Un tribunal federal en Washington ha propinado un nuevo revés a la posición del Reino de España en el prolongado conflicto por el impago de las renovables. Dos resoluciones del Tribunal de Distrito de Columbia despejan la vía para ejecutar laudos arbitrales del CIADI por casi 200 millones de euros vinculados a inversiones solares en Andalucía.
Las decisiones, dictadas el 12 de agosto, descartan las objeciones procesales y de derecho europeo esgrimidas por el Estado y refuerzan la posibilidad de embargos en Estados Unidos. España acumula el mayor número de laudos internacionales pendientes por los recortes retroactivos a las primas de las energías limpias, aumentando la presión para buscar soluciones.
Dos fallos en Washington que abren la vía a ejecutar laudos
En el primero de los procedimientos, el tribunal federal rechazó la petición española para archivar la demanda de RREEF y confirmó la validez del laudo del CIADI de 2019. A esta parte le fueron reconocidos 59,6 millones de euros más 13,9 millones en intereses de demora; el caso lo gestiona Blasket Renewable Investments, que adquirió los derechos del crédito.
En paralelo, la misma corte desestimó las objeciones de España en el asunto Infrastructure Services (Antin), relativo también a dos plantas solares andaluzas. El laudo, emitido en 2018, fija una indemnización de 101 millones de euros y 24,3 millones adicionales por intereses. La suma de ambas condenas ronda los 200 millones, con devengo de intereses y costas que siguen sumándose mientras persista el impago.
Ambas resoluciones dejan claro que, conforme a la normativa estadounidense que incorpora el Convenio CIADI, los tribunales deben otorgar “plena fe y crédito” a los laudos, habilitando su ejecución como si fueran sentencias firmes. Esto permite a los acreedores solicitar embargos de activos en territorio norteamericano, incrementando las opciones de recuperación.
Los argumentos de España y la respuesta del juez estadounidense
El Gobierno alegó que los laudos no debían cumplirse por la prohibición de arbitraje intra-UE y porque el pago de las indemnizaciones constituiría una “ayuda de Estado” no autorizada por Bruselas. El juez rechazó de plano esa tesis, señalando que tales planteamientos ya habían sido debatidos y descartados en el propio arbitraje CIADI, por lo que no impiden la ejecución en Estados Unidos.
Además, el fallo cerró el paso a defensas como la inmunidad soberana o el forum non conveniens, en línea con antecedentes como NextEra y 9Ren. La conclusión es clara: la ley federal que implementa el Convenio CIADI obliga a reconocer y ejecutar los laudos, independientemente de debates de derecho comunitario.
- Los argumentos intra-UE y de ayudas de Estado ya fueron rechazados en los procedimientos arbitrales.
- El Convenio CIADI, incorporado a la legislación estadounidense, exige dar plena fe y crédito a los laudos.
- Precedentes como NextEra y 9Ren limitan la inmunidad y el forum non conveniens en esta fase de ejecución.
Embargos, activos expuestos y la factura del conflicto
La resistencia a pagar ha desencadenado embargos efectivos o cautelares en varios países. En Bélgica, la justicia intervino más de 80 millones de euros de ingresos canalizados por Eurocontrol y gestionados por ENAIRE. En Reino Unido y Australia se han adoptado medidas similares, afectando también a activos públicos como sedes del Instituto Cervantes.
Las compañías acreedoras han reiterado su disposición a pactar, como ocurrió en junio con el pago del laudo de JGC Corporation, por 32 millones, pero advierten que si persisten los impagos, promoverán nuevos embargos en las próximas semanas, incluyendo acciones en Estados Unidos.
España figura como el país con mayor número de laudos internacionales sin cumplir en materia de renovables: existen 26 condenas firmes con un principal pendiente de 1.492,7 millones de euros. Al sumar intereses y costas (unos 385,1 millones), la cuantía total se acerca a los 1.870 millones, según cifras divulgadas por los afectados.
Expertos y analistas alertan que esta estrategia incrementa sobrecostes financieros y puede perjudicar la reputación de las empresas españolas en el extranjero. Sectores del mercado sugieren la necesidad de cerrar acuerdos transaccionales con los acreedores para reducir el riesgo de nuevas medidas de ejecución internacional.
