En su cita con inversores en Londres, Iberdrola ha trasladado que da por descartada la prolongación de la vida útil de la central extremeña de Almaraz y que su cierre se ejecutará conforme al protocolo de 2019. El mensaje encaja la decisión en el marco del nuevo plan estratégico y asume que la instalación seguirá el calendario pactado entre eléctricas y la pública Enresa.
La eléctrica, accionista mayoritario en la planta junto a Endesa y Naturgy, incorpora a su hoja de ruta 2025-2028 la clausura de los dos reactores: Almaraz I en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028, sin plantear una alternativa de extensión dentro del periodo.
Calendario y efectos en la potencia de Iberdrola
En la documentación del plan, la compañía refleja una merma próxima a 1.000 MW asociada a su participación en Almaraz, al controlar algo más del 50% del activo. Pese a ello, Iberdrola prevé sostener una elevada capacidad de generación en España gracias al despliegue renovable que compensará parte de ese descenso.
Con el desenlace a la vista, la central funciona ya en modo «cese de operaciones». La recarga de combustible prevista para el 6 de octubre ha reducido en torno a 200 los refuerzos temporales, cuando históricamente ese operativo movilizaba alrededor de 1.200 profesionales de más de 70 empresas especializadas de la zona.
Prórroga encallada: fiscalidad y negociación política
En paralelo, los propietarios han explorado una «miniprórroga» de unos tres años que no alteraría la fecha final del apagado nuclear (2035), pero el diálogo con el Gobierno sigue atascado. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha reiterado que la negociación continúa, aunque sin cambios sustanciales.
La idea podría ser asumible políticamente, pero tropieza con límites técnicos: Enresa no dispone de medios para acometer varios desmantelamientos a la vez y defiende el esquema escalonado, por lo que una acumulación de cierres tensaría su capacidad operativa.
La fiscalidad se ha convertido en un factor decisivo. El Ejecutivo elevó en 2024 un 30% la llamada «tasa Enresa» y, hasta la fecha, mantiene su negativa a revisarla. Además, persisten diferencias autonómicas: la Generalitat Valenciana eliminó las tasas regionales para facilitar la extensión de Cofrentes, mientras que la Junta de Extremadura mantiene su gravamen sobre Almaraz.
Frente a posiciones abiertamente pronucleares, Iberdrola ha ligado cualquier hipotética extensión a la rentabilidad estricta del negocio, lo que exigiría rebaja de cargas y mayor certidumbre normativa. Con el escenario actual, la empresa da por amortizada la prórroga en Almaraz.
Estrategia del grupo y papel de la nuclear
El plan 2025-2028 prevé 58.000 millones de euros en inversiones brutas, con cerca del 65% fuera de España, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. En el mercado español, Iberdrola proyecta alrededor de 9.000 millones: unos 5.000 millones para generación y clientes y 4.000 millones para redes de distribución, cifras condicionadas a la evolución del marco regulatorio.
En España, la compañía no contempla construir nuevas centrales nucleares y centra su crecimiento en renovables y redes. De forma general, acepta estudiar extensiones de vida cuando la normativa lo permita, pero en Almaraz fija el apagado en las fechas marcadas y prepara los protocolos de clausura para ambas unidades.
El sector, a través de la Sociedad Nuclear Española, ha alertado de que la central se halla en un punto crítico y ha pedido valorar medidas para revertir el cierre, citando referencias de Bélgica o Suecia. A día de hoy, la hoja de ruta de Iberdrola mantiene el calendario y alinea su estrategia con un peso limitado de la nuclear en el mix nacional.
La señal enviada por la eléctrica es clara: la prórroga de Almaraz pierde fuelle y la central se encamina a un cierre ordenado entre 2027 y 2028, con la fiscalidad, las capacidades de Enresa y el pulso político como variables que, por ahora, no alteran el guion.
