La reapertura de centrales nucleares, y en especial la de Santa María de Garoña, ha generado un debate constante dentro de la sociedad española, particularmente tras la crisis energética en Europa post-guerra de Ucrania. Situada en el Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, la planta de Garoña data de 1971 y desde su cierre en 2013 ha sido un punto clave en la discusión sobre el futuro de la energía nuclear en España. Este artículo abarca el estado actual del informe de renovación de la licencia, las medidas de seguridad que se han implementado para su posible reapertura y el futuro de las políticas energéticas en torno a este debate.
Informe de renovación de la licencia
El análisis técnico para la posible reapertura de la central nuclear de Garoña depende en gran medida del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha llevado a cabo exhaustivos estudios desde su cierre en 2013. El informe inicial solicitado por el Ministerio de Energía giraba en torno a la extensión de la licencia sin límites claros, lo que generó controversias sobre la viabilidad y seguridad de extender la vida útil de una central tan antigua.
Uno de los puntos clave que destacó fue el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento incluido en el informe, que evaluaba la resistencia y viabilidad técnica de la planta para operar más allá de los 40 años iniciales. Este tipo de estudios no solo examinan el estado físico de la infraestructura, sino que también valoran cómo las condiciones ambientales y operativas han afectado a la planta a lo largo del tiempo. El CSN concluyó que Garoña cumplía con los requisitos mínimos en 2009, permitiendo la renovación temporal hasta 2013.
Sin embargo, en 2017, el Ministerio de Energía tomó la decisión de negar la renovación de la licencia basándose en el impacto económico y político, y el hecho de que la central había dejado de ser rentable. Las inversiones necesarias para modernizar la planta representaban un desafío económico considerable.
Medidas clave para la renovación
La seguridad en Garoña ha sido un tema prioritario. Nuclenor, la empresa responsable de la planta, debía presentar una serie de informes que demostraran la implementación de mejoras significativas. Entre las condiciones que el CSN exigió para una posible reapertura se encuentran:
- Incrementos en las medidas de seguridad física para prevenir incidentes graves, tales como un desastre natural o un fallo operativo grave.
- Modernización de todos los sistemas eléctricos y mecánicos de la planta para adaptarse a la normativa actual post-Fukushima.
- Adopción de las nuevas normativas de tratamiento y almacenamiento de residuos nucleares, vital en la gestión a largo plazo de los desechos generados.
- Pruebas adicionales de resistencia estructural y operativa similar a las que se han llevado a cabo en Suiza y Japón tras la reapertura de sus reactores antiguos.
Estas y otras recomendaciones hacen que el proceso de reapertura no solo sea costoso sino también complicado, ya que la reconfiguración de la planta tardaría años y, por ende, dilataría cualquier posible retorno económico. Además, el incremento del riesgo tras el incidente de Fukushima en 2011 requiere que las plantas nucleares en todo el mundo cumplan con estándares mucho más estrictos.
La normativa vigente y las nuevas leyes sobre energía nuclear
Con el paso de los años, España ha ajustado su normativa para alinear las políticas energéticas con las exigencias internacionales. Una de las leyes más relevantes fue aprobada en 2021 cuando el CSN emitió una serie de cambios regulatorios que facilitaban la renovación de licencias para centrales nucleares con más de 40 años en servicio.
Esta modificación eliminó la necesidad de revisiones periódicas cada diez años, lo que permitió que la extensión de licencias se realizara de manera más fluida y con una visión a largo plazo. Las renovaciones podrían ser válidas por períodos de hasta 25 años, siempre y cuando los informes técnicos apoyaran una operación segura y estable de las plantas.
Sin embargo, esta flexibilización no evitó las críticas y protestas de diversos grupos ecologistas que consideraban que la renovación de Garoña y otras nucleares supondrá un aumento en la cantidad de residuos nucleares a gestionar, problema que España aún no ha resuelto del todo adecuadamente. En particular, el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas sigue detenido, lo que aumenta la dependencia de almacenes temporales como el de Garoña.
La postura de los ecologistas
El cierre de Garoña no solo ha sido una victoria para las organizaciones ecologistas como Greenpeace, sino también un símbolo de la lucha contra la energía nuclear en España. Para los ecologistas, prolongar la vida útil de las nucleares es contradictorio con la transición hacia energías renovables.
Una de las principales críticas apunta a que el uso de la energía nuclear obstaculiza el desarrollo de tecnologías energéticas más limpias y sostenibles. Además de las preocupaciones económicas, los grupos medioambientalistas afirman que la extensión en el ciclo de vida de las plantas nucleares incrementa el volumen de residuos radioactivos, añadiendo a los riesgos ambientales ya existentes.
Se ha resaltado que, tras el incidente de Fukushima, no se ha realizado un análisis profundo sobre la viabilidad a largo plazo de estas plantas y de su impacto en la salud y el medio ambiente. Mientras tanto, las organizaciones siguen apostando firmemente por la inversión en energías renovables en lugar de mantener infraestructuras heredadas del siglo pasado.
¿Es viable la reapertura de Garoña?
A pesar de los esfuerzos de algunos sectores políticos, como el partido VOX en los últimos años, la empresa propietaria de la central, Nuclenor, ha insistido en que la reapertura de Garoña no es económicamente viable. Los costos derivados de las actualizaciones tecnológicas y las nuevas normativas impuestas tras Fukushima, así como los costos administrativos y burocráticos, hacen que la reactivación de la planta sea inviable.
Países como Japón y Suiza han logrado reabrir algunos de sus reactores antiguos, pero las circunstancias económicas de dichos países permiten una inversión mucho mayor en la energía nuclear. En contraste, en España el impulso hacia el desmantelamiento de Garoña parece irreversible. La planta ya ha avanzado considerablemente en su fase de desmantelamiento, lo que también implica que cualquier intento de reapertura implicaría empezar desde cero en términos de permisos y viabilidad técnica.
En este sentido, el futuro de la energía nuclear en España parece inclinarse hacia la desconexión gradual de las plantas más antiguas, mientras surgen más proyectos de energías renovables.
Futuro de Garoña
Aunque la discusión sobre la reapertura de Garoña continúa, es probable que la planta se mantenga cerrada mientras se desarrolla su desmantelamiento completo previsto para 2033. A medida que se avanza en la gestión de los residuos y la política nuclear en España sigue evolucionando, Santa María de Garoña se mantiene como una pieza clave dentro del debate energético y ecológico en el país.