La tensión ambiental y diplomática entre Argentina y Uruguay ha vuelto a escena con un nuevo protagonista: una macroplanta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que la multinacional HIF proyecta en Paysandú, a orillas del río Uruguay. La obra, llamada a convertirse en una de las mayores inversiones energéticas de la región, ha encendido las alarmas en la provincia argentina de Entre Ríos por sus hipotéticos efectos sobre un ecosistema compartido.
Ante este escenario, la Justicia Federal de Argentina ha dado un paso preventivo: un juzgado de Concepción del Uruguay ha aceptado una acción de daño ambiental y ha ordenado la producción de pruebas anticipadas para determinar el posible impacto transfronterizo del proyecto. El movimiento judicial trae inevitablemente a la memoria el conflicto por la pastera Botnia, que acabó en la Corte Internacional de Justicia y marcó durante años la agenda bilateral del Río de la Plata.
Demanda preventiva y origen del conflicto judicial
El caso se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri, quien decidió admitir parcialmente una acción preventiva de daño ambiental presentada por legisladores del peronismo entrerriano. La causa, identificada bajo el expediente 3276/2026, pone el foco en las eventuales consecuencias de la planta sobre el río Uruguay y sus márgenes argentinas.
Los impulsores de la demanda son los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, todos representantes de la provincia de Entre Ríos. En su planteo sostienen que el proyecto de HIF Uruguay S.A. podría avanzar sin respetar plenamente las obligaciones de información y consulta establecidas en el Estatuto del Río Uruguay, el mismo instrumento internacional que fue eje del litigio por Botnia ante la Corte de La Haya en 2010.
Según la presentación, la instalación de la planta en Paysandú podría generar un “daño irreparable” al ambiente de la región binacional si no se evalúan de forma adecuada y conjunta sus impactos. De ahí que los legisladores reclamen una actuación temprana de la Justicia para evitar que, una vez en marcha el proyecto, las posibles consecuencias negativas no puedan revertirse con facilidad.
El magistrado tomó nota de estos argumentos y enmarcó su decisión en los principios de precaución y prevención del derecho ambiental, muy asentados tanto en la normativa argentina como en los acuerdos internacionales ratificados por el país. Para Viri, la naturaleza del caso exige adoptar medidas ágiles que permitan proteger derechos fundamentales vinculados al ambiente sano antes de que sea demasiado tarde.
Órdenes del juez: informes, peritajes y prueba anticipada
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la autorización para producir prueba anticipada. Esta figura procesal permite recolectar información y evidencias técnicas antes de la etapa probatoria clásica, algo que en materia ambiental resulta clave cuando los datos podrían perderse o volverse inaccesibles con el tiempo o a medida que avanza una obra de gran envergadura.
En concreto, el juez ordenó solicitar información a varios organismos uruguayos. A la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), dependiente del Ministerio de Ambiente, le requirió copias de la solicitud de autorización ambiental previa y del estudio de impacto ambiental que la empresa HIF Global debería haber presentado como parte del proceso nacional.
También pidió al Registro Nacional de Comercio de Uruguay datos sobre la estructura societaria de HIF Global y de sus subsidiarias, y al Banco Central del Uruguay información sobre los beneficiarios finales de las empresas implicadas. El objetivo es tener un mapa claro de quiénes se encuentran detrás del proyecto y bajo qué figuras corporativas, un aspecto que cobra relevancia cuando se investigan responsabilidades potenciales frente a un daño ambiental.
En paralelo, el juzgado dispuso la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de asegurar el cumplimiento del Estatuto del Río. Se le solicitó que informe si el proyecto fue formalmente comunicado en el ámbito de la comisión y si la empresa presentó un estudio de impacto ambiental con alcance transfronterizo, tal y como exigen los mecanismos de cooperación previstos en el acuerdo.
Como complemento, Viri ordenó la designación de un perito biólogo de oficio, quien deberá encargarse de elaborar una pericia ambiental exhaustiva. Este especialista analizará los puntos señalados por los demandantes, desde la posible afectación de la biodiversidad acuática hasta las alteraciones en la calidad del agua o en los ecosistemas cercanos a la ribera.
