El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2015 el Real Decreto que impuso lo que denominaron como peaje de respaldo para el autoconsumo energético, conocido popularmente como el impuesto al sol. Esta medida desató un gran malestar entre organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y asociaciones empresariales, que ya advertían de sus posibles efectos negativos desde que se conocieron los primeros objetivos del Ministerio de Industria dos años antes. A pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ofreció recomendaciones para modificar el enfoque del decreto, el Gobierno decidió aprobarlo sin mayores problemas, argumentando la necesidad de mantener la estabilidad del sistema eléctrico. 
La aprobación de este impuesto bajo el mandato de José Manuel Soria (entonces Ministro de Industria) generó una gran incomprensión entre la ciudadanía. Países con menos capacidad solar como Alemania instalaban más paneles solares en un solo año que España en toda su historia. El panorama español, que en años anteriores impulsaba las energías renovables, cambió drásticamente desde 2011, cuando el gobierno del Partido Popular empezó a adoptar medidas contrarias a este sector, complicando la expansión de la energía solar.
¿Cómo puede el gobierno cobrarte por tu propia energía?
El funcionamiento del autoconsumo fotovoltaico en ese período era sencillo: un consumidor con paneles solares genera su propia energía, pero en ciertos momentos (por ejemplo, en días nublados o por la noche) necesita recurrir a la red eléctrica. A su vez, cuando sobraba energía, tenía la opción de vender ese excedente a la red. El problema que justificaba el gobierno era la necesidad de un peaje de respaldo. Según Soria, los usuarios de autoconsumo debían contribuir a mantener la red, como cualquier otro consumidor, ya que la red la pagamos entre todos. 
Sin embargo, expertos en economía social como Mario Sánchez-Herrero de Ecooo, señalaron que la medida carecía de sentido. Los autoconsumidores debían pagar el impuesto al sol incluso en los momentos en que no demandaban energía de la red, lo que llevó a enormes pérdidas para los particulares que habían invertido en energía solar.
¿Qué precio tenía el impuesto al sol?
Para los consumidores residenciales, el impuesto suponía aproximadamente 9€ más IVA por cada kW de potencia instalada en sus paneles solares. De esta manera, una familia que tuviera una instalación media, pagaría un peaje anual sin recibir ningún tipo de compensación por la energía que aportara a la red. Por ejemplo, si un autoconsumidor produjera un 50% de su energía y no la utilizara, dicha electricidad se vertía en la red, y las compañías eléctricas la vendían a terceros a precios de mercado, mientras el productor no recibía retorno alguno. 
En el caso de las instalaciones industriales, los peajes eran más complejos. Aparte de los 9€ fijos por kW, se añadía un peaje variable dependiendo del consumo, estimado en unos 5 céntimos por cada kWh autoconsumido. Además, muchas islas como Canarias y Baleares estaban exentas del impuesto debido a su lejanía y la ineficiencia de los sistemas de generación en estos territorios insulares.
¿Quién se benefició del decreto?
El Real Decreto fue presentado por el gobierno como una medida para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar que, sin el peaje de respaldo, los consumidores convencionales terminaran subvencionando el autoconsumo. Sin embargo, ante el análisis de los balances financieros de grandes compañías como Red Eléctrica Española, Iberdrola, o Endesa, los beneficios multimillonarios reflejaban la enorme rentabilidad del sistema eléctrico en manos de pocas empresas.La dificultad para desarrollar el autoconsumo en España también estaba relacionada con la sobreinversión que realizaron las eléctricas en tecnologías como el ciclo combinado basadas en gas, que debido a la crisis económica funcionaban muy por debajo de su capacidad. Sin el freno al autoconsumo, estas plantas habrían sido menos viables.
Situación en otros países de Europa
Mientras en España se imponía el impuesto al sol, en países vecinos como Portugal, Francia o Alemania, las normativas eran mucho más favorables para quienes apostaban por energías renovables. 
En Portugal, se permitía el autoconsumo sin peajes adicionales para instalaciones de hasta 1MW, y los excedentes se podían vender a un precio de mercado con ligeras reducciones. En Francia, el gobierno incentivaba la instalación de paneles solares, ofreciendo licitaciones y ayudas económicas. En Alemania, grandes eléctricas como E.ON incluso facilitaban el almacenamiento de la energía excedente a sus clientes mediante una cuenta virtual de consumo eléctrico.
¿Qué ha supuesto la derogación del impuesto al sol?
El Real Decreto que introdujo el impuesto al sol fue derogado en octubre de 2018, lo que trajo consigo una serie de cambios importantes. A partir de entonces, las instalaciones fotovoltaicas retornaron a ser atractivas para los consumidores, tanto particulares como industriales. Se eliminaron también muchas de las trabas burocráticas, facilitando el autoconsumo compartido entre comunidades de vecinos y la posibilidad de vender los excedentes de energía. 
La derogación también fue clave en el aumento exponencial de las solicitudes de instalación de paneles solares. Al eliminarse el peaje de respaldo y gracias a nuevas normativas como el RD 244/2019, los ciudadanos vieron más rentable instalar paneles solares, con periodos de amortización que varían entre 5 y 11 años, según la zona y el tipo de instalación. Con normativas más claras y la posibilidad de compensar por los excedentes, el futuro del autoconsumo en España es mucho más alentador. España cuenta con una de las mayores tasas de horas solares de toda Europa, lo que la hace ideal para aprovechar la energía solar. La creciente instalación de fotovoltaica en hogares y empresas es una firme apuesta por un modelo energético más limpio y sostenible a largo plazo.