La reducción de la pobreza energética se ha consolidado como uno de los retos sociales más urgentes en España, América Latina y otras regiones del mundo. Cada vez más entidades, fundaciones y empresas energéticas ponen en marcha estrategias para garantizar el acceso universal a la energía, luchando contra la exclusión y mejorando la calidad de vida de miles de familias. A través de premios, proyectos piloto y colaboraciones multisectoriales, se multiplican las alternativas para hacer frente a esta problemática que afecta tanto a la economía diaria de los hogares como a su bienestar global.
Durante el último año, diversas iniciativas han demostrado que es posible implementar soluciones efectivas y sostenibles, adaptadas tanto al entorno urbano como rural. Desde el acceso al gas natural y el GLP (Gas Licuado de Petróleo) hasta los programas de asesoramiento energético y formación laboral, los resultados son palpables: descenso notable en los gastos necesarios para servicios básicos, mayor confort y oportunidades económicas, y especial atención a colectivos especialmente vulnerables.
Premios y reconocimientos a proyectos sociales en España
En el contexto español, la Fundación Naturgy ha destacado por su compromiso en la lucha contra la pobreza energética. Cada año, reconoce a organizaciones que desarrollan proyectos de impacto social centrados en el acceso y el uso responsable de la energía. En la última edición de sus premios, la Asociación Provivienda recibió el galardón principal por su iniciativa “Soluciones para el Ahorro Energético en el Hogar”, que ofrece diagnóstico, asesoramiento y formación en hábitos de consumo, con especial atención a la optimización de facturas y el acceso al bono social eléctrico.
Este proyecto ha beneficiado a más de 2.300 personas solo en Canarias desde 2018, resultando en una reducción directa del importe de las facturas energéticas y en la adquisición de buenos hábitos de consumo sostenibles a lo largo del tiempo. La dotación económica del premio permitirá escalar el impacto, incluyendo posibles reformas para mejorar la eficiencia energética en viviendas vulnerables.
También se premian iniciativas que vinculan energía y empleabilidad, como la desarrollada por Fundación Tomillo. Su programa se dirige a formar a jóvenes en riesgo de exclusión social en áreas como electricidad, administración electrónica e informática, quienes posteriormente llevan a la práctica sus conocimientos en auditorías reales y tareas de sensibilización energética en hogares desfavorecidos.
La labor de Fundación Naturgy, junto a otras entidades finalistas, se traduce en más de 260.000 beneficiarios cada año y suma esfuerzos con el tercer sector, centros educativos y administraciones públicas. Programas como el Plan de Vulnerabilidad Energética y el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética han conseguido intervenir directamente en miles de viviendas, realizando desde rehabilitaciones exprés hasta la promoción de energías renovables en centros residenciales.
Innovación social y colaboración multisectorial
Una de las novedades más relevantes en la lucha contra la pobreza energética ha sido la creación de mecanismos innovadores como el Banco de Energía. Impulsado por la Fundación Energía Responsable junto a compañías energéticas como Visalia, este sistema se basa en la donación de recursos energéticos por parte de empresas y consumidores, cubriendo desde electricidad y gas hasta gasóleo y biomasa.
Gracias a esta plataforma, cerca de 30.000 personas en situación vulnerable han visto cubiertas sus necesidades energéticas esenciales en todo el país. El modelo no solo proporciona energía directamente a quienes más lo necesitan, sino que también habilita ayudas específicas, como el pago de combustible para familias con dificultades de acceso al transporte o la instalación de placas solares en centros de acogida. Además, permite donar activos como certificados de energía renovable, integrando la transición energética con criterios de justicia social.
Estas iniciativas fomentan la colaboración con decenas de fundaciones y asociaciones, impulsan la formación laboral de personas con discapacidad y promueven la igualdad de oportunidades en el sector energético. El objetivo es que ninguna familia quede al margen de la transición hacia modelos energéticos más limpios y sostenibles.
Acceso a gas y GLP en América Latina, clave para la inclusión energética
En América Latina, y en especial en Perú, el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y al gas natural se ha convertido en una herramienta fundamental para combatir la pobreza energética. El rápido incremento en la cobertura de GLP —que ha pasado de un 20% a un 70% de los hogares peruanos en dos décadas— ha provocado un descenso del porcentaje de familias en situación de exclusión energética del 47% al 25%. Este cambio ha permitido que millones de personas dispongan de una fuente segura, moderna y económica para cocinar, calentar agua o usar electrodomésticos.
El impacto va más allá del hogar: cerca de 650.000 vehículos y unas 250.000 pequeñas y medianas empresas utilizan GLP por su bajo coste y facilidad de instalación, contribuyendo a la actividad económica y la generación de empleo. La dependencia de yacimientos nacionales como Camisea fortalece la seguridad energética y minimiza la exposición a los vaivenes del mercado internacional.
No obstante, los expertos advierten sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de almacenamiento y distribución, así como de actualizar los marcos regulatorios para garantizar una expansión verdaderamente inclusiva. Los subsidios, como el programa Vale FISE en Perú, ya han beneficiado a más de 1,3 millones de hogares vulnerables, pero persisten barreras de acceso en zonas rurales o con menor desarrollo de redes de distribución.
El caso del gas natural también resalta la importancia de la masificación planificada. En regiones como Lima e Ica, el acceso a este recurso ha reducido sensiblemente el gasto energético familiar y ha mejorado la estabilidad financiera de los hogares, mientras que zonas excluidas como Cusco siguen afrontando dificultades y dependencia de fuentes menos eficientes.
Los datos muestran que la energía moderna no solo reduce la factura doméstica directa, sino que también permite un mayor ingreso disponible y facilita la planificación económica familiar a largo plazo.
Factores esenciales para avanzar en la inclusión energética
Detrás de todos estos avances hay una apuesta clara por la formación, la colaboración entre sectores y la innovación regulatoria. Los expertos coinciden en que educar a la ciudadanía sobre hábitos de ahorro, derechos energéticos y nuevas tecnologías es tan importante como crear infraestructuras de distribución o aprobar ayudas económicas. Las alianzas entre fundaciones, administraciones públicas, empresas privadas y entidades del tercer sector han resultado determinantes para llevar la energía donde más se necesita.
Por otro lado, la importancia de la adaptación normativa y las medidas para alcanzar los objetivos energéticos en 2030 es clave para eliminar trabas, incentivar la inversión privada y garantizar la calidad del servicio. El equilibrio entre los costes de infraestructuras y la asequibilidad sigue siendo uno de los grandes retos pendientes en muchas regiones.
Las experiencias recientes demuestran que, con programas bien diseñados y alianzas eficaces, es posible reducir la pobreza energética de forma notable en contextos muy diversos. Desde proyectos que combinan tecnología y acción social hasta políticas públicas que priorizan la inclusión y la sostenibilidad, el acceso universal a la energía está cada vez más cerca de ser una realidad tangible para todos.
