La hidroeléctrica de Urrá, ubicada en el sur de Córdoba, se ha convertido en el epicentro del debate nacional en Colombia tras las inundaciones que afectan a amplias zonas del Caribe y motivaron la inspección a la hidroeléctrica de Urrá. Las crecientes del río Sinú, las lluvias intensas y las descargas del embalse han motivado una serie de visitas técnicas e investigaciones ordenadas por el Gobierno central.
Tanto la Superintendencia de Servicios Públicos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se desplazaron hasta la central para revisar en detalle cómo se ha venido operando la presa en medio de un fenómeno climático catalogado como inusual por su intensidad. Sobre la mesa están cuestiones sensibles: seguridad de las comunidades, manejo del agua, posibles fallos de planificación y el impacto en el sistema eléctrico.
Visitas de inspección y alcance de las investigaciones
Por mandato directo del presidente Gustavo Petro, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, lideró una visita de inspección a la central hidroeléctrica de Urrá en el contexto de las inundaciones que han afectado a municipios ribereños del río Sinú. El objetivo principal es recabar información técnica y operativa que permita determinar si la gestión del embalse se ajustó a la normativa y a los estándares de seguridad.
Durante la jornada, la Superservicios solicitó datos detallados sobre la operación del embalse, los volúmenes de vertimiento, la generación de energía, las ofertas y precios en el mercado mayorista, así como la forma en que se activaron los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Con esta información se pretende esclarecer si hubo decisiones que pudieron agravar las crecidas río abajo.
En paralelo, la UNGRD llevó a cabo una inspección técnica propia, encabezada por su director, Carlos Carrillo, quien acudió a la represa acompañado por la directora de la Defensa Civil Colombiana, Ana Milena Mejía. Esta visita se enmarca en el seguimiento permanente a los puntos críticos del sistema hídrico que realiza la entidad durante la temporada de lluvias.
Las autoridades de gestión del riesgo han subrayado que no se trata de una acción aislada, sino de parte de un operativo nacional de supervisión sobre grandes embalses y centrales hidroeléctricas, con especial atención a la respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos.
En Urrá, la inspección incluyó la revisión de la infraestructura de la presa, los niveles actuales del embalse y las rutinas de mantenimiento y control, con el fin de descartar fallos estructurales y confirmar que las maniobras de operación se ajustan a los protocolos establecidos.
Contexto de lluvias extremas e impacto en las comunidades
Las inspecciones se producen en medio de una emergencia por fuertes lluvias que golpea a Córdoba y a otros departamentos del Caribe. Las autoridades de gestión del riesgo han informado de decenas de miles de familias afectadas, con cifras que superan las 43.000 o incluso 52.000 según diferentes reportes, así como daños en viviendas, vías rurales y cultivos.
Los organismos de socorro han descrito una situación compleja en municipios y corregimientos ribereños del río Sinú, donde se han registrado inundaciones en zonas bajas, desbordamientos y evacuaciones preventivas. Varias localidades han tenido que habilitar albergues temporales para acoger a las personas desplazadas por el agua.
La emergencia no se limita a Córdoba: otros departamentos como Sucre, Bolívar y Chocó también han reportado afectaciones relacionadas con el mismo sistema de lluvias y frentes fríos. Este carácter regional del fenómeno refuerza la hipótesis de un evento climático extraordinario que ha alterado los patrones habituales de la temporada seca.
Según la información disponible, el fenómeno meteorológico identificado como “frente frío” ha sido el más intenso desde que se tienen registros para el embalse de Urrá, con aportes de agua situados entre 1.000 y 2.654 m³/s, muy por encima del promedio histórico de 121 m³/s para el mes de febrero. Estas entradas masivas de caudal han elevado de forma brusca el nivel del embalse y el caudal del río.
En este contexto, la UNGRD ha insistido en mantener un monitoreo constante de embalses, ríos y cuencas hidrográficas, mientras se ejecutan acciones de prevención y respuesta para reducir el impacto en las comunidades más vulnerables. Las labores de atención humanitaria, envío de ayudas y evaluación de daños continúan de manera simultánea a las investigaciones sobre el manejo de las represas.
Operación del embalse, descargas y seguridad de la presa
Uno de los focos centrales de la inspección es el manejo de las descargas de agua desde Urrá hacia el río Sinú, especialmente en los momentos de mayor llenado del embalse. Las autoridades buscan determinar si las maniobras de vertimiento fueron las adecuadas para proteger la seguridad de la infraestructura y reducir el riesgo para las poblaciones aguas abajo.