Alcance de las medidas procesales y garantías para las partes
La resolución judicial no solo marca qué pruebas se producirán, sino que también delimita su alcance. El juzgado dio luz verde a la prueba documental, informativa y pericial, pero decidió no admitir, al menos por ahora, la prueba testimonial solicitada por los legisladores. Según el fallo, no se acreditó la imposibilidad de producir testimonios en la etapa procesal oportuna, tal y como exigen las normas vigentes sobre prueba anticipada.
Además de las pericias, el juez autorizó la realización de un reconocimiento judicial en la zona donde se proyecta la planta de hidrógeno verde. Este recorrido sobre el terreno tendrá lugar una vez que el perito acepte formalmente el cargo y permitirá observar de primera mano las condiciones actuales del área, la cercanía al río y la relación con espacios naturales protegidos, como el entorno de las Islas del Queguay.
El tribunal también tuvo en cuenta las dificultades prácticas para notificar a todas las partes demandadas, entre ellas el Estado uruguayo y empresas radicadas en Uruguay. Para evitar que la complejidad internacional del caso frene las medidas preventivas, se dio intervención a la Defensoría Pública Oficial, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad del proceso sin dilaciones excesivas.
En este punto, la Justicia argentina se mueve en un delicado equilibrio: por un lado, intenta asegurar que los estándares ambientales y de transparencia se cumplan en un proyecto de alto impacto; por otro, procura no interferir de manera indebida en decisiones soberanas del país vecino, lo que convierte a la coordinación con Uruguay y con la CARU en un elemento clave.
El proyecto de HIF en Paysandú: escala, ubicación e inversión
La controversia gira en torno al ambicioso plan de la multinacional HIF Global para levantar una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la localidad de Constancia, en el departamento uruguayo de Paysandú. El complejo industrial se situaría a unos tres kilómetros de la costa argentina de Colón, con una ubicación que ha generado especial sensibilidad en las comunidades de la margen entrerriana del río.
De acuerdo con las cifras presentadas públicamente, el proyecto prevé la producción de alrededor de 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde en su fase de máxima capacidad. La inversión estimada ronda los 5.385 millones de dólares en su etapa final, lo que la convertiría en una de las operaciones económicas más relevantes de la historia reciente de Uruguay.
La planta se proyecta a unos 500 metros de la costa del río Uruguay, en las cercanías del Área Protegida Islas del Queguay. Esta cercanía a un entorno de alto valor ecológico y la dimensión industrial de la obra alimentan los temores de los demandantes argentinos, que reclaman estudios rigurosos sobre emisiones, uso de agua, posibles vertidos y riesgos para la fauna y la flora.
Desde el punto de vista energético, la propuesta de HIF se enmarca en la tendencia global hacia los combustibles verdes y el hidrógeno como vector energético, un ámbito en el que Europa y, en particular, la Unión Europea están marcando el paso con exigentes objetivos de descarbonización. No es casual que proyectos de este tipo despierten el interés de inversores internacionales y de compañías vinculadas a la transición energética.
Sin embargo, la experiencia europea muestra que incluso las infraestructuras consideradas “verdes” pueden tropezar con fuertes resistencias locales si no se gestionan con transparencia los riesgos ambientales, la participación ciudadana y la distribución de beneficios. Lo que hoy ocurre en la cuenca del río Uruguay recuerda, en cierto modo, los debates abiertos en distintos puntos de España y de la UE sobre grandes instalaciones renovables, líneas de evacuación eléctrica o plantas de producción de hidrógeno.
Reacciones políticas y propuesta de relocalización
Mientras la Justicia avanza con la producción de prueba, el plano político también se ha movido. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, mantuvo una reunión con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en la que puso sobre la mesa la alternativa de reubicar la planta dentro del propio departamento, en un emplazamiento que contribuya a descomprimir la tensión con Argentina.
Desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio —que meses atrás había insinuado la posibilidad de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya— se mostró receptivo a la idea de una relocalización, viéndola como una vía para rebajar el conflicto sin renunciar a los controles ambientales. Para las autoridades entrerrianas, que se sienten directamente afectadas por cualquier cambio en el río Uruguay, el gesto político del lado uruguayo es una señal a tener en cuenta.
Por su parte, Olivera ha subrayado que el gobierno uruguayo y las autoridades locales están mostrando “sensibilidad” ante las preocupaciones ambientales y logísticas. Según el intendente, se trabaja para garantizar que la planta sea viable desde el punto de vista económico y técnico, pero también social y ambiental, y para evitar que el proyecto se convierta en un foco permanente de disputa diplomática.
En sus declaraciones, el jefe departamental de Paysandú ha defendido la necesidad de encontrar un “ganar-ganar” entre la inversión y la protección del entorno. La idea es que todas las externalidades del proyecto —desde el empleo hasta el impacto ecológico— se analicen de forma integral, de manera que la decisión política final no deje cabos sueltos ni de un lado ni del otro del río.
Mientras tanto, en la orilla argentina, los demandantes remarcan que la resolución de la Justicia Federal es “fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay” y que las medidas ordenadas no pretenden cancelar el desarrollo de energías limpias en la región, sino encauzarlo bajo reglas claras y con la participación de todos los actores concernidos.
Dimensión regional y paralelismos con Europa
Más allá de la disputa puntual, el caso de la planta de hidrógeno en Paysandú se inscribe en una discusión que también se vive con intensidad en España y en otros países europeos: cómo impulsar grandes proyectos renovables sin desatender la protección de la biodiversidad, los derechos de las comunidades locales y los compromisos internacionales sobre aguas compartidas.
En la Unión Europea, la expansión del hidrógeno verde y de los combustibles sintéticos está siendo acompañada por la exigencia de evaluaciones ambientales estratégicas, consultas públicas y mecanismos de cooperación transfronteriza cuando las infraestructuras pueden afectar a más de un Estado miembro. En este sentido, el Estatuto del Río Uruguay y la CARU cumplen en el Cono Sur un papel comparable al de ciertos marcos comunitarios en Europa.
Lo que sucede en la frontera argentino-uruguaya sirve también de recordatorio para proyectos que se planifican en el ámbito europeo, incluidos los que interesan directamente a España, donde se habla cada vez más de posibles corredores de exportación de hidrógeno hacia el norte de Europa y de instalaciones de producción a gran escala. La experiencia latinoamericana señala que la coordinación temprana y la transparencia pueden ahorrar conflictos prolongados y costosos.
Para la industria europea de las energías renovables, este tipo de casos actúa como un termómetro sobre la importancia creciente de los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) a la hora de financiar proyectos. Inversiones de miles de millones pueden verse condicionadas no solo por su rentabilidad económica, sino por el modo en que gestionan las relaciones con comunidades vecinas y con países colindantes.
En América del Sur, al igual que en la UE, se perfila un escenario en el que los grandes desarrollos “verdes” estarán sometidos a un escrutinio jurídico y social cada vez más intenso. La controversia actual en el río Uruguay puede convertirse en uno de los casos de referencia sobre cómo compatibilizar transición energética, derecho ambiental y diplomacia regional.
Tras la intervención de la Justicia argentina, el futuro de la planta de hidrógeno verde en Paysandú queda supeditado a una batería de informes, peritajes y decisiones políticas que deberán demostrar que la mayor inversión prevista en Uruguay es plenamente compatible con la protección del río compartido y con las exigencias del derecho internacional. Lo que está en juego no es solo una infraestructura estratégica para la transición energética, sino también la capacidad de los países de la región —y por extensión, de otras áreas como Europa— para articular un modelo de desarrollo en el que las promesas del hidrógeno y de las renovables vayan de la mano de garantías ambientales sólidas y de una cooperación transfronteriza a la altura de los desafíos actuales.
