La escalada de tensión en Oriente Medio y el impacto de la guerra de Ucrania han vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de un sistema energético basado en el gas, el petróleo y el carbón. Los precios de los combustibles se disparan, la amenaza de cortes de suministro planea sobre Europa y la factura del cambio climático se multiplica, situando a España ante un escenario cada vez más inestable.
En este contexto, Greenpeace ha puesto negro sobre blanco una propuesta integral: un plan para que España y Portugal dejen atrás los combustibles fósiles y alcancen emisiones energéticas netas cero en 2040, diez años antes del calendario marcado por la Unión Europea. La organización ecologista sostiene que esta transformación no solo es técnicamente viable, sino también más barata y socialmente más justa que seguir como hasta ahora.
Una hoja de ruta para desengancharse de los combustibles fósiles
El documento presentado por la organización, titulado «Energía para vivir mejor: Hoja de ruta para una energía suficiente, eficiente y 100% renovable para 2040 en la península ibérica», ha sido elaborado junto al Institute for Sustainable Futures de la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS-ISF). Se trata de un estudio técnico que analiza con detalle el sistema energético de España y Portugal y plantea cómo transformarlo para que deje de depender de los combustibles fósiles y del contexto geopolítico.
Según las conclusiones del informe, España y Portugal pueden reducir sus emisiones de CO2 vinculadas a la energía en un 99% para 2040, manteniendo un suministro seguro las 24 horas del día y durante todo el año, sin necesidad de recurrir a la energía nuclear ni a sistemas de captura y almacenamiento de carbono. En paralelo, la transición permitiría abandonar el carbón en 2030, cerrar las centrales nucleares en 2035 y prescindir del gas y del petróleo en 2040.
Greenpeace enmarca esta hoja de ruta como una «propuesta de supervivencia y dignidad» para la ciudadanía, que permitiría mejorar la calidad de vida y reforzar la soberanía energética. Para países que no producen combustibles fósiles como España y Portugal, advierte la organización, permanecer atados al gas y al petróleo implica seguir alimentando conflictos bélicos y perder capacidad de decisión propia.
La presentación del informe se ha realizado justo antes de la Cumbre de Santa Marta en Colombia, donde al menos 45 gobiernos debatirán un plan global para dejar atrás los combustibles fósiles. Greenpeace reclama que España acuda a esta cita con un compromiso firme para liderar ese abandono a nivel internacional.
Los tres pilares: suficiencia, eficiencia y 100% renovables
La propuesta de Greenpeace se resume en una receta con tres ingredientes principales: suficiencia, eficiencia y un sistema energético 100% renovable. Lejos de limitarse a sustituir combustibles fósiles por electricidad verde, plantea un cambio profundo del modelo energético y de cómo se usan los recursos.
La suficiencia energética es el concepto diferencial del informe. Consiste en cuestionar qué servicios energéticos son realmente necesarios, para qué y para quién, y reducir lo que se considera superfluo o directamente dañino para las personas y el planeta. Esto implica, por ejemplo, recortar vuelos con alternativa ferroviaria, replantear una movilidad centrada en el coche privado o frenar proyectos industriales muy intensivos en recursos que generan gran impacto ambiental y social.
La eficiencia, por su parte, persigue ofrecer los mismos servicios con menos recursos: viviendas bien aisladas, procesos industriales más optimizados o aparatos que consumen menos electricidad para realizar la misma tarea. Sumadas, suficiencia y eficiencia permiten, según el estudio, reducir la demanda final de energía en un 39% para 2040 respecto a 2025, sin mermar las necesidades básicas de la población.
El tercer pilar es un sistema 100% renovable, basado sobre todo en la energía solar y eólica, con apoyo de almacenamiento y una gestión inteligente de la red eléctrica. El potencial de estas tecnologías en la península ibérica es muy elevado: incluso excluyendo toda la superficie agraria útil y las zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental, el estudio concluye que el recurso solar y eólico disponible fuera de esos espacios es más de diez veces superior a la demanda energética prevista para mediados de siglo.
El modelo resultante, subraya Greenpeace, se mantiene dentro del presupuesto de carbono disponible para que el calentamiento global no supere 1,5 ºC, y a la vez reduce riesgos, costes y desigualdades en comparación con un escenario de continuidad en el que se mantuvieran las políticas actuales.
Escenarios energéticos y reducción de la demanda
Para construir esta hoja de ruta, el UTS-ISF ha desarrollado varios escenarios energéticos que comparan la evolución de la demanda y su cobertura en la península ibérica. El primero es un escenario de continuidad (BAU, por sus siglas en inglés), que refleja el camino resultante de las políticas vigentes. El segundo, denominado Energía 4.0 (E4.0), plantea una cobertura total de la demanda con renovables apoyada en medidas de eficiencia. El tercero, Energía 4.1 (E4.1), añade la dimensión de suficiencia al anterior.