El presidente encargado de la central, Juan Acevedo, informó durante la visita de la UNGRD que en las últimas horas se había observado una disminución en los niveles de almacenamiento, lo que había permitido bajar la magnitud de las descargas. Según sus declaraciones, las liberaciones de agua se redujeron hasta valores del orden de 1.390 (en referencia al caudal), lo que, afirmó, contribuye a mantener el control de la presa y unas condiciones de operación consideradas seguras.
La empresa operadora sostiene que el incremento de las descargas y la posterior reducción de la generación eléctrica fueron maniobras controladas para mitigar el riesgo de inundaciones, y no una señal de pérdida de control sobre el embalse. Desde la central se ha remarcado que, hacia el 7 de febrero, el nivel del río Sinú mostraba tendencia a la baja y el embalse se encontraba estable.
Esta versión será contrastada con los datos técnicos solicitados por la Superservicios, entre ellos los registros horarios de nivel, caudal entrante, caudal descargado y potencia generada, así como los informes de activación del Plan de Gestión del Riesgo. El análisis cruzado de esta información busca aclarar si las decisiones de operación se ajustaron a los protocolos establecidos para eventos extremos.
Las autoridades de gestión del riesgo subrayan que cualquier descarga masiva en un contexto de suelos saturados aumenta la posibilidad de crecientes súbitas y desbordamientos en los tramos medios y bajos del río, motivo por el cual el comportamiento del embalse durante los días más críticos será objeto de especial escrutinio.
Posibles responsabilidades y críticas desde el Gobierno
El presidente Gustavo Petro ha sido particularmente crítico con el sector hidroeléctrico a raíz de las inundaciones. En mensajes publicados en redes sociales, sostuvo que varias represas, entre ellas Urrá e Hidroituango, se encontraban “súper llenas” y operando cerca de su límite, lo que habría derivado en vertimientos de gran magnitud sobre las poblaciones ribereñas.
Según el mandatario, las descargas realizadas desde estas centrales habrían alcanzado valores que equivalen a más de 2.500 toneladas de agua por segundo, una cifra que, en su opinión, se tradujo en importantes pérdidas de vidas, daños materiales y desaprovechamiento de energía potencial que podría haberse utilizado para reducir el uso de generación térmica más costosa.
Petro también puso el foco en la planificación energética y el papel del gas dentro del sistema eléctrico, al cuestionar por qué no se aprovechó plenamente la abundancia de agua almacenada en los embalses para disminuir la dependencia del gas, en un contexto en el que se argumentaba escasez de este combustible y se recurría a importaciones a precios elevados.
En sus declaraciones, el presidente dejó entrever que podrían existir intereses económicos vinculados a los contratos de venta de energía, planteando interrogantes sobre si se habría mantenido un nivel alto de almacenamiento en los embalses con el objetivo de respaldar acuerdos de suministro a precios asociados al coste del gas.
Ante estas sospechas, el jefe de Estado ordenó una investigación inmediata a las superintendencias competentes y llegó a pedir la renuncia del gerente de Urrá, al señalar que el embalse habría permanecido por encima del nivel permitido durante una proporción significativa de los últimos meses. Estas afirmaciones han elevado la tensión entre el Gobierno y parte del sector energético.
Respuesta institucional y supervisión del sector hidroeléctrico
Frente a las críticas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha señalado que continuará evaluando de forma rigurosa el cumplimiento normativo, regulatorio y de gestión del riesgo en Urrá y en otras centrales hidroeléctricas del país. El propósito, subraya el organismo, es doble: garantizar la seguridad de las comunidades y asegurar que el suministro de energía se preste con precios eficientes para los usuarios.
El superintendente Felipe Durán ha explicado que las visitas no solo se concentran en la emergencia actual, sino que forman parte de un programa de revisión del manejo de los embalses en el marco de la variabilidad climática. En cada central se recopilan datos sobre la operación, la generación, los vertimientos realizados y la activación de procedimientos de prevención de desastres.
Los informes que se generen a partir de la inspección a Urrá se integrarán en un análisis más amplio del comportamiento de las generadoras en el país. Este trabajo servirá de base para eventuales decisiones sobre planificación de embalses, prevención de desastres y ajustes en la regulación, especialmente frente a la mayor frecuencia de episodios climáticos extremos.
