Las administraciones públicas españolas cuentan ya con una nueva herramienta pensada para que el plástico reciclado gane protagonismo en la contratación pública. Se trata de una guía específica que traduce los objetivos de economía circular en criterios concretos que pueden integrarse directamente en los pliegos de licitación.
El documento nace en un contexto en el que la compra pública supone cerca del 14% del PIB de la Unión Europea y entre el 10% y el 15% del PIB en España, lo que la convierte en un instrumento clave para aumentar la demanda de materiales reciclados y avanzar hacia las metas europeas de duplicar la tasa de circularidad hasta el 24% en 2030.
Una guía para facilitar el uso de plástico reciclado en la compra pública
La nueva guía para el fomento del plástico reciclado en la compra pública ha sido impulsada por Veolia en colaboración con la Fundación de la Universidade da Coruña y la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (ANARPLA). Está orientada de forma muy práctica a los órganos de contratación de las distintas administraciones, desde la estatal hasta la local.
Su propósito principal es superar las barreras técnicas y jurídicas que todavía dificultan la inclusión de materiales reciclados en muchos contratos públicos. Para ello, el documento ofrece un repertorio de requisitos y criterios ambientales que las entidades pueden incorporar de manera directa en sus licitaciones, sin necesidad de diseñarlos desde cero.
Estos criterios vienen preparados para ser integrados en los pliegos administrativos y técnicos, de modo que las administraciones puedan introducir cláusulas vinculadas al uso de plástico reciclado con seguridad jurídica y respaldo normativo. La idea es que cualquier organismo, incluso con recursos limitados, pueda avanzar en políticas de economía circular sin complicaciones adicionales.
Detrás de la elaboración de la guía subyace la convicción de que no basta con disponer de capacidad industrial de reciclaje; es imprescindible generar una demanda estable de materiales reciclados. La contratación pública se plantea así como una de las palancas más directas para consolidar ese mercado.
Ocho fichas sectoriales para una aplicación directa en los contratos
Uno de los elementos más destacados del documento es su estructura en ocho fichas sectoriales de aplicación directa. Cada una recoge ejemplos de productos, servicios o proyectos en los que puede priorizarse el uso de plástico reciclado, junto con propuestas de cláusulas ambientales listas para su uso.
Las fichas abarcan un abanico amplio de ámbitos habituales en la contratación pública, entre ellos el diseño, construcción y gestión de edificios de oficinas y otras obras. En este campo se plantean soluciones para integrar materiales plásticos reciclados en elementos constructivos, cerramientos, instalaciones o equipamientos del edificio.
Otra de las áreas abordadas son los proyectos de diseño de carreteras, donde el plástico reciclado puede incorporarse en determinados componentes, soluciones de drenaje o elementos de seguridad vial, siempre bajo criterios técnicos y normas aplicables.
La guía también se detiene en el mobiliario urbano y de oficina, un terreno con gran potencial para aumentar el contenido de material reciclado en bancos, papeleras, marquesinas, señalética, mesas o sillas, entre otros muchos productos presentes en calles, parques y edificios administrativos.
Asimismo, incluye indicaciones para parques y jardines, productos y servicios de limpieza, alimentación y restauración, contenedores y papeleras, y productos textiles. En todos estos casos se proponen criterios de compra que prioricen el contenido de plástico reciclado, siempre adaptados a las características del sector y al marco regulatorio.
Dos niveles de ambición para adaptarse a cada administración
Consciente de que no todas las entidades se encuentran en el mismo punto de partida, la guía define dos niveles de ambición: básico y avanzado. Este enfoque escalonado pretende facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en función del grado de experiencia y recursos de cada administración.
El nivel básico ofrece requisitos mínimos asumibles por la mayoría de organismos, incluso por aquellos que apenas han trabajado aún con materiales reciclados. Se trata de un primer paso para comenzar a introducir porcentajes de plástico reciclado o valoraciones adicionales en la fase de adjudicación.
El nivel avanzado, por su parte, está pensado para entidades con objetivos de sostenibilidad más exigentes o con mayor capacidad de gestión. Aquí se plantean porcentajes de material reciclado más altos, criterios de puntuación adicionales o exigencias técnicas más detalladas para los licitadores.
Esta doble escala permite que la herramienta sea utilizable por un amplio abanico de administraciones, desde grandes ministerios y comunidades autónomas hasta ayuntamientos medianos o pequeños que deseen dar pasos firmes hacia la economía circular.
Compra pública como palanca de la economía circular y la autonomía estratégica
La guía se apoya en la idea de que la compra pública puede actuar como motor de la demanda de plástico reciclado. En un contexto europeo en el que se busca duplicar la tasa de circularidad para 2030, aprovechar ese volumen de contratación se considera una oportunidad clave para transformar el mercado.
En el caso de España, se recuerda que el país ocupa una posición destacada en capacidad de reciclado de plásticos dentro de Europa. Mantener y reforzar esta base industrial, especialmente en un momento en que la autonomía estratégica de la UE cobra importancia, pasa por asegurar salidas estables para el material reciclado.
La herramienta elaborada por Veolia, la Fundación de la Universidade da Coruña y ANARPLA lanza, según subraya el sector, una señal clara al mercado sobre el compromiso institucional con el plástico reciclado. Al mismo tiempo, refuerza el papel de las administraciones como agentes tractores del cambio hacia modelos más circulares.
Al situar la demanda pública en el centro, la guía no solo persigue impulsar el uso efectivo del material reciclado, sino también reducir la dependencia de materias primas externas y contribuir a los objetivos climáticos y de sostenibilidad marcados por la Unión Europea.
Seguridad jurídica, conocimiento técnico y mejora continua
Otro de los aspectos en los que incide el documento es la necesidad de aportar seguridad jurídica y conocimiento técnico a quienes gestionan los expedientes de contratación. Una parte relevante de las reticencias a incluir criterios ambientales avanzados se debe, precisamente, a dudas sobre su correcta formulación o encaje legal.
Al proporcionar textos de referencia, ejemplos de cláusulas y criterios ambientales ya contrastados, la guía pretende reducir esa incertidumbre y facilitar que los órganos de contratación se sientan respaldados. De este modo, se aprovecha mejor la capacidad de compra pública para apoyar la industria del reciclaje.
La publicación del documento no se concibe como un punto final, sino como el inicio de un proceso de implantación progresiva. Se prevé que, a medida que las administraciones lo vayan utilizando, se puedan recopilar experiencias, ajustar criterios y añadir nuevas buenas prácticas.
Ese enfoque de mejora continua permitirá adaptar el contenido de la guía a la evolución tecnológica de las soluciones industriales y del propio sector del reciclaje de plásticos. El objetivo es que siga siendo una referencia viva y actualizada, alineada con los cambios normativos y las innovaciones del mercado.
Para facilitar el acceso, la guía completa se ha puesto a disposición de las administraciones y de cualquier agente interesado a través de descarga gratuita en la web de Veolia, lo que busca ampliar su alcance más allá de los grandes compradores públicos e involucrar también a entidades locales y otros organismos con capacidad de contratación.
Con esta herramienta, el sector público dispone de un recurso concreto para que la economía circular deje de ser un concepto abstracto y se traduzca en pliegos de contratación capaces de impulsar el uso de plástico reciclado en España y en el conjunto de la Unión Europea, aprovechando el peso real que tiene la compra pública en la actividad económica.
