El desarrollo de las energías renovables se encuentra con continuos obstáculos en España, y gran parte del problema radica en las políticas adoptadas por las principales compañías eléctricas, como Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Según denuncias de Greenpeace, estas empresas, con el beneplácito del gobierno, han frenado el progreso de las energías limpias a nivel nacional, priorizando la generación de electricidad a través de combustibles fósiles y perpetuando así la dependencia a fuentes de energía contaminantes.
Acciones de Greenpeace contra las eléctricas
Greenpeace ha sido uno de los actores principales en la lucha contra las políticas perjudiciales para el clima. El 30 de marzo de 2017, los activistas de la organización llevaron a cabo una protesta simultánea en las sedes de Endesa en Madrid, Iberdrola en Bilbao y Gas Natural Fenosa en Barcelona. A través de esta acción, se pretendía visibilizar los graves daños medioambientales causados por las emisiones de combustibles fósiles, concretamente de CO2, y exigir un cambio de rumbo en las políticas energéticas de estas compañías.
Durante la protesta, los activistas hicieron uso de globos negros que representaban la contaminación generada por el uso de combustibles fósiles. Además, desplegaron pancartas con mensajes claros como «Endesa contamina, tú pagas», subrayando el constante aumento de los precios de la energía eléctrica y su relación directa con la política de bloqueo a las energías renovables por parte de las eléctricas. Según Greenpeace, sólo en 2015, estas tres empresas emitieron cerca de 49 millones de toneladas de CO2, lo que las colocó entre las 10 empresas que más contribuyen al cambio climático en España.
El apoyo del gobierno a las empresas eléctricas
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La protesta también ponía de manifiesto el papel del gobierno español en este conflicto. Greenpeace denuncia que las eléctricas reciben importantes subvenciones para mantener operativas sus plantas de energía térmica y nuclear. Estas ayudas han permitido que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa obtengan beneficios multimillonarios, mientras que las energías renovables han sido sometidas a una serie de obstáculos como el famoso «impuesto al sol«.
En concreto, las ayudas que el gobierno dio a estas empresas en el año 2016 permitieron que entre las tres obtuvieran beneficios de 5.463 millones de euros, pero este apoyo económico no se ha reflejado en un cambio hacia fuentes más limpias de energía.
Petición de Greenpeace para el cierre de plantas de carbón
Una de las exigencias clave de Greenpeace es el cierre total de las plantas de carbón para el año 2025. El carbón es uno de los combustibles fósiles más contaminantes, y Greenpeace argumenta que es vital acelerar su cierre si se desea cumplir con los objetivos climáticos internacionales, especialmente los acordados en la COP21 de París. Es crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.
En respuesta a esta demanda, Greenpeace ha pedido un calendario de cierre para las seis plantas térmicas de Endesa, algunas de las cuales son compartidas con Gas Natural. Sin embargo, hasta la fecha, estas compañías han mostrado reticencias y han presionado al gobierno para extender la vida útil de sus centrales térmicas y nucleares, a pesar de los riesgos ambientales y de salud que estas implican.
Movilizaciones globales: el movimiento Break Free
Esta protesta forma parte de una acción global enmarcada dentro del movimiento Break Free, una iniciativa que busca que la sociedad civil se libere de la dependencia de los combustibles fósiles y abrace un modelo energético basado en las energías renovables. Este movimiento ha sido replicado en más de 100 actividades en 60 países, todas ellas dirigidas a presionar a los gobiernos y grandes corporaciones para que adopten medidas más ambiciosas en la lucha contra el cambio climático.
El impacto sobre la ciudadanía
El bloqueo a las energías renovables realizado por las eléctricas no solo genera consecuencias medioambientales, sino que también afecta directamente el coste de la factura energética que paga la ciudadanía. Al mantener el predominio de las fuentes de energía tradicionales, más costosas y contaminantes, el precio de la electricidad en España ha experimentado un incremento significativo.
Además, Greenpeace critica que el impuesto al sol y otras medidas impuestas por el gobierno dificultan que los ciudadanos puedan generar su propia energía de forma limpia y más barata. Esto hace imperativo un cambio de política que otorgue más poder a los ciudadanos para producir y consumir energías renovables.
En conjunto, las acciones de Greenpeace son un llamado de atención tanto a las compañías eléctricas como al gobierno español para que abandonen por completo el uso de combustibles fósiles, faciliten el autoconsumo energético y reafirmen su compromiso con la lucha contra el cambio climático.
Greenpeace pide que el Gobierno regule y sancione a las eléctricas que persisten en alargar la vida de sus plantas contaminantes y que promueva políticas que favorezcan la democratización de la energía. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil será posible realizar una transición energética justa, basada en fuentes sostenibles y asequibles para todos.