En paralelo, el debate sobre la necesidad de declarar una nueva emergencia económica, social y ecológica se mantiene abierto. La UNGRD recomendó al presidente avanzar en esta dirección para disponer de herramientas adicionales que permitan atender los daños ocasionados por el frente frío, que ya ha dejado más de un centenar de emergencias en diferentes regiones.
Este escenario ha reavivado la discusión sobre el uso de los estados de excepción en la gestión de crisis climáticas y sobre el equilibrio entre la rapidez de respuesta y los controles institucionales en materia de contratación y ejecución de obras.
Evento hidrológico extraordinario y datos técnicos del embalse
Más allá del componente político, especialistas del sector energético y autoridades ambientales coinciden en que el país se enfrenta a un evento hidrológico extraordinario y reavivan el debate sobre la energía hidroeléctrica y el cambio climático. Las lluvias intensas en la cuenca alta del río Sinú han provocado un aumento muy acelerado de los caudales, que, según algunas estimaciones, se habría multiplicado por cinco en menos de 36 horas.
Datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales apuntan a que el embalse de Urrá recibió aportes equivalentes a más de 16 gigavatios hora diarios, una cifra que supera en torno al 1.200 % el promedio histórico registrado para esta época. Este comportamiento sin precedentes ha puesto a prueba los protocolos de operación de la central.
Desde el gremio energético se señala que estas condiciones extremas, sumadas a la saturación de los suelos y a la topografía de la cuenca, explican buena parte de la magnitud de las inundaciones registradas en la región. No obstante, reconocen que será la evaluación técnica de las autoridades la que determine en qué medida la operación de la represa contribuyó o no a agravar la situación.
La compañía operadora de Urrá insiste en que no se perdió el control del embalse y que las decisiones de aumentar las descargas y, posteriormente, disminuir la generación, respondieron a la necesidad de proteger la integridad de la presa y evitar un escenario de riesgo mayor ante el volumen inusual de agua que ingresaba al sistema.
En cualquier caso, la combinación de un evento climático extremo con la presencia de una infraestructura estratégica como una hidroeléctrica vuelve a colocar sobre el tablero el debate sobre la adaptación de las grandes obras hidráulicas a un clima más volátil y con fenómenos cada vez más intensos.
Relación entre gestión del riesgo, política energética y ciudadanía
La situación en Urrá evidencia hasta qué punto la gestión del riesgo de desastres, la planificación energética y la protección de las comunidades están estrechamente vinculadas. Cada decisión sobre el nivel de un embalse, el momento de realizar descargas o la cantidad de energía generada tiene consecuencias directas en el territorio, especialmente en contextos de lluvias extremas.
La UNGRD ha remarcado la importancia de que las empresas operadoras y las autoridades locales coordinen de forma permanente los planes de contingencia, compartan información en tiempo real y mantengan protocolos claros de comunicación con las comunidades aguas abajo, para que estas puedan anticiparse a posibles crecidas.
Al mismo tiempo, el debate sobre el uso de la energía hidroeléctrica frente a otras fuentes, como el gas o las térmicas, se cruza con las exigencias de la ciudadanía en materia de tarifas justas y calidad del servicio. Las inspecciones a Urrá incluyen también el análisis de cómo se han fijado los precios de la energía en el mercado de bolsa durante el periodo de la emergencia.
Las comunidades afectadas, por su parte, reclaman respuestas rápidas y transparentes sobre las causas de las inundaciones, así como apoyo para la reconstrucción de viviendas, infraestructuras rurales y medios de vida, especialmente en zonas agrícolas que han sufrido pérdidas significativas.
El caso de Urrá se ha convertido, de facto, en un laboratorio de discusión sobre cómo deben adaptarse las políticas públicas, la regulación energética y la gestión de grandes infraestructuras hidráulicas a un escenario marcado por la crisis climática y la mayor frecuencia de episodios extremos.
En este panorama, la inspección a la hidroeléctrica de Urrá se perfila como una pieza clave para entender qué ha ocurrido durante la reciente ola de inundaciones en Córdoba y otros departamentos del Caribe colombiano. De los informes técnicos y las investigaciones en curso dependerá no solo la eventual asignación de responsabilidades, sino también posibles cambios en la forma de operar los embalses, de planificar el sistema energético y de articular la gestión del riesgo con la protección efectiva de las comunidades ribereñas.
