La batalla legal en torno a las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid ha dado un nuevo giro. Tras la anulación de la ordenanza que las regulaba, el Tribunal Supremo ha cerrado la vía al recurso del Ayuntamiento, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha iniciado la ejecución forzosa de la sentencia. Mientras tanto, el Consistorio ya ha aprobado una nueva normativa para intentar sortear los efectos de la decisión judicial, pero el conflicto sobre las multas impuestas sigue abierto.
La situación afecta a millones de conductores y a cientos de millones de euros en sanciones. Las asociaciones de automovilistas exigen la devolución del dinero cobrado, mientras que el Ayuntamiento defiende que la anulación solo afecta a una parte de las restricciones. A continuación, repasamos los puntos clave de este culebrón judicial que mantiene en vilo a la movilidad madrileña.
El Tribunal Supremo inadmite el recurso y la sentencia queda firme
El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló los artículos clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. La sentencia del TSJM, de septiembre de 2024, consideró que el informe de impacto económico era insuficiente y que no se había ponderado adecuadamente el equilibrio entre beneficios y costes de las restricciones. El Supremo argumentó que el recurso municipal se limitaba a una mera discrepancia con la valoración de la prueba, algo que no encaja en el recurso de casación.
Con esta decisión, la anulación de las ZBE de Madrid adquirió firmeza, aunque el Ayuntamiento ya había puesto en marcha una nueva ordenanza para sustituir a la anterior. La nueva normativa fue aprobada en el Pleno de marzo de 2025 con los votos en solitario del PP, mientras que la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) votó en contra. El Consistorio defiende que esta nueva ordenanza deja sin efecto la sentencia, pero los tribunales aún deben pronunciarse sobre su validez.
Ejecución forzosa y el pulso por las multas
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una pieza separada para ejecutar la sentencia, dando un plazo de 20 días al Ayuntamiento para presentar alegaciones. Esta medida llega después de que el Supremo inadmitiera el recurso, y supone un paso más hacia la aplicación efectiva de la anulación. La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha sido la más activa en este proceso, exigiendo la paralización inmediata de todos los procedimientos de cobro de multas relacionados con las ZBE.
Según la AEA, el impacto económico de las sanciones es colosal: más de 3,4 millones de expedientes y un importe que ronda los 700 millones de euros. La asociación reclama que el Ayuntamiento devuelva todo el dinero recaudado de forma indebida, ya que las multas carecen de base legal tras la nulidad de la ordenanza. Sin embargo, el Consistorio mantiene que la anulación solo afecta a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección, es decir, Distrito Centro y Plaza Elíptica, y no al resto de la ZBE general que abarca todo el término municipal.
Varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo han respaldado la postura de la AEA, ampliando la nulidad a todas las sanciones impuestas por acceder a las calles afectadas por las ZBE de Madrid. Esta disparidad de criterios ha generado una gran incertidumbre entre los conductores, que no saben si deben recurrir sus multas o esperar a que se unifique la doctrina. La AEA ha instado al Ayuntamiento a paralizar los embargos mientras se resuelve la ejecución de la sentencia.
La nueva ordenanza y el futuro de las restricciones
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en marzo de 2025 una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que sustituye a la anulada y que, según el Consistorio, deja sin efecto la sentencia del TSJM. La nueva normativa consolida las Zonas de Bajas Emisiones, amplía las zonas de estacionamiento regulado (SER) y permite temporalmente la circulación de vehículos con etiqueta A empadronados en la ciudad, siempre que se cumplan los objetivos de calidad del aire.
La aprobación de esta ordenanza no ha estado exenta de polémica. Se presentaron 110 alegaciones y dos enmiendas a la totalidad por parte de Más Madrid y Vox, además de seis enmiendas parciales del PSOE. Finalmente, el PP logró sacarla adelante en solitario, repitiendo la situación de 2021, cuando la ordenanza original se aprobó con los votos de PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto, a solo dos días de que expirara la cobertura legal de Madrid Central.
La pregunta que queda en el aire es si la nueva ordenanza resistirá el escrutinio judicial. Los tribunales ya han demostrado que no dudan en anular normas que consideren insuficientemente justificadas, y el nuevo texto podría correr la misma suerte si no corrige las deficiencias señaladas en la sentencia anterior. Mientras tanto, los conductores afectados por las multas siguen esperando una solución definitiva.
La situación de las ZBE en Madrid sigue siendo un laberinto judicial y administrativo. El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta al recurso municipal, el TSJM avanza en la ejecución de la sentencia y el Ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza para intentar salvar los muebles. Las multas, que suman cientos de millones de euros, están en el centro de la disputa, con asociaciones de conductores exigiendo su devolución y el Consistorio defendiendo su legalidad. Lo que está claro es que la movilidad en la capital no volverá a ser la misma, y que los conductores deberán estar atentos a los próximos movimientos judiciales para saber si les toca pagar o cobrar.
