El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2015 el Real Decreto 900/2015, que impuso lo que se denominó “peaje de respaldo” al autoconsumo energético, más conocido como el “impuesto al sol”. Esta regulación desató una intensa controversia, afectando especialmente a quienes producían su propia energía mediante instalaciones solares fotovoltaicas. Aunque la normativa fue derogada en 2018, sigue siendo tema de debate debido a sus implicaciones en el desarrollo de las energías renovables en España.
Este impuesto ralentizó considerablemente la expansión de la energía solar en España, uno de los países con mayor potencial solar en Europa. El autoconsumo fotovoltaico, que podría haber sido una solución potente para reducir la dependencia de fuentes fósiles, se vio afectado por esta normativa.
¿Qué es el impuesto al sol?
El impuesto al sol era una tasa aplicada a las instalaciones solares conectadas a la red eléctrica que superaban los 10 kW de potencia instalada. Esto incluía tanto viviendas como empresas. La justificación del gobierno se basaba en que quienes generaban su propia electricidad seguían dependiendo de la red en ciertos momentos, como por la noche o en días nublados, y por tanto debían contribuir a su mantenimiento.
El impuesto al sol no afectaba a instalaciones pequeñas, como aquellas con menos de 10 kW o las situadas en Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, su aplicación generalizada en el resto del país fue vista como un freno al autoconsumo y a la transición hacia un modelo energético más sostenible.
El impacto del impuesto al sol
La creación del impuesto al sol bajo el gobierno de Mariano Rajoy y el ministro de Industria José Manuel Soria marcó un antes y un después en el desarrollo de la energía solar en España. Hasta el 2015, España era líder en la transición hacia energías renovables, especialmente fotovoltaicas, con incentivos y subvenciones que promovieron la instalación de placas solares. Sin embargo, tras la imposición de este impuesto, la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas disminuyó drásticamente.
Países con menos recursos solares como Alemania comenzaron a superar a España en instalación de paneles solares, a pesar del enorme potencial que España presentaba para liderar este mercado. De hecho, antes de la crisis económica y las políticas de austeridad, España estaba a la vanguardia de las renovables. La introducción del impuesto frenó ese crecimiento.
El argumento del gobierno para el impuesto al sol
El ministro José Manuel Soria defendió el peaje de respaldo argumentando la equidad en el sistema eléctrico. Según el gobierno, aunque los autoconsumidores generaban energía, seguían conectados a la red durante los momentos en que no podían producir electricidad suficiente, por lo que debían contribuir al mantenimiento de la infraestructura.
Aunque este argumento parecía lógico en un principio, muchos sectores señalaron que ignoraba los beneficios del autoconsumo, como la reducción de emisiones de CO2 y la descentralización de la producción energética, que aliviaba la carga de la red eléctrica.
Consecuencias del impuesto al sol
Para muchas organizaciones, como Greenpeace, el impuesto al sol fue una medida que penalizaba las energías renovables. Previo al Real Decreto, ya existían trabas administrativas y una falta de incentivos que frenaban el crecimiento del autoconsumo en España. Con la llegada del peaje de respaldo, se desincentivó aún más la inversión en esta tecnología.
Las pequeñas instalaciones no podían vender el excedente de energía que generaban, lo que significaba que la electricidad suplementaria era aprovechada gratuitamente por las grandes eléctricas, que luego la vendían a precio de mercado. Esto beneficiaba a las compañías eléctricas mientras perjudicaba a los pequeños productores.
Además, para una instalación fotovoltaica doméstica, el peaje ascendía a unos 9 euros por kilovatio de potencia, lo que añadía un sobrecoste considerable al uso de los paneles solares. En instalaciones industriales, el impacto económico era aún mayor.
Movimientos previos a la derogación del impuesto
Desde la implementación del impuesto al sol, hubo una fuerte oposición por parte de organizaciones medioambientales, asociaciones del sector y partidos políticos de la oposición. La presión fue en aumento hasta que, en 2018, el gobierno de Pedro Sánchez derogó el impuesto mediante el Real Decreto-Ley 15/2018.
Además de eliminar el impuesto, la nueva normativa introdujo medidas para fomentar el autoconsumo, facilitando los trámites administrativos y permitiendo el autoconsumo colectivo, lo que permitió que comunidades de vecinos compartiesen sus instalaciones solares.
¿Se pudo evitar el impuesto al sol en otros países?
España fue el único país en Europa que implementó un impuesto al autoconsumo solar. Otras naciones del continente optaron por políticas mucho más favorables hacia las energías renovables:
- En Portugal, el autoconsumo está libre de impuestos si no supera el 1 MW, y el excedente de energía se remunera al 90% del precio de mercado.
- En Alemania, incluso las grandes eléctricas como E.ON ofrecen servicios que permiten a los autoconsumidores almacenar la energía solar generada.
- En Francia, los proyectos de autoconsumo son incentivados a través de licitaciones y primas por la energía sobrante vertida a la red.
Estos enfoques más progresistas facilitaron la expansión de la energía solar en dichos países, mientras que el impuesto al sol ralentizó notablemente el desarrollo en España.
Impacto de la derogación del impuesto al sol
La derogación del impuesto al sol en octubre de 2018 fue celebrada ampliamente, ya que no solo supuso la eliminación del peaje de respaldo, sino también la introducción de medidas que favorecían el autoconsumo. Entre estas medidas se destacó la simplificación de trámites, la introducción del autoconsumo colectivo y la posibilidad de compensar el excedente de energía producida.
Desde entonces, las instalaciones fotovoltaicas han crecido un 80%, impulsadas también por nuevas subvenciones y una mayor conciencia sobre la sostenibilidad energética. Hoy en día, el autoconsumo es una opción viable y rentable en la mayoría del país.
Las medidas actuales para promover el autoconsumo
Luego de la derogación del impuesto, el gobierno ha seguido promoviendo el autoconsumo con diversas iniciativas:
- Compensación de excedentes: Las compañías eléctricas ahora están obligadas a compensar a los autoconsumidores por la energía que vierten a la red, lo que ha reducido el tiempo de amortización de las instalaciones.
- Simplificación administrativa: Los trámites para la legalización de las instalaciones se han agilizado, permitiendo a los consumidores autoconsumir en poco tiempo.
- Autoconsumo colectivo: La normativa ahora permite que múltiples usuarios compartan una instalación solar, abaratando los costos y fomentando su adopción en comunidades de vecinos.
Estas disposiciones forman parte de un marco regulatorio alineado con las directrices de la Unión Europea, que apoya el autoconsumo como una solución clave para la transición energética del bloque comunitario.
Gracias a estas medidas, los hogares y empresas en España disfrutan de una mayor independencia energética y reducciones considerables en sus facturas eléctricas, lo que, además, contribuye significativamente a la lucha contra el cambio climático.
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