La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en el punto de mira a Iberdrola al abrir un expediente sancionador calificado como «muy grave» vinculado a la actividad de su central nuclear en el contexto del gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. Un año después de aquel cero eléctrico que dejó sin suministro a buena parte de la península ibérica, el regulador intensifica su ofensiva sobre el comportamiento de las grandes eléctricas.
Este nuevo procedimiento afecta a Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear y se enmarca en la oleada de investigaciones que la CNMC ha ido comunicando en las últimas semanas. Aunque la apertura del expediente no supone, por sí sola, determinar que Iberdrola provocara el apagón, sí señala la existencia de indicios serios de posibles incumplimientos normativos que podrían acabar en sanciones millonarias.
Un expediente «muy grave» por el apagón del 28 de abril de 2025
El regulador ha incoado este expediente por una presunta infracción muy grave relacionada con el cero eléctrico registrado el 28 de abril de 2025. La investigación se centra en la actuación de la central nuclear de Cofrentes, de la que Iberdrola es propietaria al 100%, durante la jornada del apagón y en otros periodos previos analizados por la CNMC.
La fecha formal de incoación del expediente figura en los registros de la CNMC el 23 de abril, justo en la recta final del primer aniversario del gran apagón. Desde ese momento arranca el plazo oficial de tramitación del procedimiento, dentro de un calendario que puede extenderse, en función de la gravedad, hasta un máximo de dieciocho meses.
En este tipo de procesos, Iberdrola y el resto de partes implicadas disponen de la posibilidad de presentar alegaciones, aportar documentación y proponer pruebas. Durante esa fase, la CNMC deberá contrastar si los indicios iniciales se transforman en infracciones acreditadas o si, por el contrario, procede archivar total o parcialmente el expediente.
Cofrentes, en el centro del foco regulatorio
El nuevo procedimiento coloca a la central nuclear de Cofrentes en el ojo del huracán regulatorio. La planta, situada en la Comunidad Valenciana y explotada íntegramente por Iberdrola, aparece citada en varios de los textos y comunicaciones oficiales como una de las instalaciones cuyo comportamiento ha sido puesto bajo lupa en la investigación del apagón.
De acuerdo con los indicios recabados por la CNMC, el expediente gira en torno a la posible reducción injustificada de producción o suministro y a problemas de disponibilidad de la central en momentos críticos para el sistema eléctrico. En algunos relatos de los hechos, se apunta a la no operación de Cofrentes por motivos económicos, alegando falta de rentabilidad para entrar en servicio, extremo que ahora deberá analizar con detalle el regulador.
La apertura de este expediente se suma a otros procedimientos que, en conjunto, han elevado con fuerza la presión sobre Iberdrola. La compañía, que viene defendiendo desde hace tiempo la continuidad del parque nuclear como pieza clave para la seguridad de suministro, se enfrenta así a un escenario en el que la gestión de estas centrales es escrutada al milímetro.
El caso de Cofrentes adquiere especial relevancia porque Iberdrola tiene participación en seis de las siete centrales nucleares en funcionamiento en España y ostenta el control total de esta planta. Lo que ocurra con este expediente puede marcar un precedente sobre cómo se valoran, desde el punto de vista sancionador, las decisiones empresariales de parada o reducción de producción en un contexto de tensión del sistema.
Almaraz y la cascada de expedientes muy graves
El expediente a Cofrentes no llega solo. Apenas unos días antes, la CNMC ya había comunicado la apertura de otro expediente muy grave a la central nuclear de Almaraz, gestionada por la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, en la que Iberdrola es el principal accionista y comparte propiedad con Endesa y Naturgy.
En el caso de Almaraz, el regulador investiga también un posible incumplimiento del mismo artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico. Se analizan indicios de reducción de la capacidad de producción o suministro sin autorización y fallos reiterados en las obligaciones de disponibilidad de la instalación durante el periodo en el que se produjo el apagón.
La CNMC ha señalado que, el día del cero eléctrico, una parte del parque nuclear español no estuvo disponible por diferentes motivos. En el entorno de Almaraz y Trillo se mencionan situaciones como la indisponibilidad por recarga de combustible en uno de los reactores y la no operación de otra unidad por razones económicas. Este tipo de decisiones, si no se ajustan a la normativa, pueden ser consideradas muy graves.
Con la incorporación de Cofrentes y Almaraz a la lista de casos catalogados como muy graves, Iberdrola suma ya varios procedimientos de la máxima severidad en la batería abierta por la CNMC. A ellos se añade el expediente muy grave iniciado contra Red Eléctrica de España (REE), responsable de la operación del sistema, por presuntas deficiencias en la programación del mix de generación.
Mientras tanto, el expediente a la asociación propietaria de Almaraz y Trillo y el de Cofrentes se tramitan en paralelo a decenas de investigaciones calificadas como graves, lo que refleja el alcance sin precedentes de la ofensiva sancionadora ligada al apagón.
Más de medio centenar de procedimientos en el sector eléctrico
El caso de la nuclear de Iberdrola se enmarca en una amplia batería de expedientes sancionadores que la CNMC ha ido desgranando desde mediados de abril. En total, el regulador ha llegado a sumar alrededor de 56 expedientes relacionados con el apagón del 28 de abril de 2025 y con otras perturbaciones detectadas en el sistema eléctrico en los dos años previos.
De esos procedimientos, solo un pequeño grupo -entre ellos los que afectan a Cofrentes, Almaraz y Red Eléctrica– tienen la categoría de «muy graves». El resto se califican como «graves» y se dirigen tanto contra grandes eléctricas como contra propietarios de ciclos combinados, instalaciones renovables e infraestructuras hidroeléctricas repartidas por todo el país.