Este análisis cubre una veintena de sectores y subsectores de la economía ibérica, desde el transporte y la agricultura hasta la industria química, el aluminio, la edificación o los centros de datos. El escenario de suficiencia E4.1, que es el que Greenpeace propone seguir, permite alcanzar el objetivo de emisiones netas cero en 2040 con menor uso de recursos materiales y de suelo.
En términos cuantitativos, el informe calcula que la demanda de energía final podría recortarse un 72% en el transporte, un 12% en la industria y un 25% en los edificios (residenciales y comerciales) en comparación con los niveles actuales. Estas reducciones se lograrían gracias a la electrificación con renovables, la reorganización del territorio y el cambio de patrones de consumo.
El sector del transporte es uno de los que experimentaría una transformación más profunda. La propuesta pasa por disminuir en torno a un 36% los vuelos para 2040, eliminando aquellos que disponen de alternativa en tren rápido y reduciendo los vuelos privados, a la vez que se promueve una movilidad urbana más compacta, con mayor oferta de transporte público y servicios cerca de casa para recorrer menos kilómetros en el día a día.
En la industria, el plan sugiere reducir la producción de sectores muy intensivos en energía, como el acero, el cemento o determinados productos químicos, y electrificar los procesos térmicos siempre que sea posible. Cuando no lo sea, los combustibles fósiles deberían sustituirse progresivamente por fuentes renovables como el hidrógeno verde o combustibles sintéticos, siempre que se utilice materia prima sostenible y se priorice la eficiencia.
Fin del carbón, la nuclear, el gas y el petróleo
Uno de los aspectos más llamativos del plan de Greenpeace es la claridad de los plazos para abandonar las distintas fuentes de energía fósil y la nuclear. El informe plantea un calendario escalonado que permitiría:
- Cerrar el carbón en 2030, tanto en generación eléctrica como en otros usos energéticos.
- Clausurar las centrales nucleares entre 2027 y 2035, respetando el calendario de cierre ya previsto en España.
- Eliminar la utilización de gas fósil y petróleo para 2040, una vez completada la electrificación de la economía y el despliegue renovable.
Para alcanzar este objetivo, el estudio estima que en la próxima década la demanda de gas debería reducirse un 82% en España y un 77% en Portugal, mientras que el consumo de petróleo tendría que caer un 68% en ambos países. Esto exigiría cambios de calado en la forma de mover personas y mercancías, calefactar edificios o alimentar procesos industriales.
La electrificación masiva de la economía es una de las claves. Greenpeace propone que alrededor del 70% del transporte, el 65% de la industria y el 80% del sector residencial y comercial funcionen con electricidad en 2040, con un sistema eléctrico basado íntegramente en renovables, almacenamiento y una gestión flexible de la demanda. Todo ello, asegura la organización, sin riesgo de apagones, gracias a la combinación de tecnologías y a una planificación adecuada.
En paralelo, el documento descarta expresamente recurrir a la energía nuclear o a sistemas de captura y almacenamiento de CO2 para cuadrar las cuentas climáticas. Greenpeace argumenta que estas opciones son caras, conllevan riesgos propios y podrían retrasar la transformación hacia un modelo renovable descentralizado y más democrático.
La propia organización insiste en la dimensión geopolítica de este giro. Romper progresivamente los acuerdos de importación de gas y petróleo con grandes exportadores fósiles permitiría, a su juicio, reducir la dependencia de actores internacionales que utilizan los hidrocarburos como herramienta de presión y rebajar la exposición a crisis como las vividas en el estrecho de Ormuz o a raíz de la invasión de Ucrania.
Impacto económico: ahorro y menor presión sobre los recursos
Más allá de las emisiones, el informe reserva un apartado importante a los efectos económicos de la transformación energética. Según los cálculos presentados, optar por la hoja de ruta de Greenpeace saldría sensiblemente más barato que mantener el rumbo actual basado en combustibles fósiles.
El modelo de suficiencia, eficiencia y renovables permitiría ahorrar alrededor de 25.000 millones de euros al año en España en inversiones en generación de electricidad y calor, así como en la importación de combustibles fósiles y uranio, en comparación con un escenario BAU. Parte de este ahorro se explicaría por el menor volumen de energía necesario y otra parte por el hecho de no depender de combustibles sujetos a una fuerte volatilidad de precios.
El estudio también se detiene en el uso de materiales, en particular los minerales críticos como el litio, fundamentales para baterías y otras tecnologías de la transición. Incluso aplicando medidas de reciclaje avanzado y suficiencia, la demanda de litio en 2040 se multiplicaría por unas 3,7 veces respecto a la actual; no obstante, este crecimiento sería aproximadamente un 75% inferior al que se produciría sin esas medidas.
