de euros para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), especialmente después de la catÔstrofe ocurrida en Fukushima, Japón, en 2011.

Estos costes, sumados a la incertidumbre política sobre la amortización de la inversión, hicieron inviable la reapertura de la planta. AdemÔs, se produjo un conflicto entre los principales accionistas de Nuclenor, Endesa e Iberdrola. Mientras que Endesa era partidaria de mantener la planta operativa, Iberdrola optó por presentar la renuncia a la renovación del permiso de explotación. La falta de consenso entre ambas empresas fue otro de los factores que impulsaron al Gobierno a optar por el cierre definitivo.

Desmantelamiento de la central nuclear

cierre definitivo de la central nuclear de garoƱa

Tras la declaración del cierre definitivo, la central entró en una nueva fase: su desmantelamiento. Se estima que el proceso de desmantelamiento completo de la central abarcarÔ hasta el año 2033 y serÔ llevado a cabo en dos fases, tal como lo ha autorizado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemogrÔfico en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En la primera fase del desmantelamiento, que tendrƔ lugar entre 2023 y 2026, se procederƔ a desmontar los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, asƭ como a realizar las modificaciones necesarias para gestionar los residuos resultantes de la actividad de la central. AdemƔs, se evacuarƔ el combustible gastado hacia un AlmacƩn Temporal Individualizado (ATI), ubicado en el mismo emplazamiento de la central.

Durante la segunda fase, prevista para realizarse entre 2027 y 2033, se desmantelarÔn los edificios con carÔcter radiológico y se procederÔ a la descontaminación, desclasificación y demolición de las infraestructuras de la central. Una vez finalizado este proceso, se restaurarÔ el terreno y se devolverÔ el emplazamiento a condiciones seguras para su uso.

Impacto local y medidas de transición justa

El cierre de la central nuclear de Garoña ha tenido un impacto directo en la economía del entorno local, especialmente en los municipios cercanos, que dependían en gran medida de la actividad de la central. Para mitigar este impacto, el Instituto para la Transición Justa ha estado colaborando con los 27 municipios afectados desde el año 2020, destinando fondos para la reactivación de la zona. Hasta la fecha se han destinado 7,7 millones de euros para financiar proyectos municipales, que abarcan desde el desarrollo de iniciativas de índole sociosanitaria hasta la rehabilitación de inmuebles, fomento del turismo y restauración ambiental. El objetivo de estas actuaciones es asegurar una transición justa para los trabajadores y comunidades afectadas por el cierre de la central.

Colaboración con Enresa

La entidad que lidera las operaciones de desmantelamiento de Garoña es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de la gestión de los residuos nucleares en España. Tras la transferencia de la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, esta última se encargarÔ de garantizar que todo el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo con los mÔs altos estÔndares de seguridad. Enresa cuenta con amplia experiencia en la gestión de residuos nucleares y en la restauración de emplazamientos. De hecho, ya ha sido responsable del desmantelamiento de otras centrales nucleares españolas, como José Cabrera en Zorita y Vandellós I en Tarragona.

Los residuos radiactivos y su destino final

Durante el proceso de desmantelamiento, uno de los aspectos mÔs críticos es la evacuación del combustible gastado y la gestión de los residuos radiactivos. El combustible de Garoña se almacenarÔ temporalmente en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, en contenedores diseñados específicamente para garantizar su seguridad. Asimismo, los residuos radiactivos de baja y media actividad serÔn transportados al almacén central de residuos radiactivos de El Cabril, situado en la provincia de Córdoba. Se estima que aproximadamente unas 2.000 toneladas de residuos de baja o media actividad serÔn enviadas allí.

Por otro lado, los residuos no radiactivos que puedan ser reciclados o reutilizados se gestionarÔn de acuerdo con las normativas establecidas. En cuanto a los residuos de alta actividad y el combustible nuclear gastado, su destino final serÔ un Almacén Geológico Profundo (AGP), cuya construcción aún estÔ en fase de planificación en España. Este tipo de instalaciones permiten el almacenamiento seguro de residuos radiactivos en galerías situadas a gran profundidad, garantizando que no representen una amenaza para el medio ambiente o la salud humana.

El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña marca un hito en la historia energética de España. Tras cinco décadas de operación, y varios años de controversia sobre su posible reapertura, la planta ha iniciado su proceso de desmantelamiento. Aunque la decisión tuvo implicaciones políticas y económicas, fue guiada por preocupaciones de seguridad, el impacto ambiental y la necesidad de un sistema eléctrico mÔs sostenible. A medida que el desmantelamiento avanza, se espera que los esfuerzos de Enresa y los gobiernos locales aseguren una transición justa para las comunidades afectadas, al tiempo que se sientan las bases para un futuro energético mÔs limpio y renovable en España.


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