Han pasado ya más de dos semanas desde el histórico apagón eléctrico del 28 de abril que dejó a millones de personas de la Península Ibérica sin suministro durante horas. La normalidad retornó días después, pero las investigaciones para esclarecer las causas continúan abiertas y, por el momento, el Gobierno y los técnicos no han logrado concretar el origen exacto de la falla.
La magnitud del incidente, considerado el mayor de la historia en el sistema eléctrico español y uno de los más graves en Europa, ha puesto en jaque a las administraciones, los operadores y a las compañías eléctricas. El suceso ha desencadenado una revisión en profundidad sobre la resiliencia y seguridad del sistema energético, que, según los responsables políticos y técnicos, llevará tiempo analizar debido a la enorme cantidad de datos a estudiar.
Cronología: cómo se desencadenó el gran apagón
El 28 de abril, en torno a las 12:30 horas, la demanda eléctrica española era inusualmente baja para la época y circunstancias, rondando los 25.000 MW. La tranquilidad duró poco: en cuestión de 20 segundos se registraron tres incidencias graves de pérdida de generación en puntos clave del sistema: primero en Granada (12:32:57), después en Badajoz (12:33:16) y, apenas un segundo después, en Sevilla (12:33:17).
En esos breves instantes se perdieron más de 2,2 gigavatios de potencia del sistema. Como resultado, comenzó un efecto dominó de desconexiones automáticas por sobretensión y pérdida de sincronismo, no sólo entre distintas regiones de España, sino también entre el sistema peninsular y la red continental europea.
Las protecciones automáticas de la red, conocidas como «deslastres de carga», saltaron escalonadamente. Seis mecanismos distintos trataron de impedir el colapso, pero ninguno logró estabilizar la frecuencia ni la demanda. El sistema terminó alcanzando lo que los técnicos llaman el «cero peninsular»: el apagón total en la red principal.
¿Qué se ha descartado y qué hipótesis siguen abiertas?
Los primeros análisis de Red Eléctrica y las declaraciones de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, han permitido ya descartar varias explicaciones. Por un lado, no hubo problemas de falta de generación eléctrica; España estaba exportando energía a Francia, Portugal y Marruecos en ese momento. Además, se han descartado indicios de ciberataque como detonante del incidente, tras investigar a fondo los sistemas de control y generación.
El motivo principal parece residir en una concatenación de anomalías técnicas, que afectaron a distintos elementos de la infraestructura eléctrica en cuestión de segundos. El propio Gobierno reconoce que, de momento, no es posible atribuir el apagón a un solo fallo o a un responsable único: la suma de pequeñas disfunciones pudo provocar el colapso, sin que ninguna sea “la causa aislada definitiva”.
Esta situación complica enormemente la investigación. El Ejecutivo insiste en la necesidad de actuar con total transparencia y rigor, pero admite que quizás nunca llegue a identificarse una explicación única y concluyente. Al menos, todo lo descubierto se hará público y cualquier avance será comunicado a la ciudadanía.
Avance de las pesquisas y retos pendientes
La ministra Sara Aagesen ha fijado un plazo de entre tres y seis meses para esclarecer los detalles más relevantes, depurar posibles responsabilidades y plantear reformas técnicas o de gestión que minimicen el riesgo de que un apagón similar vuelva a ocurrir.
El proceso se antoja complejo. Se están examinando, según datos oficiales, más de 750 millones de registros producidos por las más de 4.000 plantas de generación, centros de control y distribuidoras, únicamente en la franja horaria crítica del 28 de abril. Además, se han detectado oscilaciones y señales anómalas en la tensión y frecuencia media hora antes del apagón, lo que amplía el campo de análisis incluso a días previos al suceso.
La colaboración entre los diversos actores –Ministerio, Red Eléctrica, empresas generadoras y distribuidoras– está siendo buena, pero los expertos reconocen que la disparidad de medios y la enorme cantidad de datos dificultan el avance rápido de las indagaciones. A día de hoy, no se ha detectado oposición a compartir información entre los implicados, aunque algunas compañías solicitaron tiempo adicional para facilitar todos los informes técnicos requeridos por el Ministerio.
Al margen de la responsabilidad técnica, la crisis ha reabierto debates sobre la estructura de Red Eléctrica y la conveniencia –o no– de separar sus funciones de transportista y operador del sistema, una cuestión que históricamente genera tensiones entre Gobierno y eléctricas, aunque por ahora no se vincula directamente al suceso.
El gran apagón del 28 de abril ha supuesto un punto de inflexión en la percepción social y política sobre la fiabilidad del sistema eléctrico nacional. Aunque se han descartado escenarios alarmistas como el ciberataque, y no parece haber culpables concretos, la investigación sigue en marcha para evitar incidentes similares en el futuro. El rigor en el análisis de datos, la transparencia institucional y la colaboración activa entre todas las partes implicadas serán determinantes en la búsqueda de respuestas y la posterior actualización de la infraestructura eléctrica.
