El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resuelto una nueva inyección de 10,7 millones de euros para impulsar la creación de 106 comunidades energéticas en todo el país, dentro del programa CE Implementa financiado con fondos NextGenEU del PRTR y gestionado por el IDAE. Con esta quinta convocatoria, el total acumulado asciende a 251 proyectos apoyados y más de 124 millones adjudicados para fomentar la participación ciudadana en el sistema energético.
La convocatoria, enfocada a proyectos de pequeño tamaño, abre la puerta a que las comunidades impulsen varias propuestas y fija un plazo de ejecución de 14 meses desde la notificación. En el reparto territorial destaca Cataluña, que concentra 42 iniciativas y el 31,55% de las ayudas (3,39 millones), seguida por Andalucía, Castilla y León y Aragón, con presencia además en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, Galicia, Extremadura, Murcia, Navarra y Asturias. Todos los beneficiarios son cooperativas y asociaciones, con 18.674 personas socias implicadas, y 55 de las comunidades operarán en municipios de Reto Demográfico.
CE Implementa: qué financia y a quién llega
Esta quinta edición prioriza actuaciones de escala local que no superan 1 millón de euros de inversión por proyecto, lo que ha permitido articular 371 iniciativas piloto (más de tres por comunidad). La gran mayoría, 279, integran generación renovable eléctrica con solar fotovoltaica y almacenamiento, complementadas por 44 propuestas de movilidad sostenible y 38 de gestión de la demanda.
También se contemplan soluciones de calor renovable con 10 instalaciones térmicas —principalmente aerotermia y biomasa—. En conjunto, los proyectos agregan 20.822 kW de potencia fotovoltaica y 1.216 kW térmicos, incorporan 18.272 kWh de almacenamiento y despliegan 62 puntos de recarga para vehículo eléctrico, además de cuatro sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas y cinco iniciativas de adquisición de vehículos.
Participación ciudadana y red de apoyo
La implicación social en la transición energética es una prioridad del PNIEC, y el paquete de ayudas a comunidades energéticas se refuerza con las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) como puntos de información y acompañamiento. Ambas líneas —CE Implementa y OTC— se integran en la Componente 7 del PRTR y, en las convocatorias recientes, se alinean con la inversión sobre autoconsumo, almacenamiento y comunidades energéticas del capítulo REPowerEU (Componente 31).
Con este enfoque, la Administración pretende democratizar el sistema energético, anclar el despliegue renovable al territorio y acelerar la descarbonización, situando a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones y del reparto de beneficios.
Agenda autonómica: Andalucía y Álava activan el ecosistema
En Andalucía, el 29 de octubre está prevista una reunión del grupo de trabajo de Comunidades Energéticas de la Mesa para el Autoconsumo en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía. Sobre la mesa, la hoja de ruta del autoconsumo colectivo y la presentación de los nuevos programas de incentivos INEA e INCEA financiados con Fondos FEDER, en coordinación con los grupos de tramitación, formación, comunicación, municipios y REDEJA.
Por su parte, Álava celebrará los días 10 y 11 de noviembre el primer Congreso de Comunidades Energéticas en Vitoria-Gasteiz, con sesiones sobre electrificación, almacenamiento y flexibilidad, diálogo entre OTC de Euskadi y Navarra y una muestra de casos de éxito locales. La agenda incluye un bloque de financiación —bonificaciones municipales, apoyo provincial, crowdfunding, banca ética y financiación colectiva— y un foco social en pobreza energética e inclusión, culminando con un taller para perfilar una hoja de ruta compartida.
Novedades regulatorias en Cataluña
El Govern ha aprobado un decreto ley para hacer más competitivo, sostenible y seguro el sistema eléctrico catalán, con medidas que afectan a renovables, redes, almacenamiento y comunidades energéticas. La norma crea un registro específico de estas entidades, regula la participación de los entes locales y refuerza la participación pública a través de mesas de diálogo, además de modular el despliegue en el territorio —por ejemplo, acotando instalaciones en suelos de regadío o permitiendo líneas próximas a la red viaria—.
Asimismo, se define por primera vez la tramitación de baterías y pérgolas solares, se clarifica su encaje urbanístico y energético y se avanza en simplificación administrativa: transmisión de autorizaciones de proyectos no puestos en servicio, umbral de 500 kW para requerir autorización en eólica o fotovoltaica, y agilización de mejoras y repotenciación de redes. Este marco dota de mayor seguridad jurídica a promotores, ayuntamientos y ciudadanía y acelera el despliegue de soluciones locales.
¿Qué es una comunidad energética y por qué importa?
Una comunidad energética permite a las personas y entidades producir, consumir, almacenar, compartir y vender energía renovable de forma colectiva, priorizando los beneficios ambientales, sociales y económicos para el entorno por delante de la rentabilidad financiera estricta. Su diseño promueve empleo local, actividad económica y reducción de emisiones.
Además de avanzar en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética, estas iniciativas son especialmente valiosas en municipios de reto demográfico, donde el conocimiento del territorio facilita proyectos ajustados a necesidades reales y contribuye a fijar población y dinamizar la vida comunitaria.
El nuevo impulso estatal, autonómico y local —con financiación específica, herramientas de acompañamiento y marcos regulatorios más claros— coloca a las comunidades energéticas en un punto de madurez interesante: hay recursos, reglas y una agenda pública activa para que más barrios, pueblos y cooperativas den el paso y conviertan la energía compartida en una realidad cotidiana.