La CNMC ha repartido el foco principalmente entre Iberdrola y Endesa, las dos mayores compañías eléctricas por número de clientes y extensión de sus redes. Iberdrola es, con diferencia, la empresa con más procedimientos abiertos: se le han incoado cerca de una veintena larga de expedientes, varios de ellos vinculados directamente a su negocio nuclear. Endesa, por su parte, acumula más de una docena.
Junto a estas dos grandes, se encuentran también Naturgy, Repsol, TotalEnergies, Engie, ContourGlobal y otras sociedades propietarias de centrales concretas, además de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II y Bahía de Bizkaia Electricidad, entre otros. Cada caso está ligado a aspectos distintos: desde la disponibilidad de las plantas hasta la presentación de ofertas consideradas desproporcionadas en el mercado eléctrico.
El regulador insiste en que este conjunto de expedientes pretende depurar responsabilidades administrativas en relación con el funcionamiento del sistema, pero no implica, de entrada, señalar a una sola empresa como responsable del apagón. La investigación oficial ya ha apuntado a un origen multifactorial del incidente, en el que confluyeron varios fallos y circunstancias técnicas.
Marco legal, plazos y posibles sanciones
El corazón jurídico del expediente muy grave a la nuclear de Iberdrola se encuentra en el artículo 64.37 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Este precepto sanciona la reducción injustificada de la producción o del suministro, así como el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad de las instalaciones de generación, por el impacto que puede tener sobre la seguridad de suministro.
Mientras que las infracciones calificadas como «graves» suelen estar relacionadas con fallos en el mantenimiento o en la explotación de las instalaciones sin que exista un riesgo inmediato para el sistema, las «muy graves» se reservan para conductas que pueden suponer un perjuicio relevante para el funcionamiento del mercado o la seguridad del suministro eléctrico.
En términos de sanciones económicas, la ley prevé que las multas por infracciones muy graves puedan alcanzar hasta 60 millones de euros, en función de la gravedad concreta de los hechos, del beneficio obtenido y del volumen de negocio de la empresa sancionada. En los casos considerados graves, el techo de la sanción se sitúa en los 6 millones de euros.
Los expedientes abiertos cuentan con un plazo máximo de tramitación de entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la tipificación de la infracción. Dentro de este periodo, la CNMC debe completar su instrucción, recabar y valorar pruebas, escuchar las alegaciones de las empresas implicadas y, finalmente, dictar una resolución que confirme, modifique o archive las acusaciones iniciales.
Aun así, el propio regulador ha subrayado en varias ocasiones que la incoación de un expediente no prejuzga el resultado final. Es decir, la apertura del procedimiento no equivale a una condena ni a una sanción automática, sino al inicio formal de un análisis detallado sobre si se han producido o no irregularidades sancionables.
Todo este proceso se desarrolla en un contexto en el que el comportamiento de las centrales nucleares, y en especial las participadas por Iberdrola, se examina con lupa justo cuando el sector discute la ampliación de la vida útil de algunas plantas y el calendario de cierre del parque nuclear español.
Impacto para Iberdrola y para el debate sobre la energía nuclear
Para Iberdrola, el expediente sancionador muy grave a su nuclear llega en un momento delicado desde el punto de vista reputacional y regulatorio. La compañía, que se presenta como uno de los grandes defensores de mantener la generación nuclear como respaldo al sistema eléctrico, afronta ahora la incómoda tarea de justificar ante la CNMC el comportamiento de sus instalaciones en jornadas críticas como la del gran apagón.
El hecho de que Cofrentes y Almaraz estén entre las entidades investigadas por presuntas reducciones de producción no autorizadas o por incumplir obligaciones de disponibilidad alimenta el debate sobre cómo se gestionan económicamente las centrales nucleares en España. Algunas de las pesquisas del regulador apuntan a que determinadas plantas habrían optado por no operar argumentando pérdidas económicas si entraban en servicio en ciertos momentos.
Al mismo tiempo, la batería de expedientes se produce mientras las propietarias de instalaciones como Almaraz negocian la prolongación de la vida de sus reactores más allá de las fechas inicialmente previstas. Esas decisiones están pendientes de informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la posterior posición del Gobierno, en un escenario en el que la opinión pública sigue de cerca cualquier señal de falta de rigor en la gestión de estas instalaciones.
Para el conjunto del sector, la actuación de la CNMC representa un aviso claro de que el cumplimiento estricto de las obligaciones de disponibilidad y operación es una prioridad regulatoria. El mensaje es que las decisiones empresariales vinculadas a la rentabilidad de las plantas no pueden comprometer la seguridad de suministro ni alterar indebidamente el funcionamiento del mercado eléctrico.
En este contexto, el expediente muy grave a la nuclear de Iberdrola se ha convertido en uno de los expedientes estrella del caso del gran apagón, tanto por la relevancia de la compañía afectada como por el papel central de la energía nuclear en el mix eléctrico español y europeo.
Con todos estos elementos sobre la mesa -la gravedad de las acusaciones, el impacto potencial de las sanciones, la importancia de Cofrentes y Almaraz en el parque nuclear y el calendario abierto de cierre o extensión de vida de las centrales-, el desenlace de este expediente será clave para entender cómo se ajusta el sector eléctrico español a un entorno regulatorio más exigente y a una vigilancia reforzada de la CNMC sobre el comportamiento de las nucleares de Iberdrola.