En cuanto al territorio, el escenario de suficiencia E4.1 evita la ocupación de unas 120.000 hectáreas de suelo en la península ibérica frente al escenario de solo eficiencia E4.0, una superficie equivalente a dos veces la isla de Ibiza. El despliegue de renovables se concibe de forma ordenada, priorizando zonas ya alteradas por infraestructuras o edificaciones y evitando áreas protegidas o de elevado valor agrario.
Los autores del informe subrayan que la transición propuesta no solo reduce costes económicos y ambientales, sino que abre oportunidades de creación de valor local. Un sistema energético más distribuido, apoyado en proyectos comunitarios y en el autoconsumo, podría favorecer la aparición de empleo ligado a la rehabilitación de viviendas, la gestión de redes, el mantenimiento de instalaciones renovables o la economía circular.
Justicia social, salud y participación ciudadana
El enfoque de Greenpeace va más allá de los kilovatios y las toneladas de CO2. Uno de los ejes del informe es la justicia social. La organización insiste en que reducir la demanda de energía no puede hacerse a costa de quienes ya sufren pobreza energética o dificultades de acceso a servicios básicos, sino que debe ir acompañado de garantías de acceso universal.
En este sentido, el modelo propuesto busca disminuir el derroche y el sobreconsumo en los sectores con mayor capacidad económica, al tiempo que se asegura que todas las personas puedan cubrir adecuadamente necesidades como la climatización de la vivienda, la movilidad cotidiana o el acceso al agua y a los servicios básicos. La idea es que vivir mejor con menos energía sea posible y socialmente deseable.
El impacto en salud pública también es relevante. La reducción drástica del uso de combustibles fósiles en transporte e industria permitiría bajar notablemente los niveles de contaminación atmosférica en las ciudades, menos tráfico y ruido y un entorno urbano más habitable. Esto se traduciría en menos enfermedades respiratorias y cardiovasculares, menos muertes prematuras y un ahorro en costes sanitarios.
Greenpeace pone especial énfasis en la participación ciudadana en la toma de decisiones. La organización considera que los grandes debates sobre energía, vivienda, movilidad, alimentación, empleo o educación no pueden quedar restringidos a mesas de expertos o despachos gubernamentales. Por ello, propone crear un Parlamento Ciudadano Permanente que sirva como foro estable para orientar y supervisar la transición energética y ecosocial.
Este modelo participativo, argumenta la entidad, contribuiría a desplazar el peso de las decisiones desde los consejos de administración de las grandes energéticas hacia la ciudadanía organizada, reforzando la legitimidad de las políticas y facilitando que la transición responda a las necesidades reales de la población y no solo a intereses corporativos.
Demandas políticas: hacia un Contrato Social Verde
La hoja de ruta presentada no se queda en el plano técnico, sino que se acompaña de una batería de propuestas políticas dirigidas al Gobierno español y al portugués. Greenpeace reclama un compromiso explícito con un plan de salida de los combustibles fósiles para 2040, respaldado por objetivos sectoriales claros y un calendario concreto.
Entre las reclamaciones destaca la necesidad de multiplicar por tres la potencia renovable instalada y el autoconsumo en España para 2040, y duplicarla en Portugal respecto a los niveles actuales. Asimismo, se pide mantener el calendario de cierre nuclear ya aprobado, acelerar la electrificación de la economía y ordenar de forma urgente el despliegue renovable para priorizar zonas de baja sensibilidad ambiental y proyectos comunitarios.
La organización exige además el fin de las ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles, consideradas ineficientes y perjudiciales, y redirigir esos recursos a medidas que favorezcan a la mayoría social, como el transporte público asequible, la rehabilitación energética de viviendas, la adaptación de pueblos y ciudades al cambio climático y el apoyo a los grupos y países más afectados por la crisis climática.
Otra de las piezas centrales es la propuesta de un Contrato Social Verde que englobe la reconversión de los empleos ligados a los combustibles fósiles y la nuclear, la fiscalidad ecológica, la protección de la biodiversidad y la reducción de las desigualdades. Este contrato debería incluir planes y fondos específicos de transición justa para los territorios y los trabajadores afectados por el cierre de actividades intensivas en carbono.
Finalmente, Greenpeace insiste en priorizar el reciclaje de minerales de alta eficiencia frente a la extracción primaria, establecer zonas de exclusión para la minería en áreas ambientalmente sensibles y minimizar el uso de hidrógeno renovable, combustibles sintéticos y biocombustibles en favor de la electrificación directa, garantizando siempre la sostenibilidad de las materias primas.
El conjunto de medidas y objetivos que plantea el informe dibuja un cambio de modelo ambicioso, que pretende convertir a España y Portugal en referentes de la transición energética en Europa, anticipando en una década el calendario comunitario. Según sus autores, la combinación de suficiencia, eficiencia y renovables permitiría rebajar la factura energética, reducir las emisiones dentro de los límites climáticos, mejorar la salud y reforzar la autonomía frente a crisis geopolíticas, siempre que exista un impulso político decidido y una participación ciudadana activa que mantenga el rumbo.
